Por Hernán Vaca Narvaja
Fotografía: Nayla Zaquia Dib
El próximo 7 de junio, Día del Periodista, se cumplirá un año del pedido de elevación a juicio de la denominada “causa Gutiérrez”, el expediente que contiene los delitos de lesa humanidad cometidos en la jurisdicción de Río Cuarto durante los años del terrorismo de Estado y que duerme desde entonces en algún escritorio del Tribunal Oral Federal N° 1 de Córdoba (TOF1). Con la expectativa de que el tribunal fije de una vez la fecha de inicio al esperado juicio oral y público -que tiene 42 imputados y 74 víctimas- disertaron el 31 de marzo en la Municipalidad de Río Cuarto el abogado querellante Daniel Olartecoechea y el ex juez Oscar Testa, Secretario de Derechos Humanos de la CTA Autónoma Regional Río Cuarto.
Testa explicó que, por el paso del tiempo, varios de los imputados ya fallecieron -el caso más emblemático es el del tristemente célebre Miguel Ángel “El Gato” Gómez, el torturador riocuartense condenado en otros juicios de lesa humanidad- y muchos testigos tienen problemas de movilidad y declararían de forma virtual.
El magistrado, de vasta experiencia en los tribunales de Río Cuarto, salió al cruce de quienes pretenden volver a la teoría de los dos demonios -que equipara el accionar de la guerrilla con el terrorismo de Estado- y poner en duda la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad.
Sobre el primer punto, recordó que la violencia política comenzó en la dictadura de Alejandro Lanusse y se agudizó tras la asunción y muerte del presidente Juan Domingo Perón, que dio lugar a los decretos de aniquilamiento de la subversión primero en Tucumán y luego en todo el país. Recordó que a partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas tomaron el control operativo del país y lo dividieron en zonas para organizar la represión ilegal, que tuvo más de 800 centros clandestinos de detención.
En Río Cuarto, el eje de la represión se concentró en el Batallón de Arsenales de Holmberg y tuvo como epicentro de detención y tortura la sede de la jefatura de Policía de la Provincia (hoy UR N° 9). “Había un solo demonio: la estructura represiva del Estado terrorista, que con su accionar delictivo atentó contra vida, la libertad, la sexualidad y los bienes de las personas”, señaló Testa.
Sobre la imprescriptibilidad de la causa, el ex juez remitió al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que por mayoría determinó que los delitos cometidos durante la última dictadura cívico militar encuadran como delitos de lesa humanidad y al antecedente del primer juicio realizado en Córdoba: la causa Brandalisis.
Será justicia
Daniel Olartecoechea recordó el recorrido procesal de la “causa Gutiérrez” -ahora renombrada “Di Santo, Daniel y otros…” por fallecimiento de quien fuera el jefe del Batallón de Holmberg, Hermes Gutiérrez- y rindió homenaje a la ex fiscal Graciela López de Filoñuk por haberse puesto al hombro el “trabajo de hormiga” de buscar y unificar las múltiples causas dispersas que tenían epicentro en Río Cuarto.
El abogado querellante en representación de la Comisión Municipal de la Memoria de Río Cuarto recordó que el primer requerimiento fiscal se hizo en 2015, hubo un segundo requerimiento en 2019 y recién en el tercero -de junio del año pasado- se incorporaron a instancias de la querella los casos más emblemáticos de la ciudad: los asesinatos de Ernesto Silber y Gladys Comba y la desaparición de Gabriel Braunstein.
Además, relató que gracias a un trabajo conjunto con la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) se abrieron los archivos del campus y se revisaron los legajos de esa época, obteniendo datos valiosos que engrosaron la prueba documental de la causa. Uno de los testimonios más relevantes fue el de Estela Pereyra, que en aquellos años trabajaba con Raúl Antonio Ponce, un militar retirado designado director de Despacho de la UNRC que tuvo un rol clave en la represión.
“El testimonio de la colaboradora de Ponce refiere que se reunía en su despacho de la universidad con los jefes de Aeronáutica, Holmberg y la Policía Federal, salía de la reunión, pedía algunos legajos, volvía y a los pocos días las personas a las que correspondían esos legajos sufrían las consecuencias de la represión”, consignó Olartecoechea. “La represión piloteaba alrededor de Ponce”, insistió.
El letrado contó que pidió su procesamiento a la Justicia, pero el ex delator presentó un certificado médico por “incapacidad manifiesta” y una vez realizadas las pericias psiquiátricas se constató que no está en condiciones de afrontar el juicio. La impunidad biológica -en este caso, médica- salvó a Ponce de una posible condena judicial.
El querellante contó que en el caso de Silber, su compañera de entonces, que también fue detenida, luego liberada y siguió trabajando en la UNRC, relató por primera vez en sede judicial lo que vivió aquellos días y fue incorporada como víctima porque también estuvo presa; lo mismo sucedió con la hija de Gladys Comba, que era una niña cuando la patota policial secuestro, asesinó y quemó el cuerpo de su madre, que nunca cesó en la búsqueda de su hijo Sergio Comba, desaparecido por el terrorismo de Estado.
Sobre Braunstein, Olartecoechea explicó que la investigación de su secuestro y desaparición se hizo en un juzgado de Córdoba y con la unificación de las causas se incorporó el testimonio de su compañera de entonces, a quien también se incluyó como víctima, ya que padeció un año de encarcelamiento.
La exposición fue coordinada por el subsecretario de Educación y Derechos Humanos de la Municipalidad, Adrián Gutiérrez, y se inscribe en el marco de las actividades programadas por la Semana de la Memoria, a 50 años del golpe cívico militar del 24 de marzo de 1976.
Entre los asistentes estuvieron la secretaria de Desarrollo Humano del municipio, Georgina Loser, el subsecretario de Desarrollo Social, Gregorio Oberti, la vicerrectora de la UNRC, Nora Bianconi, el decano y la vicedecana de Ciencias Humanas, Cristian Santos y Silvina Barroso, los concejales Guillermo Natali y Leonardo Carpintero y el Defensor del Pueblo adjunto, Jeremías Biglia, además de público en general y un nutrido grupo de estudiantes de periodismo de la UNRC.
Imputados que salen a la luz
El periodista Guillermo Geremía, conductor del programa “Así son las cosas” que se emite todas las mañanas por el dial 102,9 de FM Gospel, constató que entre los imputados de la causa Gutiérrez que irán a juicio está el tristemente célebre Miguel Angel Salinas, condenado a prisión perpetua por su participación en la masacre del Banco Popular Financiero, perpetrada en los primeros años de la restauración democrática. Según consta en la requisitoria fiscal, Salinas habría sido parte de la patota policial que torturó y secuestró a algunas de las víctimas que están incluidas en la causa Gutiérrez. Llamativamente -o no tanto-, su prontuario de represor no trascendió ni siquiera cuando estuvo en el centro de la escena tras su participación en el asesinato a sangre fría de los trabajadores bancarios de Río Cuarto.
Salinas no fue el único que logró ocultar su pasado represivo: el ahora “insano” Raúl Antonio Ponce, virtual cerebro de la represión policial en Río Cuarto, logró escabullirse en el ostracismo durante años hasta jubilarse como trabajador no docente en la UNRC. Su nombre salió del anonimato cuando Geremía entrevistó en su programa de radio a Estela Pereyra, que trabajaba con él en aquellos años y recordó desde su actual morada en Buenos Aires su decisiva participación en la delación y señalamiento de docentes, estudiantes y no docentes de la UNRC, donde el militar retirado fue enviado por sus jefes del Área Material de Las Higueras.
Fuente: www.revistaelsur.com.ar