La misma fue organizada por la Comisión de Damnificados en el salón de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA). La intención: comenzar a delinear la convocatoria que involucre a todos los sectores de la ciudad en la movilización del 3 de noviembre, cuando se cumplan 23 años de la voladura de la Fábrica Militar Río Tercero.
El anuncio de una marcha por los 23 años de la voladura de la Fábrica Militar Río Tercero, determinada por la Justicia como un “hecho intencional”, había sido realizada recientemente por la Comisión de Damnificados.
En la noche del martes, se realizó una reunión en el salón de ATE, para comenzar a delinear dicha movilización, que se pretende, sea amplia en su convocatoria, involucrando a diferentes sectores.
Los ejes de la movilización, serán, además de recordar aquel hecho, repudiar la reciente absolución del expresidente Carlos Menem en la causa por la venta ilegal de armas; exigir el pago inmediato de las indemnizaciones; además de la reactivación de la Fábrica Militar.
En la reunión, se decidió conformar una comisión que será la responsable de cursar las invitaciones a instituciones para que participen de la marcha, prevista para las 10 de la mañana del sábado 3.
El recuerdo y la causa
El viernes 3 de noviembre de 1995 se produjo la voladura de la Planta de Carga y de los depósitos de expedición y suministros de la Fábrica Militar, ocasionando siete víctimas fatales, produciendo heridas en más de 300 personas, cuantiosos daños materiales, además de generar un impacto emocional en la comunidad.
Desde aquel momento, todos los 3 de noviembre se convierten en una fecha especial, con diferentes actividades y un reclamo constante de Justicia.
Cuando transcurrieron 19 años, el Tribunal Oral Número 2 de Córdoba, determinó en un juicio oral y público, que se había tratado de un hecho intencional, un atentado, para borrar las pruebas del faltante de proyectiles que habían sido vendidos ilegalmente a Croacia y Ecuador, bajo la presidencia de Carlos Menem.
En aquel juicio, fueron condenados por “estrago doloso agravado por la muerte de personas”, cuatro ex militares que cumplían funciones jerárquicas, dos en la planta riotercerense y dos en la Dirección General de Fabricaciones Militares con sede en Buenos Aires.
El expresidente y ahora senador Menem, no estuvo en aquel juicio, ya que se encontraba beneficiado por una falta de mérito dictada por una Cámara de Apelaciones de Córdoba.
En 2018, la misma cámara pero con otra composición de sus integrantes, ante un recurso presentado por la querella penal, procesó a Menem como “autor mediato” por lo sucedido.
Dos causas afines
Si bien la causa por el contrabando de armas, se instruyó en Buenos Aires, con un juicio en donde una de las salas de la Cámara Nacional de Casación Penal, decidió condenar al expresidente a siete años y medio de prisión, y a otros acusados, otra sala, ante una apelación en la Corte Suprema de Justicia, revisó aquella sentencia, dictando el sobreseimiento reciente del exmandatario.
La decisión de los jueces porteños, generó malestar, especialmente en Río Tercero, ya que si bien fueron causas separadas (voladura y contrabando de armamentos), las mismas siempre estuvieron conectadas por lo sucedido en 1995, cuando se produjeron las explosiones en la industria.
Las demandas y una ley
Por la voladura o atentado, se iniciaron miles de demandas en contra del Estado Nacional por daño moral y psicológico, la mayoría patrocinadas por el abogado cordobés Mario Ponce.
Luego de un acuerdo extrajudicial, en las anteriores administraciones, se envió un proyecto de ley al Congreso para que se establecieran diferentes montos de resarcimientos para los demandantes. La condición: que desistieran de la acción judicial, para ser beneficiados con esa norma.
En el año 2015, fue aprobada y promulgada dicha ley por el Ejecutivo, pero no reglamentada, trámite imprescindible para que quienes se acogieran a la misma pudieran percibir las indemnizaciones en bonos del Estado.
Luego de varios pedidos al actual Gobierno y hasta de una polémica por un “borrador de decreto” que dejaba en abstracta a la ley, finalmente la misma fue reglamentada hace algunos meses.
Ahora se aguarda que comiencen a abonarse los montos establecidos en la norma, con las certificaciones expedidas por la Justicia. Para ello la Comisión de Damnificados habilitó una página especial.
El contexto de hace dos décadas
La voladura de la Fábrica Militar Río Tercero, en 1995, fue el viernes 3 de noviembre, reiterándose el episodio con nuevas explosiones, dos semanas después, también un viernes, el 24 de ese mes, cuando estallaron los proyectiles que habían sido recogidos y apilados en el polígono de tiro de la industria.
El contexto de aquel momento en la planta, era de reducción de personal, falta de presupuesto y reclamos gremiales, en un marco de achicamiento del Estado que llevaba adelante el gobierno de entonces.
En 1996, un año después de la voladura, la fábrica, que en sus mejores había tenido a más de dos mil agentes estatales, sufriría otro golpe: eran despedidas 424 personas, bajo el mote de “reconversión laboral”.
Tiempo después, se realizó un fuerte lobby para que parte de la industria fuera adquirida por un privado. La oposición del gremio de ATE, denunciando que aquella operación era un “gran negocio inmobiliario” y por estar un sector de la industria bajo investigación judicial por la voladura, evitaron que aquello sucediera.
Fuente: www.3rionoticias.com.ar