Treinta y dos diputados nacionales vinculados al agronegocio, promueven una Ley nacional para permitir aplicar agrotóxicos a 10 metros de las viviendas, proyecto que atenta contra el derecho a la Salud y al Ambiente Sano de más de 12 millones de personas que habitan estas regiones. No existe una Ley Nacional de agrotóxicos, solo leyes provinciales, pero más de 400 pueblos y ciudades agrícolas en provincias como Córdoba, Buenos Aires, Santa Fé, Santiago del Estero, Chaco, Entre Ríos y Tucuman han puesto restricciones locales a las fumigaciones alejándolas de las zonas pobladas y las escuelas, estableciendo retiros de 500 a 1500 metros. Estas restricciones logran disminuir la exposición, el contacto, con los venenos en gran medida, pero esos resguardos sin fumigar, que son menos de 2% de las hectáreas totales que se cultivan en todo el país, pretenden ahora sumarlas también a la renta.
Por Medardo Avila Vázquez*
Las poblaciones de pequeños pueblos y ciudades de las zonas agrícolas argentinas registran un notable cambio en la morbilidad y en la mortalidad (en la forma de enfermarse y en la forma de morir) desde que la agricultura extensiva incorporó el paquete tecnológico de semillas transgénicas y agrotóxicos. Este modelo generó un aumento constante del uso de agrotóxicos.
Año a año se incrementó entre un 10 y un 15% la cantidad de estos insumos químicos destinados al control de malezas e insectos. Es que ambos, desarrollan resistencia natural a los venenos y entonces los productores necesitan más dosis o agregar otras moléculas para lograr sus objetivos.
En todo el país hoy se utilizan 600 millones de litros de agrotóxicos cuando en el año 2000 se aplicaban 140 millones. Esta enorme cantidad de agrovenenos contamina el aire, la tierra y el agua de las zonas agrícolas condicionando la emergencia de enfermedades que antes eran de baja frecuencia.
Desde entonces los médicos de esos pueblos fumigados verifican altas incidencias de enfermedades endocrinas, “alérgicas”, neurológicas, oncológicos y de niños que nacen con malformaciones congénitas. Las muertes por cáncer se convirtieron en la primera causa de muerte llegando a explicar entre el 40 y el 50% de las defunciones cuando en el resto del país, como en el AMBA, Rosario o ciudad de Córdoba, el cáncer solo explica el 20% de los decesos.
Es terriblemente frecuente que la mitad de los vecinos que mueren en estos pueblos lo hagan por un cáncer cuando sólo un quinto lo hacen en todo el país y esta realidad antes no era así.
La Sociedad Argentina de Pediatría publicó en 2021 el Informe: Efecto de los Agrotóxicos en la Salud Infantil donde destaca que en los pueblos donde se fumiga con agrotóxicos muy cerca de las viviendas el 50% de los niños presenta signos de asma y requieren utilizar aerosoles broncodilatadores.
Sin embargo ahora32 diputados nacionales vinculados al agronegocio, promueven una Ley nacional para permitir aplicar agrotóxicos a 10 metros de las viviendas, proyecto que atenta contra el derecho a la Salud y al Ambiente Sano de más de 12 millones de personas que habitan estas regiones. No existe una Ley Nacional de agrotóxicos, solo leyes provinciales, pero más de 400 pueblos y ciudades agrícolas en provincias como Córdoba, Buenos Aires, Santa Fé, Santiago del Estero, Chaco, Entre Ríos y Tucuman han puesto restricciones locales a las fumigaciones alejándolas de las zonas pobladas y las escuelas, estableciendo retiros de 500 a 1500 metros. Estas restricciones logran disminuir la exposición, el contacto, con los venenos en gran medida, pero esos resguardos sin fumigar, que son menos de 2% de las hectáreas totales que se cultivan en todo el país, pretenden ahora sumarlas también a su renta.
Esta iniciativa se presento este 3 de octubre en la Cámara de Diputados de la Nación, firmada por 32 diputados encabezados por Atilio Benedetti, un rico acopiador de granos entrerriano, ex funcionario del gobierno de Macri en el Banco Nación, junto con los cordobeses Hector Baldassi, Luis Picat, Oscar Agost Carreño y Soledad Garcia, bonaerenses como Florencio Randazo (de Provincias Unidas), Margarita Stolbizer, el ex intendente de Santa Fe Mario Barletta y un conjunto de radicales disipados como Mariano Campero, lilitos y sobretodo diputados del PRO, aunque no podía faltar una diputada de Unión por la Patria, la ex Intendenta de Charata la capital de la soja en el Chaco: Maria Luisa Chomiak, entre otros.
En la Ciudad de San Jorge (Provincia de Santa Fe), un amparo judicial del año 2011 estableció el retiro de las fumigaciones a mas de 800 metros del área urbana, por el impacto que esta exposición producía en la salud respiratoria de los niños, la Cámara también exigió que se verificara si esta medida tenia impacto real en proteger la salud y tiempo después el Ministerio de Salud de la Provincia demostró que las consultas por broncoespasmo había bajado en San Jorge a las que habitualmente tienen las poblaciones sanas.
La información clínica mundial, epidemiológica, experimental e incluso de revisiones sistemáticas de Medicina Basada en la Evidencia de la Universidad de Mc Master en Canada (donde surgió el concepto de Medicina basada en la Evidencia), determina la necesidad de proteger a la población de la exposición de los pesticidas, sobre todo a los niños.
Las escuelas rurales del país son fumigadas por aviones o equipos terrestres sin ningún tipo de consideración mientras crece la evidencia de que hay formas agrícolas de producir que no requieren pesticidas contaminantes, formas productivas que sostienen los rendimientos y que mantienen la ganancia de los productores. Principios como la defensa de la Vida y del derecho a la Salud deben prevalecer sobre la codicia incontenible de ganancias del agronegocio y este proyecto de Ley debe ser detenido.
*Médico, Coordinador de Red de Médicos de Pueblos Fumigados
Fuente: www.anred.org