Tienen que aportar quienes más tienen

Frente a la coyuntura, el no pago de la deuda, las principales empresas, las grandes fortunas y el sistema financiero tienen que ser la fuente de los mayores aportes.

Con el criterio de que “deben aportar más quienes más tienen”, un nuevo informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) de la Unidad Popular hace un análisis exhaustivo de las medidas necesarias para sostener una economía que ya venía en declive y que ahora se ve agravada por la emergencia sanitaria. Entre las principales fuentes de aportes están la suspensión de los pagos de la deuda, las grandes fortunas, las principales empresas y el sistema financiero.

Antes de la “corona-coyuntura”, el panorama de los números de la Argentina era negro. En los últimos cuatro años, lo único que subió fue la pobreza, que alcanzó al 37,9 %, con un 8,4 % de indigencia, en el último trimestre de 2019. En cantidad de población, a fin del año pasado había 17,1 millones de pobres y, entre ellos, 3,8 millones de personas en situación de indigencia.

Sin embargo, en ese mismo período, las ganancias de algunos sectores crecieron de manera exorbitante. Por eso, ante la actual crisis sanitaria, el documento de Tomás Raffo y Claudio Lozano propone poner en el centro del debate la necesidad de establecer criterios redistributivos, con el objetivo de evitar que la crisis favorezca la concentración de riquezas. Se trata de impedir que otra vez ganen “los expertos en socializar pérdidas y privatizar ganancias”.

Los más ricos de la Argentina

Algunos de los más ricos de la Argentina

¿Quiénes son los que más tienen?

El texto comienza analizando quiénes son las 50 familias más ricas de la Argentina según la edición de junio de 2019 de la Revista Forbes, cuyas fortunas, en total, ascienden a U$S 57.260 millones. Quien encabeza ese ránking, de lejos, es Paolo Rocca, el dueño del Grupo Techint, “aquel que más debe aportar y que sin embargo, está haciendo todo lo contrario, despidiendo trabajadores y reduciendo el sueldo al resto”, subraya.

Las 50 familias más ricas

Para dar cuenta de la enorme concentración de la riqueza, aún dentro de los familias más pudientes, se observa que las primeras 10 familias concentran el 57% del total del patrimonio de este selecto grupo. Las siguientes 20 familias explican el 26,7%; y las últimas 20 explican el 16,4%.

Por otro lado, se analizan las ventas de las primeras 200 empresas de mayor facturación en el país. Esta la cúpula económica tuvo, como siempre ha ocurrido en los últimos 44 años, un crecimiento diferencial y por encima del conjunto de la economía. “En efecto, mientas el PBI tuvo un crecimiento nominal en estos tres años del 144,6% (debido principalmente al efecto de la alta inflación que caracterizó el período de gobierno anterior), las ventas de la cúpula crecieron un 205,4%”, explica el informe. “Este crecimiento por encima del promedio de la economía produjo un aumento de la concentración de la cúpula económica. Si al 2015 estas 200 firmas representaban el 34,6% del PBI, al finalizar el 2018 representan el 43,2%”, agrega.

Pero además, hay 9 sectores de actividad que tuvieron un incremento por encima del promedio de ventas de la cúpula: en la cúspide aparecen las empresas del sector “Energía, Gas y Agua”, que son fundamentalmente las empresas de servicios públicos que tuvieron durante la gestión anterior una verdadera política de acumulación espuria por vía de los tarifazos de servicios públicos.

El otro sector relevante es el vinculado con la industria farmacéutica. “A este sector también la hora lo llama a la contribución de los insumos necesarios para hacer frente a la pandemia, sin que ello suponga un encarecimiento de los insumos, más bien todo lo contrario”, apunta el trabajo.Fortunas por tramos

Otro ámbito clave en la actual coyuntura es el de alimentos y bebidas, que en el período bajo análisis también tuvo un incremento de su facturación por encima del promedio, en torno del 245%. Aquí también debe primar el mismo criterio que con el sector farmacéutico.

En total, hay 119 firmas que representan el 59,5% de la totalidad de empresas; y en conjunto facturan por un equivalente al 66,9% de la cúpula. “A nuestro criterio, son los que más crecieron y que por ende, deben aportar más en esta coyuntura”, señala.

El sistema financiero

Según Raffo y Lozano, “antes de que el Estado intervenga vía la emisión/creación primaria de moneda, hay un paso intermedio y fundamental en esta coyuntura. La denominada emisión secundaria, aquella que debe provenir de la propia circulación monetaria que el sistema posee y que hoy se encuentra atrapada al interior del sistema financiero y fundamentalmente en los bancos privados”.

Esto representa una posibilidad de “fondeo barato para el Banco Central, que aporte a su política de créditos blandos para las unidades económicas más necesitadas, en función de sostener los niveles de empleo vigentes (objetivo central inmediato en la coyuntura)”. Este aporte estaría “a cargo de las entidades financieras y fundamentalmente los bancos privados, que en los últimos años no han hecho otra cosa que acumular beneficios en el marco del estancamiento económico y retroceso social que constituyó el gobierno anterior”, afirman. Es que, en ese período, los bancos privados tuvieron una rentabilidad que superó en un 83% el ritmo inflacionario.

Medidas en la emergencia

Entre las conclusiones del profundo informe, los autores afirman que “todos los sectores deben aceptar la caída de sus ingresos y priorizar la protección del derecho a la alimentación y la sanidad de los ciudadanos”. Y en ese marco, enumeran una serie de medidas concretas que deben implementarse desde el Estado:

  1. La inmediata suspensión de los pagos de la deuda pública en divisas (de hecho ya se hizo un pago por 250 millones de dólares este martes, lo que en medio de la pandemia resulta, por lo menos, contradictorio).
  2. La puesta en marcha de un sistema de Renta Universal equivalente en un primer momento al valor de la canasta alimentaria y luego al valor de la canasta de pobreza. El objetivo es llegar al extenso universo de la informalidad y el cuentapropismo que involucra aproximadamente a 10 millones de trabajadores de la Argentina.
  3. Prohibir los despidos
  4. Controlar estrictamente a los formadores de precios
  5. Organizar la producción de la canasta básica en base a un plan que incorpore a la economía popular, la agricultura familiar, las PyMES y las cooperativas
  6. Inyectar liquidez para financiar el sostenimiento de las PyMES, garantizando el pago de la nomina salarial. No dudar frente a las resistencias que exhibe la banca privada para acatar las disposiciones de financiamiento que promueve el BCRA, en centralizar los depósitos y transformar a los bancos en agentes que actúan por cuenta y orden del Banco Central.
  7. Promover al aporte de los sectores de mayor poderío económico en línea con lo expuesto en los párrafos anteriores.

Replanteo sistémico

Además de estas medidas urgentes, el documento plantea también que “en el mediano plazo, habrá que avanzar en un nuevo acuerdo que haga sostenible la reproducción social con condiciones de vida digna; puesto que son el mejor remedio frente a las crisis (económicas, sanitarias, financieras, políticas)”.

De hecho, muchas de las medidas que ya está tomando el gobierno por la emergencia deberían pensarse como permanentes en función de las necesidades de la sociedad. Como ejemplo, basta con ver que más de 12 millones de personas se inscribieron para percibir el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Esto significa que no se está garantizando un ingreso mínimo universal para la población que pueda permitir un piso de condiciones de vida dignas.

En este marco, parte de ese replanteo incluiría:

• Un piso de ingresos universal.

• Una estructura tributaria progresiva y la generación de un nuevo esquema impositivo.

• Restricciones a la fuga de capitales.

• Límites al endeudamiento externo.

• Fomento de la inversión productiva.

• Desconcentración de la producción (según distribución geográfica, de sectores y tipo de empresas).

• Un sistema de servicios públicos con fuerte regulación estatal nacional.

• La sustracción al mercado de la alimentación, la vivienda, la salud y la educación.

Fuente: www.ctasantafe.org