Por Ezequiel Luque
Avalados por la Ley 10.954 de Seguridad Pública del gobernador Llaryora, la empresa Bacar presentó un pedido de autorización para que guardias puedan utilizar las llamadas «armas menos letales». El sindicato de vigiladores festejó la medida, pero para la abogada Valeria Plaza, abrirlo a personal privado «va a generar aún más problemas». Ahora, un concejal del oficialismo propone que también se las autoricen a civiles.
La empresa de seguridad privada Bacar presentó ante el Ministerio de Seguridad de Córdoba un pedido de autorización para que guardias de la firma puedan portar y utilizar las llamadas «armas no letales».
Para ser rigurosos, está mal dicho «no letales», sino que se trata de armas de letalidad reducida. En este caso, se trata de una pistola Byrna con propulsión a Co2 y capacidad para 5 proyectiles; y una carabina Byrna con propulsión a aire comprimido y con capacidad para 19 municiones. Ambos pueden ser armados con Kinetic, que son proyectiles macizos de plástico que no se desarman al impactar; o con Pepper, proyectiles que, al impactar, se desarman, liberando gas pimienta.
La solicitud de la empresa Bacar se desprende de la Ley 10.954 de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana, que la Legislatura de Córdoba aprobó en diciembre del año pasado. El artículo 29 permite utilizar armas menos letales al personal de empresas de seguridad privada, «previa autorización y conforme a criterios de oportunidad y conveniencia».
“Son una herramienta esencial para garantizar intervenciones seguras en contextos de alta conflictividad social, reduciendo riesgos tanto para los agentes como para la ciudadanía», expresó recientemente Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de la provincia que ostenta el mayor equipamiento de armas menos letales de todo el país.
Y, particularmente, sobre su uso privado, al inicio de su gestión, Quinteros había expresado: «Desde el Gobierno de Córdoba, promovemos la incorporación de los prestadores privados, pero bajo una nueva normativa que es clara, que implica que cada empresa esté debidamente registrada, que empleados y vigiladores también estén en regla, y con un organismo que controla y eventualmente sanciona, que es la dirección de Seguridad Privada».
Si el pedido de Bacar es aprobado y los 20 trabajadores propuestos superan el curso obligatorio en el Centro de Entrenamiento Permanente de la Policía de Córdoba, serán los primeros vigiladores que utilicen este tipo de armas en la provincia.
La medida es celebrada por el Sindicato Único de Vigilancia y Seguridad Comercial (SUVICO), que remarca que se busca profesionalizar a los guardias para profesionalizar la labor y ofrecerles una herramienta de defensa ante situaciones de riesgo.
«En los barrios privados, se están vulnerando permanentemente los perímetros. Esto es el antídoto para que la delincuencia entienda de una vez por todas que, si cruza los perímetros, si ataca a los vigiladores, estos van a tener un instrumento para poder repeler ese ataque», expuso el secretario gremial, Gustavo Pedrocca, en diálogo con Cadena 3.
Sin embargo, especialistas en seguridad exponen sus dudas ante la posibilidad de darle más armamento a guardias porque, si los portadores no tienen la instrucción necesaria, estas armas pueden ser notablemente peligrosas.
La abogada e investigadora del CONICET, Valeria Plaza, remarcó que, si bien este tipo de armas se utilizan en casos específicos, es fundamental protocolizar quiénes disparan esas armas, en qué casos y quiénes son los destinatarios.
«No es lo mismo un personal de seguridad que un efectivo de las fuerzas de seguridad. El personal estatal tiene una capacitación e instrucción permanente respecto a cómo se utilizan, y se debería controlar también las características psiquiátricas y psicológicas de los agentes que utilizan armas (…) Ya hay todo un campo a desarrollar sobre el personal policial. Abrirlo a personal privado, que, claramente, tiene menos requisitos, va a generar aún mayores problemas», sostuvo la doctora en ciencias sociales e investigadora en políticas de seguridad.
En entrevista a Canal 10, Plaza indicó que, en una situación de conflicto, tantos los agentes como los guardias desconocen las características del destinatario. Esto puede provocar muertes o lesiones graves en personas embarazadas, en estado de consumo o si tienen alguna patología cardíaca, solo para nombrar algunos casos.
La abogada agregó además que, si un guardia privado usa un arma con menos letalidad y provoca una lesión grave o una muerte, va a quedar expuesto individualmente y va a tener responsabilidad penal. Esto a diferencia de cuando lo hace un agente de las fuerzas de seguridad, situación en la que el Estado suele velar por el desempeño del personal policial.
¿Armas para civiles?
El concejal de Hacemos Unidos por Córdoba, Diego Casado, difundió la semana pasada un proyecto de ordenanza para regular la compra y uso de armas menos letales para vecinos y vecinas de la ciudad de Córdoba.
«No queremos que la gente se arme con armas letales. Si se tienen que proteger, que, al menos, lo hagan con armas que no generen muertes ni dolor en la ciudadanía (…) El ciudadano tiene que tener alguna posibilidad de defenderse y defender sus bienes de alguna manera que no sea letal”, declaró en diálogo con Punto a Punto Radio.
El edil oficialista señaló que tiene como objetivo «la seguridad y la defensa de la vida», y que la ordenanza, que podría ser discutida en las próximas semanas, contempla supervisión, control, capacitación, registro y licencias.
Fuente: www.latinta.com.ar