Por Juan Yacobs*
En los años noventa, cuando las leyes de Obediencia Debida y Punto Final blindaban a los responsables del terrorismo de Estado, un grupo de jóvenes creó una herramienta política que marcaría a toda una generación: El escrache. HIJOS no buscaba venganza, sino visibilización. Señalar públicamente a un represor respondía a una idea tan simple como contundente: Cuando la Justicia no actúa, la sociedad tiene derecho a decirlo en voz alta. “Si no hay justicia, hay escrache”, repetían.
Treinta años después, esa pulsión democrática reaparece en un escenario distinto. Ya no se trata de genocidas, sino de conflictos ambientales, obras rechazadas por las comunidades y una sensación extendida de que las instituciones no escuchan. En ese contexto, la causa contra seis defensores ambientales de Punilla funciona como un espejo incómodo sobre la relación entre protesta social, poder político y Justicia penal.
La causa —conocida públicamente como la causa contra seis defensores ambientales de Punilla que se va a ventilar desde el 18 de diciembre en los Tribunales de Cruz del Eje, vinculada al expediente iniciado en 2022— investiga hechos ocurridos durante las protestas contra la Autovía en el Valle de Punilla. Las imputaciones incluyen insultos, expresiones de repudio y señalamientos dirigidos al entonces Intendente de la ciudad de Cosquín, Gabriel Musso, en un espacio de acceso público, en medio de un clima social de fuerte tensión.
Podrá discutirse judicialmente si estos episodios encuadran o no en figuras penales como amenazas, daño o resistencia a la autoridad. Eso lo determinarán los tribunales. Pero lo que el caso evidencia desde ya es una asimetría: La protesta ambiental —una de las formas contemporáneas más extendidas de participación ciudadana— es investigada con un rigor que no siempre reciben los actos de poder que la originan.
Ex Intendente de Cosquín, Gabriel Musso.
En las indagatorias del expediente aparece un patrón repetido. Los defensores ambientales niegan los hechos o cuestionan la calificación legal, y describen un contexto de protesta legítima. Mientras tanto, el aparato institucional responde con imputaciones graves, medidas intrusivas —como la apertura forense de teléfonos celulares— y una investigación que avanza con velocidad cuando los denunciantes son funcionarios públicos. La percepción social —fundada o no— es que el Estado se moviliza más rápidamente para perseguir el enojo ciudadano que para garantizar la transparencia de sus propias decisiones.
Los hechos de Punilla no son un escrache en el sentido histórico que le dio HIJOS. No buscan venganza ni daño físico; no operan en la lógica del escarmiento. Pero sí comparten un mismo origen social: La necesidad de señalar, de hacer visible, de interpelar al poder cuando la vía institucional aparece bloqueada, desbalanceada o tardía.
El escrache, en su sentido histórico, nunca fue violencia: Fue visibilización. Fue un reclamo público cuando la Justicia parecía clausurada. En este nuevo escenario, la sociedad reacciona de un modo parecido cuando percibe que las instituciones no garantizan procesos transparentes, oportunos y proporcionales.
No es casual que el caso se inscriba en el conflicto por la Autovía, un proyecto cuestionado por su impacto ambiental, la ausencia de participación ciudadana y la opacidad en la toma de decisiones. Tampoco es casual que los señalamientos ocurran en espacios cotidianos, en plena luz del día, en el mismo territorio donde las comunidades sienten que sus reclamos no son escuchados.
La democracia no es un ejercicio pasivo. No consiste únicamente en votar, esperar y confiar. También es reclamar, señalar, cuestionar. Cuando las garantías judiciales parecen aplicarse con selectividad —cuando las causas se mueven a distintas velocidades según quién sea el denunciado—, reaparecen prácticas de acción directa que buscan equilibrar simbólicamente una relación de poder percibida como injusta.
No se trata de afirmar que toda acción de protesta sea legítima por definición. Sí de advertir que el uso del Derecho Penal como primera respuesta del Estado ante el conflicto social produce un efecto inmediato: La criminalización del disenso.
Las preguntas que deja la causa de Punilla son más políticas que jurídicas:
¿Qué implica que una discusión pública sobre el impacto ambiental de una obra derive en imputaciones penales?
¿Qué significa que se active la vara punitiva ante expresiones de repudio mientras los reclamos de fondo acumulan años sin respuesta?
Cuando la Justicia se vuelve la primera reacción y no la última, la democracia se resiente. Y cuando la protesta se investiga con mayor severidad que las decisiones gubernamentales que la provocan, la ciudadanía empieza a sentir que la única herramienta a su alcance es la presión pública, la visibilización directa.
HIJOS entendió en los noventa que la democracia se defiende participando, incluso cuando duele. Treinta años después, Punilla muestra que esa intuición sigue viva: Cada vez que la sociedad siente que su voz no es escuchada, reaparece la necesidad de señalar al poder.
El expediente contra los defensores ambientales no es sólo un proceso penal: Es un síntoma. Un espejo de una democracia herida, donde la frontera entre protesta y delito se vuelve un dilema central. Mientras la desconfianza institucional persista, el conflicto entre participación ciudadana y respuesta punitiva seguirá marcando uno de los debates más sensibles de la vida democrática argentina.
*Periodista. Secretario General de la CTA Autónoma Punilla