Con la participación de una columna de la CTA Autónoma de la provincia de Córdoba, se llevó a cabo ayer una masiva movilización convocada por los trabajadores de Petroquímica Río Tercero para protestar por las 250 cesantías, que mantiene paralizada la planta. “Sin industrias no hay Río Tercero” planteaba el cartel que encabezaba la marcha.
Los despidos se frenaron por la medida de conciliación obligatoria por 15 días dictaminada por la Secretaría de Trabajo de la Provincia. Pero ese plazo está corriendo sin cambios en la decisión empresarial.
De la marcha, organizada por el el Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas (SPIQyP) de Río Tercero y que recorrió más de quince cuadras de las principales calles de la ciudad, participaron en representación de la CTA-A el Secretario General de la Regional Córdoba Capital, Jorge Chalup; la Secretaria General de ATE y de la Central de Río Cuarto, Rafaela Alcoba; y su par de Villa María, Enrique “Tito” Godoy.
También estuvieron Julia Giuliani, Secretaria de Relaciones Institucionales de la CTA Autónoma de la provincia; Gabriela Alcoba, Secretaria Adjunta del Consejo directivo Provincial (CDP) de ATE Córdoba; Javier Bracamonte, Secretario de Organización; y César Tehaux, Secretario de Derechos Humanos del CDP; Jonatan Cruceño, Secretario General de la Junta Interna de la Fábrica de Pólvoras y Explosivos de Villa María; David Salto, Secretario General de ATE Río Tercero; y delegados del Cispren de esa ciudad, entre otros.
El objetivo fue el de visibilizar la situación crítica de los trabajadores químicos, exigir el cumplimiento de los derechos laborales e impulsar una intervención concreta de las autoridades frente a un conflicto que ya suma 250 despidos y una planta completamente inactiva. El acto de cierre se concretó frente al edificio de la Municipalidad que estaba vallado y con una fuerte custodia policial.
Lucas Felici, dirigente del sindicato de los químicos, anticipó que si el 4 de agosto, fecha en que culmina la conciliación obligatoria, no se da la reincorporación de los 124 despedidos, los empleados “ocuparán” la planta industrial.
El gremio entiende que se agudiza aún más el escenario con el proceso preventivo de crisis, “porque ahora los empleados se deberían poner en la lista de espera, junto a otros acreedores, para poder cobrar salarios o indemnizaciones”, según interpretó Felici.
El gremialista no dejó pasar un dato: dijo que Petroquímica entregó a la Justicia un expediente de 1.800 fojas, con varios balances, en el marco del iniciado trámite por el proceso preventivo de crisis.
“No al industricidio, no al cierre de la fábrica”, resonaba la frase en la marcha por las principales calles céntricas este jueves, que también estuvo escoltada por varios gremios que se solidarizaron. “Esto es un impacto muy grande y negativo para la ciudad”, protestaba un manifestante. Marcó que industria es una de las que mejores sueldos abona en Río Tercero y advirtió sobre el golpe económico para la ciudad.
“Frenemos entre todos la masacre laboral que hoy en nuestra ciudad se lleva puesto a cientos y cientos de familias; nuestro futuro está en juego y vamos a defenderlo con uñas y dientes”, aseguraron desde el gremio al iniciarse la movilización.
“Estuvimos junto a los trabajadores petroquímicos de Río Tercero en la masiva movilización en contra del vaciamiento de la empresa y la inmediata reincorporación de los trabajadores despedidos”, apuntó Chalup.
La protesta tuvo como telón de fondo la situación que se desató el pasado 8 de julio, cuando la empresa detuvo toda producción en la planta de Río Tercero. El Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas (SPIQyP) denunció un lockout patronal y advirtió que la firma comenzó a vaciar las instalaciones, retirando los productos en camiones sin explicación previa, aseguraban que se trataba de ventas.
En los días posteriores, la empresa oficializó 125 despidos, que se suman a los 125 cesanteados en octubre, alcanzando los 250 despidos acumulados.
Esta semana se confirmó además que Petroquímica Río Tercero presentó un pedido de concurso de acreedores, lo que provocó la inmediata intervención del Ministerio de Trabajo, que dictó una conciliación obligatoria parcial —limitada a trabajadores representados por el gremio—.
En este contexto de desprotección y colapso productivo, los trabajadores, junto a un amplio arco de organizaciones sindicales, políticas y sociales se movilizaron ayer para reclamar respuestas, garantías laborales y el pago inmediato de las deudas pendientes.