El 18 de diciembre, los Tribunales de Cruz del Eje fueron el escenario de la audiencia preliminar para fijar los días del juicio que tiene como imputados a seis defensores ambientales del Valle de Punilla. En mayo, comenzará un juicio histórico en la provincia de Córdoba. La criminalización de la protesta y las irregularidades judiciales se suman en una causa más que demuestra la parcialidad en las formas de investigar en Punilla.
Por María Eugenia Marengo
Son las 9 de una mañana que pronostica un sol intenso en la ciudad de Cruz del Eje, apenas una brisa mueve a los árboles. Solo el sol que insiste en subir como una grieta que abre al cielo incandescente. Las y los defensores ambientales entran al edificio de Tribunales para asistir a la audiencia preliminar de la causa donde se los imputa por amenazas, en algunos casos, daños y resistencia a la autoridad, en otros, en el marco de las manifestaciones contra la mega obra de la Autovía de Punilla.
El hecho está vinculado a la manifestación que se realizó contra el entonces intendente de Cosquín, Gabriel Musso el 13 de agosto de 2022, quien se encontraba en una confitería de dicha localidad. Ese día asambleas ambientales se encontraban en una reunión en la plaza, cuando el ex intendente se sentó a tomar un café y a mirar la manifestación por la ventana de un bar. Esta actitud generó malestar y derivó en un reclamo público donde se le solicitó información sobre el “Permiso de Uso de Suelo” para la construcción de la Autovía de Punilla.
El resultado derivó en seis imputaciones, en una investigación judicial a cargo de la Fiscal de Cosquín Paula Kelm, quien armó una causa en base a los testimonios de los policías y no integró las pruebas solicitadas por los acusados.
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Pasan seis minutos de las nueve y la audiencia preliminar da inicio con los cinco imputados en la sala de audiencias, excepto Alba Ortíz, quien debe conectarse -por razones de salud-, de manera virtual, pero el poder judicial no puede garantizar esa conectividad: “corrimos el riesgo de que se levantara la audiencia”, dirá más tarde Marcela Martín, una de las imputadas. Finalmente, el vocal de la Cámara en lo Criminal y Correccional, Javier Rojo, la habilita igual.
La audiencia toma el carácter de reservada y las puertas se cierran. En la sala también está la fiscal de Cámara, Fabiana Pochettino, los abogados que defienden a los y las imputadas: René Amsler, quien representa a Alba Ortíz y a Marco D’Angelo. La abogada Eugenia Scarpinello, junto a Federico Díaz y Gabriela Taborda. Gerardo Battiston, como representante legal de Marcela Martín y las codefensoras, Clarisa Villares y Blanca Fabiola Barreiro, quienes defienden a Matías Pérez. La defensa del ex intendente Gabriel Musso, -actual funcionario de la Agencia Córdoba Turismo- es el abogado Joel Ronald Altamirano Taborda, quien se presenta con su consultor técnico, Darío Diale.
En el transcurso de los 44 minutos, el juez Rojo aclara la condición de “reservada” de la audiencia a los fines de poder negociar entre las partes de manera libre: “Para prever si hay posibilidad de que los imputados lleven adelante un acuerdo de juicio abreviado, con las ventajas que ello conlleva”.
Después de unos minutos, la decisión de las y los imputados, es rechazar de manera unánime este ofrecimiento. Entre los argumentos de los distintos defensores, se hace hincapié en la importancia de no alimentar mensajes que criminalicen la protesta. La abogada Scarpinello deja en claro, que “al ambiente lo necesitamos todos, el bien defendido por los ciudadanos fue ese (…), que las togas no los va a salvar de necesitar oxígeno”. También se cita el Habeas Corpus vigente en protección de todos los defensores ambientales de la provincia de Córdoba, debiendo ser el Poder Judicial el garante de un ambiente sano.
Transcurridos los 44 minutos todos salen.El juicio está fijado para los días 7, 8, 11 y 14 de mayo del año 2026, a las ocho de la mañana.
Afuera, las escaleras de los Tribunales cruzdelejeños se visten de carteles y colores, palabras y dibujos que abrazan al monte, al agua, a la vida. Bajo la sombra de los aguaribays, una ronda y una radio abierta, sostiene la mañana. Marcela, Gabriela, Marco, Federico y Matías, salen a ese afuera caluroso que se abre en un abrazo cargado de sol. Las letras que nombran a los Tribunales de Cruz del Eje, son un borde en la mañana caliente, un espejo de lo que adentro no se puede ver.
“Nos plantearon el juicio abreviado, dijimos que no. Al abogado de Musso, se le cambió la cara. Esta lucha es hasta el final, porque somos inocentes”, comienza Marcela Martin ya bajo la sombra. “Esto lo hemos logrado todas y todos juntos. Defender a la Pachamama no es un delito. Nos estamos quedando sin árboles, sin agua, estamos quebrados como sociedad: ¿Nos vamos a declarar culpables?”, continúa Gabriela Taborda y da cuenta de que esta instancia judicial significa una nueva forma de criminalizar.
Integrantes de unas 40 organizaciones sociales, ambientales, de derechos humanos, comunidades indígenas, universitarias, feministas, sindicales, radios comunitarias y cooperativas, se acercaron a ser parte de esta ronda de apoyo a la vida. “Gracias a todos ustedes, estamos fuertes”, dice Gabriela. “Emociona ver acá la rueda”- agrega Marco D’Angelo- ¿Qué palabras para definir esto?-se pregunta y no duda en la respuesta: “Dignidad”.
“Ahí adentro parece que nos estuvieran queriendo chantajear. Podemos alivianarles la pena, a cambio de reconocer que somos culpables. ¿De qué? ¿Quién amenazó al monte? ¿Quién nos amenazó de muerte cuando estábamos cerca del obrador? ¿Quién lo agarró a Matías Méndez y le rompió las costillas a patadas, a las doce de la noche y encapuchado? ¿Quién mató a Jonathan Romo? ¿Quién está detrás del femicidio de Cecilia Basaldúa?,- dice Marco con la precisión cartográfica de un mapeo de la impunidad en Punilla: –vamos a venir a sostener nuestra inocencia”.
Para el abogado René Amsler, el punto fundamental en esta causa es la forma de perseguir, “tratando de hacer incrustar o calzar distintos tipos delictivos, para meterlos en este sistema”. El planteo desde el sistema judicial es que es una política criminal del Ministerio Público Fiscal, perseguir este tipo de manifestaciones. “Perseguir a quienes osen mirar feo a un funcionario público, esa es la lógica que se plantea es esa”, explica René y agrega que utilizar todas las herramientas del Estado para considerar que los hechos fueron un delito, demuestra un gran nivel de ilegalidad y de abuso por parte del Estado. “Eso es lo que vamos a sostener, lo vamos a probar y lo vamos a llevar a la absolución”.
Cronología del conflicto
Los medios que se utilizaron para avanzar en la construcción de la Autovía, se siguen sosteniendo a partir del poder del Estado en todas sus facetas: represión policial, persecución a los manifestantes, amenazas, imputaciones.
La lucha de las organizaciones ambientales que se nuclearon para dar cuenta de los graves impactos que genera esta mega obra, lleva el tiempo de aquel primer amparo ambiental del año 2017, que nunca se resolvió. Continuó con la denuncia penal en el 2018 a la Jefa Comunal de San Roque y las audiencias públicas del mismo año, donde la ciudadanía se expresó en relación a, lo que en principio, era un proyecto. En aquella oportunidad, la mayoría se manifestó en contra del inicio de la obra, y fue la audiencia pública más participativa desde que la ley exige este mecanismo en la provincia de Córdoba.
En el año 2021, con la virtualidad de por medio, comenzaron las audiencias públicas para opinar por el “Estudio de Impacto Ambiental”, que propuso la constructora del proyecto Alternativa Ruta 38. El estudio fue rechazado en un 90%, la licencia social nunca fue dada, y hubo un acuerdo extendido con fundamentos sobre el por qué, esto conllevaría a grandes impactos irreversibles para el ecosistema -natural y cultural- ya degradado de la región.
En el año 2022 comenzó la segunda etapa de la obra. Las y los vecinos de la zona de Molinari se organizaron en un acampe para visibilizar el daño que implicaba continuar con este proyecto de infraestructura. Sin embargo, el día 10 de mayo del año a las 3:40hs. de la madrugada, fueron desalojados de manera violenta por la policía de Córdoba.
En la semana de aquel brutal desalojo, -el 17 de mayo-, en el marco de la represión en el Puente La Candelaria de la localidad de Molinari, se llevaron detenida a una vecina, quien sería la primera de varias presas y presos por luchar en defensa de ese territorio.
Desalojos, destrucción de sitios sagrados para las comunidades originarias, el impacto en el ambiente y en la salud de las infancias por las detonaciones efectuadas, fueron elementos estructurales de la arquitectura sobre la que se erige la Autovía de Punilla.
Una obra queresponde al plan de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) y al Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN), son instancias de decisión política donde se pretende implementar la integración de la infraestructura de América del Sur, a costa del despojo de los pueblos por los que atraviesan estos mega proyectos. La lógica del modelo extractivista, hace décadas que requiere de sus circuitos de traslado de mercancías y se materializa en la infraestructura para la conectividad entre países y grandes zonas productivas hacia los puertos para la exportación de las materias primas.
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El 29 de julio de 2024, la instancia de apelación a la elevación a juicio, fue una oportunidad para dejar en evidencia el procedimiento irregular de la fiscal de Instrucción de Cosquín, Paula Kelm, quien también desestimó durante el 2023 las pruebas y testigos que los y las abogadas de los imputados presentaron ante la acusación.
En diciembre del año pasado, la Cámara del Crimen de Villa Dolores rechazó la apelación y respaldó la decisión de la Fiscalía de hacer lugar a estas pruebas, argumentó que no afectaban el curso del proceso ni el derecho a la defensa. Esta decisión fue uno de los principales agravios presentados por los y las abogadas, quienes denunciaron una falta de imparcialidad en el tratamiento del caso, donde dichos testimonios, entre otras pruebas, darían una versión diferente de los hechos.
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Hay un relato que falta. El contexto. La instrucción de la Fiscal Kelm, lo ignoró. El juez Rojo en la audiencia preliminar también. Insisten en que se declaren culpables y sobre esa descontextualización se construye un discurso que no evidencia la película completa. Mientras, el derecho a la protesta, es sintomático ante un sistema judicial que desvía el curso en las presentaciones formales, y la desobediencia civil se emerge como un medio legítimo en la democracia, un elemento necesario de su cultura política.
Hace tantos siglos como la injusticia, el filósofo John Locke (1632-1704), hablaba de la desobediencia civil en tanto imprescindible, “como motor del cambio del derecho” y como está justificada cuando, “no se puede invocar la ley para evitar la injusticia”. Son innumerables los ejemplos en el mundo que demuestran, frente al fracaso de los intentos legales, como a importantes cambios en las sociedades, los preceden enormes luchas sociales.
La manifestación es una acción colectiva, pero la justicia responde individualizando el ataque, mediante un procedimiento irregular y tendencioso. Quienes fueron expuestos ante esta causa, saben que la ley no garantiza protección. A pesar de existir acuerdos como el de Escazú, que especifica la situación de vulnerabilidad de los “Defensores Ambientales”, el accionar del Poder Judicial de la provincia de Córdoba, no lo cumple.
Todavía el miedo regula las emociones. Entienden que el comportamiento del poder político y judicial, ha sido feudal y no ven un Estado de plena garantía de derechos, donde causas como la defensa del agua en Mendoza, también tienen la misma persecución política que evidencia cuáles son las verdaderas amenazas para la sociedad.
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Se acerca el mediodía y las letras enormes que dicen: Absolución Ya, se levantan entre distintas manos al final de las escaleras de la justicia cruzdelejeña. Cuántas causas han llenado de nombres y demandas ese lugar. Cuántos cuerpos se han juntado para mostrar la otra versión de los hechos, yo sabía que la lucha ambiental nos uniría, se escucha en un cántico que se extiende a todas las formas de protesta sobre lo injusto.
Mayo será el mes que los vuelva a reunir en un escenario judicial que demuestre todo lo que la investigación de la Fiscalía no quiso incorporar en el expediente. Le pondrá voces y rostros. Habrá un afuera siempre sosteniendo a ese adentro, un laberinto que las luchas territoriales y colectivas saben cómo atravesar: “vamos a frenar la criminalización de la protesta en Córdoba”, dice Marcela sobre el final. Sabe que la memoria también es el motor de las luchas y que ésta hace rato que existe entre quienes nunca se rinden.
*Fotos: Eugenia Marengo
Fuente: www.cdmnoticias.com.ar