Un informe asegura que el salario estatal perdió en cinco años casi un 40% de su poder adquisitivo

Lo aseguraron los datos difundidos por trabajadores de ATE en el INDEC. Entre noviembre del 20915 a septiembre de este año, los ingresos públicos promedio perdieron 37,2 por ciento de su valor, lo que equivale a más de 500 mil pesos. Además, remarcaron que para acceder a una canasta básica de alimentos y servicios, el salario debe superar los 73 mil pesos. Alertan sobre el impacto que la situación tiene en los sectores asalariados y más vulnerables de la sociedad.

Por Diego Lanese 

Desde hace un tiempo, los trabajadores del INDEC elaboran informes alternativos con datos oficiales, para conocer cómo evolucionan distintos indicadores de la economía. Uno de ellos mide la pérdida del poder adquisitivo de los salarios en el sector estatal nacional, a través de la comparación con la inflación. Este mes, el dato es especialmente importante, ya que se firmó la paritaria del sector, cerrada por UPCN con una suba del 7 por ciento hasta fin de año, algo que ATE rechazó.

En su trabajo, los empleados del organismo de estadísticas y censos confirman que el acuerdo profundiza el retroceso de los ingresos de los empleados de la administración pública, que desde noviembre del 2015 a la fecha perdieron casi un 40 por ciento de su poder de compra.

Además, el informe de los trabajadores establece una canasta básica de alimentos y servicios, a la cual debe acceder un asalariado si no quieren están por debajo de la línea de pobreza. Esta canasta, destacaron, se ubicó por encima de los 73 mil pesos. Por esto, desde la Junta Interna del INDEC piden que se reabra la paritaria antes de fin de año.

El informe de ATE-INDEC fue difundido el fin de semana, y establece cómo la paritaria reciente profundiza la pérdida del poder adquisitivo de los empleados públicos. En este sentido, el trabajo recalcó que desde noviembre del 2015 a octubre del 2020, los ingresos de un salario promedio en el Estado (categoría D0) perdió más del 37 por ciento de su poder de compra.

“Luego de conocido el resultado de la muy postergada reunión paritaria en la que el Estado empleador ofreció un magro e insuficiente 7 por ciento, rechazado categóricamente por nuestro gremio, volvemos a plantear con esta actualización la necesidad de que el gobierno nacional antes de diciembre vuelva a convocar a los representantes de los trabajadores para discutir una pauta salarial que cierre la pauta salarial 2019/2020 y reconozca la deuda que el Estado mantiene con los trabajadores y planteé un aumento sin distinción de relación contractual acorde a la estimación que hacen los analistas para la inflación acumulada a diciembre de este año, que rondaría el 37 por ciento”, analizó el informe de ATE-INDEC, al que tuvo acceso Gestión Sindical. En concreto, los trabajadores del organismo remarcaron que la pérdida del poder adquisitivo “respecto a noviembre de 2015 del salario comparado con septiembre de 2020 es del 37,2 por ciento”.

“La actualización del informe de pérdida salarial es a septiembre de este año, para los trabajadores de la administración pública. Nuestros datos arrojan una pérdida desde noviembre del 2015 a la fecha de un 37,23 por ciento”, ratificó Raúl Llaneza, delegado de la Junta Interna de ATE-INDEC. En diálogo con Gestión Sindical, el dirigente remarcó que en este tiempo de pandemia “se han profundizado las desigualdades, la carestía en la canasta de consumo de los sectores populares, la pérdida de puestos de trabajo y la abrupta caída en la pobreza de decenas de miles de hogares”. El trabajo destacó en este sentido que los números empeorarán luego de la suba de combustibles, que impacta en todos los indicadores medidos. Según el trabajo, la inflación acumulada del periodo que va de noviembre del 2015 a septiembre de 2020 es del 402,0 por ciento, y la inflación acumulada interanual es del 36,6 por ciento, lo que genera “un coctel peligroso para los trabajadores, jubilados y sectores vulnerados”.

Además, otro dato saliente del informe de ATE-INDEC apunta a la canasta básica de alimentos y servicios a los que debe acceder una familia de trabajadores. “Nuestros datos arrojan que el salario como mínimo debería ser, para septiembre del 2020, debería ser de 73.500 pesos, para poder acceder a estos bienes y servicios”, remarcó Llaneza al respecto. El dato surge de un cálculo realizado al margen de las líneas de pobreza e indigencia que mide el INDEC. “A este valor llegamos en base al uso datos oficiales publicados por el INDEC, un hogar constituido por una pareja de 35 años con dos hijos en edad escolar necesitó, en septiembre de 2020, de 73.470,10 pesos para satisfacer sus necesidades. Este valor se compone de 24.550,60 pesos necesarios para adquirir una canasta alimentaria
mínima y de 48.919,50 pesos para acceder a otros bienes y servicios básicos”, remarcó el informe.

Además de la cuestión salarial, en el INDEC se suman problemas con el personal contratado, por lo general monotributistas. “Al problema que plantea la pérdida salarial se suma el conflicto contractual. La situación de los trabajadores monotributistas es inclusive peor que la de los que están dentro del convenio colectivo ya que, a la pérdida del poder adquisitivo general, se le debe sumar la no percepción de medios aguinaldos, presentismo y las exiguas sumas fijas que el gobierno otorga como paliativo”, afirmó la Junta Interna del organismo. Como ejemplo, explicaron que “un salario mensual de 28 mil pesos sólo en los últimos 31 meses, ha perdido la suma de 246.245 pesos, el equivalente a casi nueve sueldos”.

“A toda esta situación se suma un atraso respecto a la ya paupérrima paritaria de los trabajadores conveniados, ya que los monotributistas están un 16 por ciento debajo de los aumentos que recibieron los trabajadores en convenio”, agregó el trabajo. Ante esto, los delegados gremiales pidieron que “el Estado empleador reconozca la pérdida salarial que venimos sufriendo los trabajadores del sector”, y exigieron “pago de la deuda de la pauta salarial 2019/2020”; volver a discutir la pauta salarial del corriente año; salarios con piso de 73.470 pesos; regularización del empleo fraudulento y pase a planta permanente”.

Fuente: www.gestionsindical.com.ar