Martín Becerra, docente universitario, investigador del Conicet y especialista en medios de comunicación e industrias culturales, analizó con “Insurgentes” por Radio Sur 88.3 la situación que atraviesa la Defensoría del Público, el recorte a los FOMECA y otras políticas que adopta el gobierno en materia de comunicación.
– El 26 de noviembre se cumplió el plazo que el Congreso había establecido para designar al titular de la Defensoría del Público, ¿cuál es la situación actual?
– La situación es que le han prorrogado el plazo a un interventor, que designaron hace 60 días justamente con la misión de que se normalizara la situación y se organizara el procedimiento público de selección de un nuevo titular. Sin que se haya hecho nada, no hubo ninguna reunión de la comisión, ningún movimiento para regularizar la situación de este organismo. Entonces el presidente de la Comisión, el senador nacional Eduardo Costa, le prorrogó por otros 90 días el mandato al interventor, que es una persona carente de los conocimientos más elementales sobre las audiencias, la situación de los medios, sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), es una persona que básicamente lo único que plantea en su currículum es que ha sido asesor de Costa, justamente el senador que lo designó.
O sea, no tiene el requisito constitucional de idoneidad para cumplir esa función, y lo que es más preocupante es que se trata de un organismo central para la tutela de los derechos de los públicos de radio y televisión que sigue acéfalo. Esto es algo que también podemos vincular con la falta de regularización y normalización de la Defensoría del Pueblo de la Nación, de la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. No es una vacancia casual del Poder Legislativo, sino que desafortunadamente lo que estamos viendo es que se trata de una política en el conjunto de estos órganos, que sobre todo son fundamentales para las poblaciones más vulnerables.
– ¿Qué implicancias tiene que la Defensoría del Público esté acéfala?
– Se trata de dejar en una situación de vulnerabilidad, mayor aún, a las audiencias, al público, a la sociedad civil, a la ciudadanía en su conjunto. Si bien la Defensoría sigue funcionando, esto es importante aclararlo, si un oyente entiende que hay una situación de afectación de sus derechos en la programación de cualquier medio audiovisual, puede continuar realizando sus reclamos.
Pero la Defensoría sigue en un estado de funcionamiento administrativo de bajo perfil ya que no puede tomar iniciativas porque, justamente al estar acéfalo, todo el poder, toda esta potestad que tiene este señor Alonso, que es el interventor, se remite a darle una continuidad al organismo. De hecho, se han interrumpido una buena cantidad de actividades de capacitación que la Defensoría viene realizando desde 2012, cuando fue creada.
– En cuanto al Fondo de Fomento Concursable de Comunicación Audiovisual (FOMECA) que le ha sido reducido en un 66% el presupuesto por el Gobierno Nacional para redistribuirlo en otros intereses, ¿cómo ves el panorama mediático en el gobierno de Cambiemos?
– Veo una gigantesca concentración inédita en la historia de la región latinoamericana, no solamente en Argentina con la fusión de Cablevisión y Telecom protagonizada por los accionistas del Grupo Clarín. Esto es de modo manifiesto una decisión política que tomó el gobierno nacional al haber dinamitado parte de la LSCA que impedía los niveles de concentración que hoy estamos viendo, eso lo han hecho por decreto.
Y también hay un escenario de precarización económica creciente de todo el sector de medios de comunicación, algo que ciertamente no solo tiene que ver con decisiones del gobierno de Macri, sino que se expresa como parte de un cambio de paradigma en el mundo entero. Pero frente a este cambio de paradigma expresado por la digitalización, algunos países adoptan medidas para atenuar el impacto negativo que esto tiene sobre la economía del sector mientras que otros, como es el caso de Cambiemos, acelera la concentración en manos de unos pocos recortando la capacidad de acción del resto.
Lo cual tiene implicancias dobles: por un lado, en el pluralismo y en la diversidad de contenidos, voces y puntos de vista y, por el otro lado, en la competencia económica, es decir, en la distorsión de ese mercado de empresas y actividades tanto con lucro como sin fines de lucro. Efectivamente en ese cuadro más genérico, yo inscribo la subejecución de los fondos previstos en la ley para los medios sin fines de lucro, en particular para los medios comunitarios. Me parece que claramente hay suficiente material para apelar ante la justicia porque son fondos que la ley señala con una finalidad específica y el gobierno está usándolos para otras finalidades.
En este cuadro también se enmarca la acefalía de la Defensoría e incluso el carácter, diría que más arbitrario de la concentración que el gobierno autoriza, que ha sido motivo de queja no solo de medios comunitarios o cooperativos, ha sido motivo de queja de Telefónica y de Claro. O sea, de los grandes operadores de telecomunicaciones en el país.
Fuente: www.notaperiodismopopular.com.ar