El Secretario General de ATE y la CTA Autónoma Córdoba, Federico Giuliani, hace 6 meses atrás fue privado de su libertad por el solo hecho de protestar reclamando ayuda alimentaria para los merenderos y comedores comunitarios en la Municipalidad de Córdoba.
Al detenerlo, uno de los jefes policiales del operativo le hizo una maniobra y le fracturó el codo. Terminó en el Hospital Misericordia internado 24 horas esposado ilegalmente a una cama.
Por sus redes sociales, reprodujo parte de un informe que habla de las secuelas que padece para socializar esa experiencia con el colectivo.
“Estar esposado a una cama es una experiencia profundamente deshumanizante que impacta la psique de manera severa, ya que combina la inmovilidad física con la pérdida absoluta de autonomía.
Que no haya impunidad
El 24 de octubre de 2025, Giuliani, junto a su abogado Claudio Orosz, presentó formalmente una denuncia en Tribunales II por los hechos de represión ocurridos el 28 de agosto de ese año en la Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Córdoba.
Tras el sorteo, la causa quedó radicada en el expediente SAC 14222844 en la Fiscalía de Distrito Dos, Turno Cinco, a cargo de la Doctora Florencia Espósito.
Durante la conferencia de prensa realizada en el edificio judicial, el abogado Claudio Orosz señaló que la denuncia amplía las ya presentadas por el Dr. César Theaux —en su caso acompañado por el Colegio de Abogados— y por la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos.
“Hoy venimos a explicitar mucho más la denuncia, porque en el caso de Federico Giuliani, junto con otra compañera, sufrieron lesiones graves, incluyendo una quebradura. Además acompañamos un pendrive elaborado por la organización Mapa de la Policía, que investiga las aberraciones represivas que cada miércoles se viven en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, explicó Orosz.
El letrado subrayó que el material probatorio presentado demuestra que “no existen los delitos por los que fueron imputados los 15 compañeros detenidos” aquel día, y que la causa fue “falseada ideológicamente por parte del Fiscal Ernesto De Aragón y de los jefes policiales”.
“No hubo piedras, no hubo agresiones ni amenazas. A los manifestantes se los engañó para que ingresaran al edificio con el pretexto de mantener una reunión con funcionarios, que luego fueron retenidos por la Policía. Todo fue una maniobra para justificar la represión”, denunció.
Orosz también advirtió sobre el contexto político y judicial de la presentación: “Esperamos que esta Justicia del ‘Cordobesismo’ no vuelva a caer en el pozo de impunidad que cubre toda denuncia contra el poder político. Denunciamos una Justicia amañada y genuflexa ante los poderosos, pero muy dura con quienes protestan y ejercen sus derechos constitucionales”.
Obligación política
Por su parte, Federico Giuliani afirmó que la decisión de avanzar con esta denuncia responde a una obligación política y ética frente a los hechos ocurridos. “Nosotros estábamos obligados moral y políticamente a presentar esta denuncia. Es muy llamativo que en una movilización pacífica haya 15 detenidos. No tendríamos que haber estado un minuto en un sistema carcelario que viola los derechos humanos y que todavía conserva prácticas ancladas en la dictadura”, sostuvo el dirigente.
Remarcó que lo sucedido forma parte de un proceso de persecución política y judicial que lleva más de dos años y que tiene como responsables tanto al Fiscal De Aragón como al Ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros.
“Venimos a desmontar la mentira de la Policía cordobesa, que junto al Fiscal De Aragón armó esta causa. Queremos aportar pruebas para que se desarticule el aparato represivo que tiene Córdoba, un aparato que criminaliza la protesta social, la pobreza y la juventud, y que genera gatillo fácil en las barriadas”, denunció.
Finalmente, señaló que este reclamo se enmarca en una lucha más amplia por la defensa de los derechos democráticos y sindicales: “Seguimos gritando a viva voz que reclamar y protestar no es un delito, sino un derecho. Por eso exigimos justicia, acompañados por la CTA Nacional y ATE Nacional, para que no haya impunidad y se termine la persecución a las y los trabajadores que luchan”.