Por Jesús Chirino*
Asistí en el Centro Cultural “Leonardo Favio” a un acto de reconocimiento a trabajadores y trabajadoras municipales que nos jubilamos o que cumplimos 25 años de trabajo registrado en el Municipio de Villa María. El evento que, según lo manifestado desde la locución oficial, se daba en el marco del Día del Empleado Público Municipal, tuvo gran concurrencia de trabajadores y sus familias.
Más allá de las elogiosas palabras del Intendente, Eduardo Acastello, en el salón se representó la realidad de los trabajadores municipales pues allí no estaban quienes han trabajado por decenios como facturantes y nunca se los reconoció como empleados del Municipio y no se van a poder jubilar como municipales pues siempre debieron pagarse sus propios aportes a la ANSES sin que la Caja de Jubilaciones recibiera un solo peso de esos aportes que les correspondería. Una forma de desfinanciar el ente provincial y afectar a los ya jubilados.
En el acto se habló de la importancia del trabajo de los municipales para el crecimiento de la ciudad, pero poco de ese reconocimiento se ve en los sueldos que cobran o en la relación laboral precaria que el Municipio mantiene con la mayoría de ellos. Ni hablar con aquellos que han sido despedidos sin causa y que ningún funcionario debió explicar nada pues son contratados o facturantes y no les reconocen los derechos que sí tienen. En este tiempo que se plantea una Reforma Laboral regresiva, resulta interesante observar que la quita de derechos ya se ha dado en ámbitos de trabajo como el municipal de esta ciudad. Desde hace años se agigantaron los porcentajes de personal precarizado; despidos sin causa; no pago de indemnización; extensión de la jornada laboral y una informalidad que le abrió la puerta a las peores pesadillas que se puedan vivir en un trabajo.
La ciudad creció, es cierto, pero las diferentes administraciones municipales, con la complicidad de algunas entidades gremiales, no han querido sumarle dignidad al empleo municipal. Esto no sólo es un problema para los municipales sino para toda la ciudad, pues es ilógico que no respete la ley quien debe exigir legalidad en los comercios, en el tránsito y en tantas actividades más. Las cosas no van a solucionarse quitando más derechos sino otorgando aquellos que actualmente son negados.
Esperemos que la actual administración se anime y avance, de manera decidida en los pases a planta permanente a todos los empleados precarizados y que los sueldos alcancen los valores necesarios para que trabajar en el municipio no sea sinónimo de cobrar por debajo de la línea de pobreza de un hogar tipo. Cuando se habla de construir una ciudad con mayor seguridad, muchas veces, olvidamos hablar de la seguridad en el ámbito laboral.
Si el mantenimiento del puesto de trabajo depende del capricho del funcionario de turno es claro que estamos en un ámbito inseguro que termina impactando en la salud de los trabajadores y en la calidad de los servicios que se les prestan a la ciudadanía. No hay que ignorar los problemas sino enfrentarlos y mostrar que existe capacidad para solucionarlos.
*Docente. Periodista. Secretario Gremial de la CTA Autónoma Regional Villa María