Así lo indicó Eugenia Aravena, una de las referentes de la Red Nacional por el Reconocimiento del Trabajo Sexual y de la Plataforma Latinoamericana Plaperts. Además, piden reconocimiento de la actividad por parte del Estado y ayudas económicas.
Por Virginia Digón
Desde la Red Nacional donde confluyen organizaciones de 18 ciudades del país (de Jujuy a Río Negro) publicaron un manifiesto el 2 de junio -Día Internacional del Trabajo Sexual- dando cuenta de la situación y ahora lanzarán campañas solidarias para conseguir ayudas económicas.
En una encuesta que realizaron en octubre de 2020 a 160 trabajadoras sexuales de seis distritos (Buenos Aires, CABA, Chaco, Río Negro, Entre Ríos, Jujuy y Santa Fe) detectaron que el 83,54% tenía dificultades para llenar la Canasta Básica Alimentaria y que el 55% tenía dificultades para pagar el alquiler. Además el 63% no tiene conexión de gas natural. En cuanto a nivel educativo, la encuesta indicó que casi el 40% tiene primario incompleto, el 14% primario completo, el 26% secundario incompleto y 10% secundario completo. Sólo un 8% tiene estuvios terciarios o universitarios.
De las personas encuestadas, el 70% es mujer cis y el 30% se distribuye en varones y mujeres trans y otras identidades de género). El 82% indicó no tener cobertura de salud. Al ser consultadas sobre cómo sostienen el aislamiento social, el 56% indicó que “en familia”, el 33% solo o sola y el resto con amigos o pareja.
“Hay un abandono del Estado al sector y por eso también pedimos se reconozca nuestro trabajo para poder acceder a beneficios como el Potenciar o la reparación histórica”, dijo Aravena que fue fundadora de AMMAR-CTA, la primera organización en Córdoba, aunque ahora ya terminó allí su cargo y se dedica en forma exclusiva a la Red Nacional y Plapers.
-¿Cuál es la situación hoy de las trabajadoras sexuales?
-Hay mucho menos trabajo, ya sea porque los clientes se cuidan del coronavirus o por el propio miedo de las compañeras por su salud. Algunas cuentan con alguna ayuda familiar y otra no, entonces hay mucha pobreza. No pueden pagar el alquiler y están pasando hambre. No están pudiendo trabajar y también hay dificultada para conseguir otros trabajos, hay mucha discriminación.
Ahora estamos lanzando una campaña solidaria desde la Red en cada provincia porque la situación es muy preocupante. De las 18 agrupaciones sólo dos cuentan con alguna ayuda estatal y el resto no, entonces gestionamos campañas para poder acercarles bolsones de comida, ropa, de higiene y preservativos. Creo que la respuesta siempre es colectiva.
También estamos haciendo un relevamiento para conocer la situación de cada provincia porque son muy distintas entre sí.
-¿Cuál es su principal reclamo al Estado en este momento?
-Necesitamos políticas públicas para el sector, no sólo una ayuda cada tanto y a unos pocos. El Estado es abolicionista, tenemos que empezar a hablar del tema, no mirar para otro lado. A las autoridades de la Nación les exigimos que cumplan con el registro que habían lanzado en un principio desde el Ministerio de Desarrollo Social y que a los pocos días dieron de baja. El Ministro (Daniel) Arroyo luego de eso prometió armar una mesa de articulación interministerial para abordar las temáticas de salud, desalojos, de personas migrantes. Aún no ha sucedido y seguimos a la deriva y sin inclusión de ningún tipo.
Hay muchas ideas abolicionistas con respecto al trabajo sexual. Nosotras también necesitamos acceso a programas y para eso necesitamos que se reconozca nuestra actividad. La mesa interministerial podría avanzar en este sentido.
Manifiesto
“Pertenecemos y habitamos distintos cuerpos, identidades y realidades, somos migrantes, negres, travestis, trans, no binaries, marikas, tortas, lesbianas, seropositives, neuroatipiques, villeres y de pueblos originarios (…) Creemos en la autonomía de nuestros cuerpos, en la libre vivencia de nuestros deseos y elecciones. Repudiamos que el feminismo anti-derechos hable por nosotres y que el Estado abolicionista, que se niega a reconocernos, nos empuje cada vez más a la clandestinidad con las políticas punitivistas impulsadas históricamente por los gobiernos argentinos”, indicaron desde la Red Nacional de Trabajo Sexual.
Allí, las 18 organizaciones de la Red expresaron su situación en el contexto de pandemia, que, aseguran, profundizó la discriminación: “El amedrentamiento judicial, los allanamientos y los desalojos reproducen formas de estigmatización que incluso obstaculizan la posibilidad de alquilar. La crisis sanitaria agudizó este contexto crítico de clandestinización y profundizó los mecanismos de persecución que se venían aplicando. En las zonas rojas de la provincia de Buenos Aires, sobre todo en la ciudad de La Plata, muchas compañeras trabajadoras sexuales callejeras están privadas de su libertad como resultado de operativos policiales cimentados por políticas anti trata y anti drogas, con una marcada impronta xenófoba y trans-travesti odiante”.
“A las compañeras más grandes nos obligan a vivir una vejez sin jubilación y tampoco se contempla la vejez trans-travesti. Si logramos alquilar un espacio, nos vemos obligades a pagar precios mucho más altos, ya que no contamos con ningún tipo de demostración de ingresos o monotributo. En materia de salud, estamos expuestes (SIC) cuando queremos acceder a una interrupción legal del embarazo, a medicamentos para tratamiento de ITS y VIH; lidiamos cotidianamente con la entrega de preservativos en centros de salud y hospitales. En el caso de la comunidad trans-travesti, insistimos en que se aplique el artículo 11 sobre el acceso a la salud integral, las intervenciones quirúrgicas y los tratamientos hormonales de la Ley de Identidad de Género”, agregaron.
Por ultimo indicaron: “Les trabajadores sexuales en Argentina padecemos sistemáticamente la discriminación social y política de nuestros derechos humanos y el respeto de nuestras vidas. Normativas como la Ley de Trata (Ley 26.842), los códigos contravencionales provinciales y/o las ordenanzas municipales, configuran un contexto de criminalización estructural en el que las personas, las actividades y los espacios vinculados al trabajo sexual son sometidos a la órbita del control represivo del estado, exponiéndonos a la discrecionalidad policial y la constante violencia institucional”.
Fuente: www.lavoz.com.ar