La CTA Autónoma de la provincia de Córdoba repudió las declaraciones de la Jefa de Policía, Liliana Zárate Belletti (foto), en las que “reconoció que las áreas de inteligencia tienen identificados a los `cabecillas´ de las organizaciones sociales”, a quienes el Juez de Control Nº 10 Juan Manuel Fernández López pidió cercar penalmente.
Y añadió: “Mientras la Legislatura Provincial continúa debatiendo en comisiones los alcances de un proyecto de ley -presentado por el oficialismo y la oposición- que busca limitar el alcance de las protestas sociales, la Policía de Córdoba, a través de su máxima autoridad, reconoce la realización de tareas de inteligencia contra dirigentes sociales, lo que está expresamente prohibido por la Ley y la Constitución, en lo que implica otra escalada en la criminalización de la protesta”.
Para la CTA-A, “la arremetida represiva del Gobierno no detendrá la creciente movilización popular contra el ajuste en un cuadro de crisis generalizada en nuestra provincia con el 40% de pobreza, casi el 10% de desocupación, el 50% del trabajo privado no registrado y con sueldos de hambre tanto para los empleados públicos como privados”.
“Con alarmante frecuencia se publican casos de Violencia Institucional -mal llamados de ‘Gatillo Fácil’- que protagonizan efectivos de la Policía de la Provincia, la misma institución que debería velar por la seguridad e integridad de las personas y que, en lugar de hacer inteligencia para perseguir a los delincuentes y narcotraficantes, utiliza estas operaciones ilegales para perseguir a militantes populares”, subraya la nota.
La Central afirmó a renglón seguido: “El juicio por el crimen de Blas Correas expone el accionar criminal de la Policía cordobesa: Como señalara el Fiscal de la causa, ‘se utilizaron maquinaciones despiadadas y perversas, métodos propios de la dictadura’, lo que demuestra que el andamiaje represivo montado durante la tiranía oligárquico-militar permanece intacto en la provincia”.
“A poco de conmemorarse este 24 de marzo un nuevo aniversario del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia en homenaje a las víctimas del genocidio perpetrado por la última dictadura cívico-militar que usurpó el poder entre 1976 y 1983, la CTA-A rechaza y repudia el espionaje ilegal de la Policía contra los dirigentes que luchan contra el ajuste, la desigualdad social y la destrucción de los bienes comunes; reitera su impugnación al proyecto de ley que pretende limitar el Derecho Constitucional a la protesta; y reafirma que resistirá este nuevo avasallamiento a los derechos populares con la fuerza de los que no se resignan”, remata la declaración de la CTA Autónoma de la provincia de Córdoba.