OPINIÓN
Por Nano Nusbaum
Es la expresión de un sector de la ciudadanía, pero fundamentalmente refleja la intención de distintos dirigentes políticos que buscan permanentemente deslegitimar el Derecho a Huelga y rechazan la protesta social como forma de reclamo de los sectores más postergados por este modelo económico que cada día genera más pobreza, exclusión y endeudamiento.
A pesar de que la huelga es un derecho con rango constitucional (Art. 14 bis), representantes del Gobierno Nacional y distintos actores políticos han refutado la validez de la protesta y objetan la huelga como método. Consideran que es una medida perimida y atrasada, argumentando que perjudican al resto de la sociedad que quiere continuar con sus “actividades normales”, negando la responsabilidad del Estado en generar un auténtico diálogo para arribar a acuerdos y construir consensos.
El rechazo de actores políticos a concebir la huelga como un derecho de los trabajadores no solamente queda en el plano del debate, sino que muchas veces se explicita a través de acciones de gobierno, mediante el descuento de haberes a los trabajadores que adhieren a las medidas de fuerza. El propio Estado viola la normativa cuando debería ser el primero en brindar garantías de su vigencia. Dicha actitud constituye una provocación social y es una clara muestra de violencia institucional. Se autoproclaman los “defensores de la democracia”, pero son los primeros en no cumplir las leyes.
Con la complicidad de medios de comunicación y periodistas silenciados detrás de la pauta oficial o de favores económicos, buscan fragmentar el campo popular e ir diezmando la participación de los trabajadores en las protestas sociales. Resulta más simple minimizar y deslegitimar los reclamos que hacer frente a las dificultades. Cuando se puede, se reprime. Y cuando la resistencia social es más fuerte, proyectan un discurso que incentiva a la disciplina social cuerpo a cuerpo, es decir, enfrentando a los propios trabajadores entre sí.
El propio Estado viola la normativa cuando debería ser el primero en brindar garantías de su vigencia. Dicha actitud constituye una provocación social.
En ese momento del conflicto es cuando se escucha el grito: “¡Vayan a laburar!”. Los trabajadores, víctimas de un derecho vulnerado, pasan a ser victimarios de otras víctimas supuestamente más inocente y perjudicadas que ellos, aquellas personas que van a trabajar, los niños que se quedan sin clases, los transeúntes que no se pueden movilizar, etc.
En este punto, los medios de comunicación más oficialistas asumen la representación de la parte de la sociedad que no participa de esas protestas y del gobierno, que tiene una actitud decididamente represiva frente a las protestas. El “¡Vayan a laburar!” se replica como la una única interpretación y reacción frente a un conflicto, sin siquiera indagar en el por qué se llegó a esta situación.
Esta versión caricaturesca de los reclamos omite y esconde la responsabilidad del Estado. En cualquier huelga o movilización contra las políticas del Gobierno Nacional, el Estado participa activamente como acción de demanda, pero lamentablemente la mayoría de las veces, en vez de facilitar y promover instancias de escucha por los canales institucionales, privilegia la práctica de la indiferencia, el “ninguneo”, o en el mejor de los casos, solamente habilita espacios meramente formales que no implican diálogos genuinos. Para ponerle nombre propio y dar un ejemplo: Podríamos pedirle a Elisa Carrió que cobre como un docente y asista aunque sea, a la mayoría de las sesiones. No sería mucho, ¿no?
Desde el Gobierno Nacional señalan que el paro y la protesta son herramientas extorsivas empleadas por los trabajadores para fines “políticos”. Con esa excusa, promueve la incomprensión y provoca enfrentamientos sociales para luego instalar la vía represiva como solución razonable. “Divide y reinarás”.
La movilización y ocupación del espacio público constituye uno de los modos en que, en nuestras democracias actuales, los sectores más desprotegidos y golpeados por la situación económica, instan a los gobernantes a sentarse a conversar para abordar las demandas, escuchar respuestas y alcanzar acuerdos.
En cualquier demanda “al poder le alcanza con un llamado telefónico” para tener algún tipo de respuesta, indicó la antropóloga brasilera Lygia Sigaud; los empresarios recurren al lobby o al soborno -sobran los casos en Argentina, el propio Macri sabe de qué hablamos-, mientras que al otro extremo de la pirámide social los trabajadores deben poner el cuerpo y ganar la calle para, al menos, interpelar al Estado.
Fuente: www.retruco.com.ar