OPINIÓN
Por Juan Carlos Giuliani*
Mientras la crisis sanitaria se extiende y profundiza en todo el país de la mano de furibundos recortes presupuestarios, el fantasma de la Cobertura Universal de Salud (CUS) que agita el Gobierno va por la destrucción de la Salud Pública y la clase política se llena la boca con promesas que se cumplen en tiempos oceánicos o directamente nunca se ejecutan, resulta de estricta actualidad volver a las fuentes, “Volver a Carrillo”.
Hoy en día, nadie en su sano juicio pone en duda que resulta impostergable instalar en el seno de la sociedad la discusión de un nuevo modelo sanitario para todo el país. La figura ejemplar del médico sanitarista santiagueño que marcó un antes y un después en las políticas de Estado relacionadas con la Salud y el bienestar de la población, preside con absoluta justicia cualquier iniciativa que proponga impulsar un nuevo Sistema Nacional Integrado de Salud.
La política sanitaria de Carrillo, ministro de Salud de la Argentina durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón, se asentaba en tres principios básicos: Todos los hombres tienen igual derecho a la vida y a la sanidad; no puede haber política sanitaria sin política social; y de nada sirven las conquistas de la técnica médica si ésta no puede llegar al pueblo por medio de dispositivos adecuados.
El nuevo modelo sanitario debe estar sustentado sobre una concepción integral de la Salud, en el marco de un proceso histórico y dinámico, acorde a la realidad política y social de cada momento. Reducir la Salud a un problema netamente médico ha sido el sagaz objetivo del pensamiento hegemónico existente en la Argentina para sostener el redituable negocio de la enfermedad, evitando, entre otras cuestiones, poner sobre el tapete el grave deterioro de la calidad de vida de nuestro pueblo.
La pobreza y la indigencia, el aumento de los niveles de desnutrición que marcan el presente y el futuro de nuestras generaciones, así como el aumento de la mortalidad infantil y materna, dan cuenta de una situación de inequidad que revela cuánto camino queda por recorrer para modificar las condiciones de vida de nuestro pueblo.
Carrillo sostenía que “no hay pueblo sano sin justicia social”. Desde esa concepción resulta imprescindible generar nuevos modelos productivos que pongan freno a la concentración económica en manos de unos pocos y a la depredación de nuestros bienes comunes, e implementar políticas públicas integrales que avancen en una distribución equitativa de la riqueza.
El último intento serio por establecer un Sistema Nacional Integrado de Salud data de 1973. Corrió por cuenta del doctor Domingo Liotta -célebre cardiocirujano que en 1969 realizó el primer trasplante de corazón artificial-, quien fuera Secretario de Salud Pública durante el tercer gobierno de Perón. El Sistema Nacional Integrado de Salud ideado por Liotta proponía integrar el Sector Público de Salud con el de la Seguridad Social.
La propuesta generó numerosas resistencias de la burocracia sindical y de la corporación médica. El proyecto finalmente aprobado en el Congreso Nacional mantuvo muy poco del original. Además, su aplicación efectiva estuvo fuertemente condicionada por la inestabilidad política e institucional que azotaba al país en esos tiempos, previos al reinado del terrorismo de Estado. La dictadura militar de 1976 no titubeó en derogar de inmediato la ley propiciada por Liotta.
Han pasado casi 35 años del retorno de la democracia y la degradación del Sistema de Salud Pública es angustiante. Falta de personal e insumos, magros salarios, precarización laboral, deterioro edilicio y el incumplimiento de la carrera sanitaria, constituyen apenas algunas de las manifestaciones del descalabro sanitario del que las autoridades parecen ser las únicas que no toman nota.
No resulta sencillo hablar de Salud cuando más del 30 por ciento de la población se encuentra en la pobreza y hay un alto número de indigentes privados del derecho primario a la alimentación, a una vivienda adecuada a las necesidades de cada familia, al agua potable, cloacas, a un medio ambiente saludable, imposibilitados de acceder a la educación y a la atención de la salud física, social y emocional.
En la Argentina, a diferencia de otros países del mundo, además del Sistema de Salud Pública y del sustentado en la actividad privada, desde la década del ’60 existe el régimen de las Obras Sociales Sindicales que, a pesar de sus defecciones, de la corrupción de la burocracia que las utiliza como cajas para negocios “non sanctos”, de las políticas del sindicalismo empresarial funcionales al complejo médico privado y de su frecuente malversación cuando se terceriza su administración a través de gerenciadoras manejadas por empresas privadas de salud prepagas, brinda cobertura a una importante franja de la población. Las Obras Sociales Sindicales, el PAMI y las Obras Sociales Provinciales, en conjunto, aportan cobertura a alrededor de 22 millones de personas. Una cifra que da cuenta de la crisis que padece el Sector Público y refleja lo inaccesible que se ha tornado para el común de los mortales la red de atención privada.
Los organismos multilaterales de crédito, imponiendo la estrategia del Seguro de Salud, limitan al Estado a otorgar prestaciones mínimas a “la población carenciada”, preservando para los grupos económicos las áreas rentables -medicamentos, seguros privados, tecnología y alta complejidad en general- que les permiten continuar con su enriquecimiento económico.
“Volver a Carrillo” significa clavar la pica en Flandes para dar la disputa por un nuevo modelo de país, en el que la democracia sea compatible con la restitución de los derechos de ciudadanía de los que hoy se ven privados millones de compatriotas arrojados a la exclusión y al desamparo social.
En este caso el silencio no es Salud.
*Vocal de la Comisión Ejecutiva Regional de la CTA Autónoma Río Cuarto; Congresal Nacional de la CTA por la Provincia de Córdoba