El Secretario General de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA) y de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma) de la provincia de Córdoba, Federico Giuliani, participó este martes del Encuentro por la Marcha del Campo que se llevó adelante en la tradicional Plaza Colón de la ciudad Capital.
La Mesa de Trabajo, que se reunirá la semana próxima para establecer una agenda de actividades con el propósito de impulsar esta iniciativa en la totalidad de la geografía cordobesa, está integrada por Ricardo Hernández, Movimiento Peronista Auténtico (MPA); Carlos Ramos, Movimiento Campesino de Córdoba (MNCI-Somos Tierra); Federico Giuliani y Carlos “Torito” Rang, ATE y CTA-A; Cristian García, Fundación Cuidadores de la Casa Común; Alicia Ceballo, Federación de Tierra y Vivienda (FTV); y, aunque no pudo estar presente en el acto, también se cuenta a Isaías Ghío de la Federación de Cooperativas Federadas (FECOFE).
“Organizaciones del campo nacional y popular hicieron la presentación de la Mesa de Trabajo por la aprobación del proyecto de Ley por la Marcha del Campo que ha sido presentado en el Congreso Nacional por la diputada nacional María Rosa Martínez del FdT y que permitiría paliar el flagelo de la desocupación, descentralizando la gran concentración urbana, ocupando tierra fiscal ociosa, repoblando el interior en una estrategia de ocupación popular territorial y aportando a la concreción de la Soberanía Alimentaria de nuestro pueblo”, indica un comunicado que circuló por las redes sociales.
“Lo que planteamos es mostrar a la sociedad un grupo de organizaciones que creemos que el proyecto de ley y la marcha del programa del campo va a socavar las bases de la injusticias que vivimos en esta sociedad a partir de la desocupación y pobreza estructural”, expresó Ricardo Hernández a Radio La Ranchada.
“Va a transformar esas estructuras en un millón de puestos d trabajo en tres años, según el programa, ocupando más de 20 millones de hectáreas fiscales improductivas. La ley contempla el otorgamiento de tierras fiscales a productores, familias, jóvenes, con menos de 150 hectáreas en comodato extendido”, explicó el referente.
Los fundamentos de este proyecto se remontan a los años ‘70, se trata de una estrategia impulsada por Guillermo Gallo Mendoza, Ministro de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires desde mayo de 1973 a febrero de 1974 durante el Gobierno de Oscar Bidegain.
El programa plantea movilizar fuerza de trabajo a nivel nacional, un piso de 600 mil beneficiarios, jefas y jefes de hogar, hacia tierras fiscales ociosas (unos 33 millones de hectáreas en todo el país) que pueden albergar unidades habitacionales de este tipo. El proyecto promueve que sean cooperativas y que esa tierra nunca deje de ser fiscal con un esquema de uso comunitario permanente.
El plan combina distintas iniciativas. Por un lado, frenar el exilio de población rural a los centros urbanos, fortalecer a los pueblos que todavía existen y precisan el apoyo de una estrategia nacional y, por otro, generar las condiciones para la creación de nuevos pueblos.
El proyecto: Idea, desarrollo y presentación
La iniciativa denominada “Marcha al Campo” tiene el objetivo de movilizar fuerza de trabajo ociosa o que está próxima a serlo, tanto la que resiste en el medio rural como la que ya ha migrado a los cordones urbanos, pero conserva el sentido de pertenencia al sector agropecuario. Para eso estipula la promoción y reordenamiento del uso de tierras fiscales en manos del Estado y busca activar proyectos productivos, vinculados a la agricultura, para que personas y grupos familiares puedan establecerse.
El proyecto define tres herramientas que serán necesarias para su éxito. En primer lugar, se deberá realizar un relevamiento de las tierras fiscales existentes para determinar si son de orden nacional, provincial o municipal.
Según explicó uno de sus redactores, el abogado y dirigente Rubén Famá, las tierras serán cedidas en comodato, es decir que nunca dejarán de ser propiedad del Estado, y en extensiones de no más de 150 hectáreas. “La idea es evitar que estos proyectos fracasen a mediano o largo plazo y se conviertan en una tentación para el sector inmobiliario”, agregó el dirigente.
Luego se deberá definir el sujeto social objetivo de este programa, realizando encuestas a los grupos familiares para determinar sus necesidades.
Por último, con los beneficiarios bien elegidos, se llevará adelante un programa de capacitación que disponga los criterios para trabajar en forma cooperativa y conformar unidades de trabajo y producción.
En la iniciativa legislativa, se prevé el otorgamiento de una renta básica por localización y créditos para acompañar a las familias y generar condiciones de infraestructura básicas para su radicación, desde la vivienda, el acceso a servicios públicos, entre otras.
El proyecto debe pasar por las comisiones de Legislación General, Agricultura y Ganadería, Población y Desarrollo Humano y Presupuesto y Hacienda. De aprobarse, se estima que la primera etapa (el análisis de las tierras fiscales disponibles) se extendería por 48 meses. Luego de eso, a largo plazo, la aspiración de los legisladores es poder llegar a generar entre 700.000 y 1 millón de puestos de trabajo en el interior del país.