Difundimos el Informe elaborado por Gustavo Lahoud y Claudio Lozano, del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas.
En los últimos meses, el gobierno nacional ha puesto en consideración un nuevo esquema de incentivos a la producción de gas natural en Argentina. Para los autores, “estimamos que estamos ante una oportunidad estratégica para definir un nuevo enfoque de carácter sistémico oferta-demanda, que no se traduzca en una reedición de los subsidios a la oferta en dólares que, entre 2013 y 2019, han significado una transferencia de 6.000 millones de dólares al selecto grupo de productores de nuestro país.
En este documento, a partir de las consideraciones que se debaten entre los actores del sector gasífero, proponemos una mirada que gire en torno al objetivo de asegurar el autoabastecimiento esencial y estratégico para la población argentina a precios justos y razonables sobre la base de la consideración de costos de explotación y un esquema de rentabilidad operativa razonable, junto con la estructuración de un proyecto que se oriente a esquemas de integración regional que funcionen en base a criterios de complementariedad y reciprocidad.
La política gasífera
Los primeros días de agosto 2020, el Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, ha dado a conocer los primeros avances de una nueva estrategia para la promoción de la producción de gas natural en la Argentina, conocida como Plan Incentivo Gas 2020-2024.
Si bien los detalles y especificaciones reglamentarias todavía no están definidas, se han conocido orientaciones generales de la política gasífera que se va a encarar en los próximos años. El contexto reinante en plena pandemia, con caída productiva y de consumo de los principales energéticos que nuestro país produce, está condicionado por la
declaración de emergencia energética vigente desde fines de 2019, a través de la ley 27.541, que, por supuesto, ha establecido la emergencia en una multiplicidad de áreas de las políticas públicas nacionales.
En ese marco, como ya hemos señalado meses atrás, el gobierno nacional adoptó algunas políticas iniciales vinculadas a la suspensión de cualquier nuevo ajuste tarifario en energía eléctrica, gas natural, agua potable y otros servicios por 180 días, al tiempo que adoptó medidas coyunturales destinadas a distintos objetivos. En
relación a los ajustes suspendidos, muy probablemente sigan en esta situación hasta el término del año.
Ahora, veamos algunos de esos objetivos.
Por un lado, se decretó la intervención de los respectivos Entes Reguladores de gas y electricidad, mientras se retrotrajo una de las últimas decisiones del gobierno de Cambiemos, referida a la transferencia de la jurisdicción nacional sobre la regulación del servicio público de distribución eléctrica brindado por Edenor y Edesur, a las jurisdicciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires. Sobre estos aspectos, no se ha avanzado en medidas concretas aún, aunque sí se han conocido decisiones de ambos interventores de los entes
reguladores orientadas tanto a la revisión de los inéditos e irracionales ajustes tarifarios encarados por Cambiemos entre 2016 y 2019 como a la resolución de miles y miles de casos de reclamos de usuarios por las condiciones del servicio en el sector eléctrico.
A su vez, en lo que respecta al gas natural, la brutal devaluación desatada desde abril de 2018 generó una disparada de los precios mayoristas dolarizados del gas, lo cual impactó en los contratos de abastecimiento pactados por las distribuidoras, que debieron afrontar hacia fines de 2018, una “deuda” de más de 20.000 millones de pesos con los productores de gas, acumulada a partir de la devaluación. Luego que se pretendiera sostener esa irracional transferencia adosándole la carga a los consumidores, el escándalo provocado hizo que el macrismo tomara la decisión de dictar el Decreto 1053 por el que el Estado se comprometió a “saldar” esa deuda a través del pago de 12 cuotas fijas a los productores de gas, que comenzaron a liquidarse desde diciembre de 2019, días antes de la salida de la administración de Cambiemos.
Fuente: www.ipypp.com.ar