Organismos de derechos humanos presentaron ante la Justicia una denuncia penal contra los directivos del PAMI por recortar medicamentos a los jubilados. Solicitan que se investigue a los funcionarios por desobediencia a la autoridad; discriminación, estafa procesal, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, y vulneración del derecho a la salud.
Por Florencia Díaz para La tinta
En diciembre del 2024, PAMI comenzó a aplicar resoluciones que restringían el acceso a medicaciones esenciales para jubilados. Por esto mismo, señala en declaraciones con La tinta la abogada Mabel Sessa, se presentó un amparo colectivo en el que exigen que se declare la nulidad de esas normas y que se restablezca la cobertura y provisión plena.
El planteo quedó radicado en la Justicia Federal de Mendoza, donde el juez interviniente, Pablo Quiroz, dictó una medida cautelar en mayo de este año que abarca a todos los jubilados de la provincia de Córdoba, con el objetivo de que no se aplique esa normativa y los afiliados a la entidad accedan plenamente a la medicación.
Ante el incumplimiento sistemático de esa cautelar, los organismos amparistas presentaron una denuncia penal en la Fiscalía Federal de Córdoba, que apunta a sus máximos responsables por recortar el acceso de adultos mayores a tratamientos médicos esenciales.
No se trata de un hecho simbólico: reclaman que se investigue a quienes tomaron esas decisiones, desde las oficinas nacionales hasta Córdoba, por delitos graves.
La presentación judicial fue formulada con el patrocinio de la abogada Sessa y Carlos Vicente, contra Esteban Leguizamón, director nacional del INSSJP-PAMI, y Marcos Patiño Brizuela, director ejecutivo de Córdoba. Desde esa cartera, firmaron la normativa polémica (Res. 2431/2024 y 2537/2024) que limita el acceso a fármacos indispensables para grandes grupos de jubilados y que los denunciados no debían aplicar por orden judicial dictada por el juez de Mendoza.
Quienes impulsan la causa integran la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba, la Asociación Civil Foro Solidario Córdoba, Unión Obrera Gráfica Cordobesa y la Mesa de Trabajo de DD. HH. Córdoba, y sostienen que estas resoluciones violan normas constitucionales.
También señalan que el incumplimiento de la cautelar implica delitos como desobediencia a la autoridad, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes públicos y actos discriminatorios. Y sostienen que hay una violación directa del derecho a la salud garantizado por la Constitución y tratados internacionales.
Uno de los puntos centrales del planteo es que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de esas resoluciones administrativas que recortan la cobertura previa y limitan el acceso universal a los medicamentos. Reclaman que el PAMI vuelva, de inmediato, al régimen de provisión de medicación tal como funcionaba antes de las modificaciones, sin excepciones, con criterios de simplicidad, celeridad y gratuidad, tal como lo ordena la medida cautelar.
Durante el proceso judicial, también se pidió la aplicación urgente de una medida cautelar “de no innovar”, para que no se aplique lo nuevo y se mantengan vigentes las prestaciones anteriores mientras avanza la causa, medida que les fue concedida en mayo de este año. El fundamento: La salud y la vida de millones de jubilados corren perligro.
Sin embargo, el camino no fue fácil. El juez interviniente dictó una medida cautelar para Córdoba con el fin de suspender la aplicación de esas resoluciones a nivel local. Pero las organizaciones firmantes sostienen que los funcionarios del PAMI no la cumplieron. Según el expediente, se les intimó repetidamente a que acreditaran el cumplimiento, con amenazas de sanciones, pero las respuestas fueron parciales o tardías.
En concreto, la Secretaría de PAMI Córdoba habría publicado de forma “deficiente” la cautelar y no garantizó el acceso pleno a los medicamentos tal como había sido dictado por el juez mendocino. Esa actuación es considerada por los denunciantes como una evasión de responsabilidad, además de que se aplicó astreintes (multas coercitivas diarias) hasta que se cumpla la orden judicial en su totalidad.
El pasado 4 de septiembre, el juez de Mendoza dictó nuevamente una resolución que obliga al PAMI a cumplir en 48 horas la orden judicial del 16 de mayo y fijó multa diaria de un millón de pesos si no lo hace, hasta que demuestre cumplimiento. Ante ello, el PAMI apeló parcialmente, pero los denunciantes piden que la presión siga para evitar así maniobras dilatorias.
Los abogados representantes sostuvieron su compromiso de continuar la batalla legal hasta las últimas instancias y remarcaron: “Estamos ante una política del gobierno de Milei que provoca deliberadamente la agresión hacia un grupo vulnerable de nuestra sociedad como son los jubilados y pensionados que, sumado al deterioro de sus ingresos y el encarecimiento de la canasta básica de alimentos y servicios, conducen a un verdadero genocidio por goteo y requiere el rechazo solidario del pueblo en su conjunto”.
La denuncia deja al descubierto la administración de las autoridades del PAMI que dicen “defender reformas necesarias para regular el sistema”, mientras, del otro lado, sostienen que la demanda no es ideológica, sino “vital”. Para quienes dependen de sus remedios para subsistir, cada día pesa debido a los altos costos de vida que deben mantener y ahora lo que está en juego es el derecho a la vida y a la salud de miles de jubilados y jubiladas de Córdoba.
Imagen de portada: A/D
Fuente: www.latinta.com.ar