La impugnación de los traslados se basa en la preservación de los derechos de las trabajadoras y de la comunidad a conservar una prestación del Estado de un servicio fundamental durante la pandemia. Se trata de un sector de la ciudad castigado por las cloacas a cielo abierto, que tiene también necesidades de atención por violencia de género y adicciones. El Ministerio de Salud cerró el servicio por seis meses y luego trasladó a las profesionales por reclamar su reapertura.
El equipo jurídico de ATE Córdoba realizó este miércoles una presentación en la Justicia Contencioso Administrativa, impugnando los traslados de las trabajadoras del Equipo de Atención Comunitaria (EAC) de Villa Libertador.
Se trata de parte del personal destinado al servicio de salud mental comunitaria que se desempeña en la sede de la calle Tilcara, clausurada a principios de abril por el Ministerio de Salud aduciendo problemas edilicios.
ATE llevó adelante una serie de acciones gremiales a los fines de restituir el servicio, rechazando a su vez el traslado de las trabajadoras por tratarse de persecución sindical y política de parte de funcionarios de la cartera sanitaria y exigiendo tanto la restitución de la atención como la reinstalación de las compañeras.
Logrado el primer paso, queda pendiente el segundo, como dijo hace 10 días el Secretario General de ATE Córdoba, Federico Giuliani, durante la radio abierta realizada en la plaza central de Villa Libertador, donde ATE convocó a los vecinos a apoyar la lucha en defensa de las trabajadoras: “Este barrio tiene historia que no empieza cuando venimos y se termina cuando nos vamos. Es un recorrido, una película. Vamos a seguir en la pelea, sin prisa pero sin pausa, definimos un plan de lucha que se construye ladrillo por ladrillo. La semana pasada el gobierno de Schiaretti festejaba la reapertura del local. Pero se equivocan, esa sede se abrió por la presión de los vecinos, por la pelea de ATE y la CTA y por la lucha inquebrantable de las compañeras que fueron trasladadas”, señaló.
Pata judicial
Ahora, al plan de lucha gremial y su extensión a la comunidad se suma la denuncia judicial. La abogada de ATE, María Terragno, explicó que se trata de “una demanda contencioso administrativa, impugnando dos resoluciones que disponen el traslado de las compañeras psicólogas y enfermeras que se desempeñaban en el Equipos de 
Atención Comunitaria de Villa Libertador. Ellas vienen trabajando desde hace más de 20 años, conformando un equipo de salud mental que construyó redes y diversas articulaciones con vecinos y vecinas”.
Y apuntó como fundamento que “los traslados persiguen la desarticulación del trabajo de redes, el Estado como empleador tiene la facultad de modificar condiciones de trabajo, llamado ‘ius variandi’. Pero esa facultad no debe ser arbitraria ni abusiva, sino razonable. Esto no se encuentra en el caso: en plena pandemia este centro de atención ubicado en el corazón de Villa Libertador fue cerrado, aduciendo que se iban a realizar refacciones edilicias que nunca sucedieron, las compañeras fueron trasladadas sucesivamente de un lugar a otro porque no tenían dónde trabajar y, finalmente, el centro comunitario fue reabierto pero sin las trabajadoras”.
La letrada denunció que “la reapertura demuestra el carácter persecutorio, discriminatorio y falto de razón de las resoluciones ministeriales porque dejaron a las trabajadoras afuera, atento a que se trata de personal con larga experiencia y capacitación para atender las demandas sanitarias del sector. Los traslados constituyen actos ilegales, arbitrarios e irracionales y eso fue lo que impugnamos”.
Por otro lado, Terragno explicó que “además esta acción de nulidad, pedimos una medida cautelar porque entendemos que están siendo vulnerados los derechos de las trabajadoras y de los vecinos y vecinas como beneficiarios del servicios. Hablamos tratamientos terapéuticos que no es conveniente cambiar de profesional, sobre todo ante patologías graves generadas por situaciones como violencia de género, adicciones, etcétera”.
Y cerró cuestionando al gobierno provincial porque “esta población vulnerable se queda sin un servicio de salud mental en el marco de un cuadro de aislamiento, de pandemia, que agranda sin duda los padecimientos psicológicos”.
Fuente: www.atecordoba.org