Omar Príncipe, dirigente chacarero de la organización Bases Federadas y ex presidente de la Federación Agraria, afirma que se debe cambiar el modelo agropecuario y fortalecer políticas para los pequeños productores y la agroecología. Cuestiona la concentración de tierras en pocas manos y, sobre el actual Gobierno, evalúa: “Una gran oportunidad perdida”.
“Tenemos que ir hacia un modelo agropecuario que incluya a agricultores y trabajadores rurales, a cooperativas que generen valor agregado. Tenemos que dejar de producir simplemente commodities y empezar a producir trabajo genuino”, sostiene Omar Príncipe, dirigente del sector chacarero de la pampa húmeda y ex presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA). Príncipe representa a Bases Federadas, un sector disidente de la actual conducción de la FAA (a cargo de Carlos Achetoni) e integra la Mesaa Agroalimentaria Argentina, a la que destaca como “un salto de calidad en el debate sobre la política agropecuaria”. Luego de tres años del gobierno de Frente de Todos, el dirigente considera que, hasta el momento, “hubo una gran oportunidad perdida” para poner en marcha las políticas diseñadas en la aún no reglamentada Ley de Agricultura Familiar y organismos como la Dirección Nacional de Agroecología.
Príncipe, que alcanzó la conducción de una de las organizaciones de la Mesa de Enlace —e integró con críticas—, denuncia que el sector de los pequeños agricultores continúa invisibilizado en la agenda oficial y afirma que el actual modelo agropecuario genera “concentración y dependencia para el país y el poder político”. En ese tono se refirió a la convocatoria que la FAA hizo este martes al costado de la ruta en Villa Constitución (Santa Fe), en la zona núcleo del agronegocio: “Si reclamás junto a la Sociedad Rural por cero retenciones o por el fin del desdoblamiento cambiario, que lo han tenido con el dólar soja, esa no es la agenda que nosotros acompañamos”.
Marca una clara diferencia entre Bases Federadas y la FAA desde la llegada a la presidencia de Achetoni (2019). Asegura que la nueva conducción de la Federación Agraria se alejó de la “lucha histórica” de la entidad. “Nosotros seguimos con la línea de la Federación Agraria que nace en 1912 con la primera huelga agraria del país, El Grito de Alcorta”, reseña Príncipe y recuerda cómo la Ley de Arrendamiento reclamada en 1912, redactada por primera vez en 1921 y modificada luego por la vigente Ley 13.246, funciona como una eje de análisis del modelo agropecuario nacional.
“El neoliberalismo flexibilizó la Ley de Arrendamiento y en la actualidad existe la posibilidad de realizar contratos ‘accidentales’, a un año o seis meses. Esto es parte de un modelo que no es para el que quiere trabajar la tierra sino para la especulación financiera, los fideicomisos y los pooles de siembra que juegan con el precio internacional de los commodities, levantan el precios de los alquileres y desplazan a los productores genuinos, que vivimos en los pueblos”, describe y da cifras: “Así la Argentina llegó a sembrar 21 millones de hectáreas de soja y un solo pool de siembra puede controlar 40 mil hectáreas. De las 150 millones de toneladas de grano que se producen en el país, el 80 por ciento está en manos de 3600 empresas y el otro 20 por ciento lo reúnen 75.000 pequeños y medianos productores”.
“Hay un desplazamiento feroz de los pequeños productores por la concentración de tierras que debería ser denunciado por la Federación Agraria. Cuando la derecha, la Sociedad Rural, las entidades agropecuarias dicen que el Estado no tiene que participar de las decisiones en la producción lo hacen en beneficio de un grupo concentrado”, sentencia Príncipe y contrapone: “Desde Bases Federadas y desde la Mesa Agroalimentaria le decimos al Gobierno que hay que cambiar el modelo agropecuario, porque tal como está instalado no le sirve al país, aunque ingresen dólares. El país es tan dependiente de esos dólares que el gobierno tiene que estar negociando permanentemente con ocho o nueve exportadores para ver si la Argentina puede tener reservas en el Banco Central. Ese es el nivel de concentración y de dependencia en el que queda el país y el poder político con este modelo”.
—Los sectores que forman parte de ese modelo, representados en la Mesa de Enlace y con la convocatoria de la Federación Agraria, se movilizaron este martes en Villa Constitución (Santa Fe). ¿Cómo se encuentran desde Bases Federadas frente a esa convocatoria?
—Hay muchas razones para realizar una protesta: además de la situación estructural del modelo agropecuario está el problema coyuntural que es el de la sequía, una de las más graves de los últimos años, con dos años de arrastre de malas condiciones. Esto afectó especialmente a los pequeños y medianos productores. El Gobierno ha tomado algunas medidas, pero no son suficientes. No están llegando en tiempo y en forma a la mayoría de los pequeños agricultores. Pero la diferencia es para qué protestamos. Si reclamás junto a la Sociedad Rural por cero retenciones, por el fin del desdoblamiento cambiario, que lo han tenido con el dólar soja, esa no es la agenda que nosotros acompañamos. Desde la Mesa Agroalimentaria le planteamos al Gobierno que hay que profundizar las medidas de ayuda concreta y urgentes a los pequeños y medianos productores, campesinos, huerteros y al movimiento cooperativo que es el que está bancando y financiado a los productores en esta situación de sequía.
—Respecto de la emergencia por la sequía. ¿Qué evaluación hace de las medidas recientes que tomó Sergio Massa para la sequía y donde se concretó el pedido de recursos para fondos rotatorios con gestión de las cooperativas que solicitó la Mesa Agroalimentaria?
—Es muy importante que el Ministro de Economía reciba a la Mesa Agroalimentaria y la reconozca como un interlocutor representativo de miles de pequeños agricultores y del movimiento cooperativo. Se lograron avances como el del fondo rotatorio, pero hay que agilizar y profundizar otras medidas porque hay muchos pequeños agricultores y cooperativas que aún no han recibido asistencia. La situación de la sequía va a impactar de forma grave durante 2023 porque se va a notar la falta de ingresos para poder continuar con la producción.
—¿Qué se puede mejorar, por ejemplo, en la medida anunciada de los fondos rotatorios gestionados por las cooperativas?
—Las cooperativas tienen un sistema totalmente transparente con supervisión de la AFIP sobre su producción, asociados, todo blanqueado. Entonces, que el estado nacional articule los fondos rotatorios con las cooperativas es el camino correcto y más corto para que la ayuda llegue a los pequeños agricultores. Tiene que haber una mayor decisión política, porque muchos agricultores están bancarizados, pero no son sujetos de crédito, sin embargo el Banco Nación puede hacerlo tomando a las cooperativas como garantía. Además la financiación debe tener en cuenta la diversificación productiva, no tiene que haber crédito solo para el maíz o la soja. Los pequeños productores mantenemos la diversificación productiva: los granos los transformamos en producción de carne —terneros, cerdos—, producción avícola y eso no está incluido en el sistema de ayuda crediticia. Es distinto financiar una cosecha de grano que financiar la producción de un ternero, que hay que esperar dos años.
—¿Qué evaluación hacés del gobierno del Frente de Todos en materia de políticas agropecuarias?
—Hubo una gran oportunidad que se desperdició en estos tres años y esperamos que en el año que queda se pueda poner en agenda. El gobierno de Mauricio Macri desmanteló mucho de algunas conquistas conseguidas desde 2004, cuando se empezó a hablar de políticas de agricultura familiar. Macri desmanteló la Secretaría de Agricultura Familiar y otras políticas públicas. Cuando llegó el gobierno de Alberto Fernández creíamos que se retomaban las políticas para el sector y se iba a lograr reglamentar la Ley de Agricultura Familiar, pero a tres años no pudimos reglamentarla. Es realmente una situación que no la esperábamos. Una oportunidad perdida de implementar una ley que significa poner en marcha las políticas y los fondos destinados a sostener y promover a cooperativas y productores familiares.
—¿Queda margen político, en un año electoral, para impulsar medidas para la agenda campesina?
—Tenemos un año por delante y esperamos que se pueda recomponer y empezar a hablar de lo que falta para el sector. Siempre pensando en positivo, en que hay oportunidades para mejorar, creo que es un escalón de calidad en cuanto a la discusión política agraria que la Mesa Agroalimentaria está en el debate de las políticas públicas. Un escalón de calidad en la discusión y en el debate hacia un modelo agrario que incluya a miles de agricultores y a miles de argentinos. La discusión que damos es para que el sector agrario incluya desde el trabajo genuino hasta la alimentación de cada argentino. La responsabilidad del gobierno nacional es dar participación a este sector e incorporar esta agenda en este año, incluirlo en el debate electoral para saber si en los próximos cuatro años vamos a seguir con este mismo modelo agropecuario o vamos a cambiarlo.
—Si tuviera que escribir el eje de política territorial, productiva y alimentaria para un programa electoral, ¿cuáles tres leyes o programas no podrían faltar en un próximo gobierno?
—La Mesa Agroalimentaria es un salto de calidad porque podemos plantear problemas, protestas, gestionar y también presentar propuestas en el Congreso, que es donde se tienen que legislar las políticas públicas. Allí presentamos, en septiembre del año pasado, cinco proyectos que centralizan una política pública agraria para los pequeños productores, chacareros, campesinos. Las iniciativas presentadas son Ley de acceso a la tierra, Ley de arrendamientos rurales, Ley de protección y fortalecimiento de los territorios campesinos y la agricultura familiar, Ley de segmentación de las políticas impositivas agrarias, Ley de financiamiento y fomento del cooperativismo y la transición agroecológica.
—¿Qué le diría a la ciudadanía que aún no cree necesarias las políticas de acceso a la tierra y de soberanía alimentaria?
—Lo que planteamos es un sistema en que el perjudicado no sea ni el chacarero ni el huertero ni el consumidor, que paga seis o siete veces más en la góndola de lo que se paga la producción en el campo. Buscamos romper la concentración en las cadenas de valor que no está solo en el sector primario sino en toda la cadena de industrialización y comercialización. Tenemos que dar el debate de qué alimentos producimos, de qué calidad, quién lo produce, cómo lo comercializa e industrializamos y cómo llega al consumidor de la forma más sana, barata y justa. Esto significaría un salto de calidad en la alimentación de la población y dentro de un modelo que es exitoso económicamente, socialmente y culturalmente en otras partes del mundo. En Europa, por ejemplo, existen regiones conocidas por su producción y en las que se sienten orgullosos de ello. Podemos hablar del Paté de Fuá al Champagne en Francia o los jamones y aceites de España. Podemos pensar en una Argentina donde se consuman en la región alimentos de calidad producidos allí y al mejor precio. Cuando comemos una manzana rica y jugosa de Río Negro da placer que sea local y que lo hicieron agricultores, pero no están quedando agricultores en el valle porque le compran dos o tres hectáreas para poner un pozo de fracking. Otro ejemplo es la leche, que se produce en Córdoba o Santa Fe, pero viaja 500 kilómetros a Buenos Aires para que la envase la empresa que comercializa el 80 por ciento de la leche en el país y vuelva a viajar otra vez a todo el país. Esto es lo ilógico del modelo de producción de Argentina y lo que hay que cambiar. ¿Por qué no tener productores locales que abastezcan a sus regiones de carne, de leche o huevos?
—Se habla de la sequía para hablar de pérdidas económicas, pero no de las causas. La crisis climática tiene entre sus causas el actual modelo agropecuario ¿Cómo ven desde Bases Federadas la transición hacia agroecología?
—Es una salida de la que tenemos que observar y aprender. Tenemos años de inundaciones o años de sequías y es producto de la deforestación, de la sojización, del mal manejo que estamos haciendo del uso del suelo y si no nos damos cuenta de esto va a ser cada vez más peligroso. Las organizaciones que representamos agricultores tenemos que plantear nuestra mirada, aunque no sea fácil. En mi caso tengo mi chacra con rodeo ganadero y producción de alfalfa que hago de forma totalmente agroecológica. No es fácil, lleva tiempo y se precisa una asistencia del INTA a escala, específica e integral con financiamiento por parte del Estado. Contamos con técnicos de calidad, como es Eduardo Cerdá, y ahí están otras políticas públicas desaprovechadas por este Gobierno como la Dirección Nacional de Agroecología. La transición agroecológica no es un cambio que se hace de un día para el otro, el mediano y pequeño productor no puede correr el riesgo de no tener ingresos por su predio y no le queda otra que seguir con el modelo actual porque es el que tiene financiamiento. Tiene que haber una política activa del Estado para incorporar nuevos insumos, semillas, fertilizantes, que hoy no están al alcance del pequeño productor.
Fuente: www.agenciatierraviva.com.ar