Por Jesús Chirino*
En las elecciones de 1983, la población argentina eligió que se investigara lo sucedido durante la dictadura y rechazó la propuesta del candidato que proponía el reconocimiento de la autoamnistía que los militares se habían otorgado.
La mayoría de los votantes optó que se investigara y se enjuiciara a los culpables. El primer gran volumen de datos acerca de las atrocidades sucedidas fue recogido por la comisión creada para ese fin por el Gobierno elegido mediante el voto popular. La misma que buscó datos en cada rincón del país
Visita a Villa María
Luego del golpe de Estado concretado el 24 de Marzo de 1976, el horror tiñó todo, solo quedaron reductos aislados de resistencia. El poder dictatorial se esmeró en destruir aquello que representara o expresara organizaciones populares. Para ello se valieron de las diferentes herramientas de horror que construyeron, desde la caza de quienes pensaban distinto para encerrarlos en los campos de concentración, torturarlos y matarlos, hasta otros mecanismos que también sirvieron para imponer el miedo en la sociedad, como la censura y las distintas prohibiciones.
En 1983, recuperada la democracia, a pocos días de que asumiera el Gobierno elegido por el voto popular, el 15 de diciembre, Raúl Alfonsín, flamante presidente de la Nación, firmó la norma legal que le dio existencia a una comisión destinada a investigar las atrocidades cometidas durante la dictadura desaparecedora de personas. Así cumplió con una de las promesas que había realizado en tiempo de campaña electoral. Así fue que se originó la Comisión Nacional sobre Personas Desaparecidas (CONADEP). Tiempo después, el 17 de abril de 1984, se constituyó la delegación Córdoba de la comisión.
Desde el Gobierno de la Unión Cívica Radical se había decidido encontrar la manera de echar luz sobre los terribles años del terror. Como en el resto del país, también en Villa María habían pasado cosas horribles y algunos actores sociales optaron por no olvidar y, de a poco, fueron acompañando a quienes habían sufrido la cárcel y la tortura, como así también a los familiares de los desaparecidos de nuestra ciudad y la región.
En Villa María, la noche del 24 de agosto, en el auditorio de Luz y Fuerza sobre la calle Entre Ríos, se había constituido la delegación departamental de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Los integrantes del Consejo de la Presidencia de la regional venían trabajando desde hacía tiempo, incluso antes que terminara la dictadura. Aunque no toda la ciudadanía apoyaba este tipo de actividad, es de destacar el trabajo que desarrollaban importantes grupos de ciudadanos.
Cuando, meses antes, en abril, la delegación de la CONADEP Córdoba visitó la ciudad, lo hizo bajo el liderazgo del contador Albino Serafín. Lo acompañaron María Elena Mercado y Patricia Tasso. Sobre esa visita, Silvina Requena, hermana de Eduardo Requena, supo contarnos que entonces la gente aún “tenía miedo…”. Este es un dato importante para entender el contexto, pues el miedo sembrado por el Gobierno terrorista de la dictadura no había sido superado con la llegada de la democracia, incluso tiempo después se sufrirían los planteamientos militares y otros hechos que, por momentos, hicieron revivir el pasado. Es más, en algunos sectores, aún tenían mucha fuerza los discursos que pretendían negar o justificar las atrocidades cometidas por el sistema dictatorial.
Es lo mismo que aún, luego de cuatro décadas de democracia, suelen expresar los negacionistas o, por ejemplo, aquellos que pretenden hacer creer que es algo menor haber sido funcionario civil del Gobierno dictatorial.
Registro de las denuncias
El miércoles 17 de abril de 1984, desde las páginas de El Diario se anunció que ese día la delegación Córdoba de la CONADEP se constituiría en el Salón de Acuerdos de la Municipalidad local. Estaba previsto que a partir de las 9.30 registraría las denuncias de todas aquellas personas que habían “…estado recluidas en los centros de detención”. Las manifestaciones de las víctimas y familiares fueron registradas hasta las 18 horas. Después de eso, los integrantes de la Comisión ofrecieron una conferencia de prensa en la cual señalaron que hasta ese momento en la provincia de Córdoba habían sido receptivas 203 denuncias.
La visita de la CONADEP a la ciudad permitió que los familiares de las personas desaparecidas por la dictadura y quienes habían estado secuestrados en los centros de detención pudieran dejar registro, en ámbito oficial, de sus denuncias.
Pero no todos pudieron hablar, pues aún no habían caído los dispositivos armados por el terrorismo.
La dictadura había logrado que el miedo fuera asumido como algo cotidiano y aceptado por un importante sector de la sociedad, como elemento natural para la gestión social.
Mediante el decreto nacional 18, de 1983, se había establecido que la CONADEP sería compuesta por 16 integrantes: 10 elegidos por el presidente de la Nación, tres por la Cámara de Diputados y tres por la Cámara de Senadores, los que nunca fueron designados.
La CONADEP entregó las conclusiones de su trabajo el 20 de septiembre de 1984. Fruto de 280 días de trabajo. El informe demostró, por primera vez, el carácter sistemático y masivo de la represión militar.
En tan poco tiempo de trabajo se pudo comprobar la existencia de 340 centros clandestinos de detención. La tarea desarrollada les permitió acumular más de 7.000 archivos en 50 mil páginas. En ese informe, que luego se convertiría en libro bajo el nombre de “Nunca Más”, se pudo elaborar un listado parcial de 8.960 personas desaparecidas.
Lamentablemente, esa cifra suele ser usada, con mala intención, sin tener en cuenta que se confeccionó en un tiempo breve, en un contexto donde no todo el mundo se animaba a denunciar.
Cuando, para no reconocer la cifra de los 30 mil detenidos desaparecidos, se señala que es esa la cantidad definitiva de desaparecidos se está desconociendo que solo fue una cifra parcial.
Prueba de ello es que luego se fueron identificando más centros de detención y personas desaparecidas.
El trabajo de la CONADEP fue fundamental para llevar adelante el Juicio a las Juntas realizado en 1985.
*Docente. Periodista. Secretario General de la Unión de Trabajadores de Estados Municipales (UTEM-CTA). Secretario Gremial de la CTA Autónoma Regional Villa María
Fuente: www.eldiariocba.com.ar