La Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA) reclama a las autoridades de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SAF) de Córdoba tratar las graves condiciones de trabajo que agudizó la epidemia del COVID-19.
En un contexto turbulento, donde la pandemia del COVID-19 avanza en nuestros barrios, en nuestros cuerpos y en nuestra salud. Viene también a desnudar realidades que siempre estuvieron y ahora se agudizan más.
Es por ello, que ATE Córdoba viene alertando sobre las situaciones de precarización laboral de las y los trabajadores, así como de los traslados compulsivos en SENAF.
En consecuencia, el Consejo Directivo Provincial de ATE exigió a la Provincia el pase a planta de las y los trabajadores, fin de despidos y traslados compulsivos y protocolos de COVID-19 con conocimiento de los trabajadores
En tal sentido, el pasado 10 de agosto la conducción de ATE solicitó una audiencia al secretario del área para ser parte de una mesa de trabajo por mejores condiciones laborales y para la defensa de los derechos de las y los trabajadores.
Vale señalar que al día de la fecha en SENAF las residencias están sostenidas en su mayoría por trabajadoras precarizadas, becarias y monotributistas, que no cuentan con ART y cobertura social, becarias que perciben salarios de de miseria de 8.000 pesos por veinte horas semanales, mientras las y los monotributistas cobran sus salarios entre el día 15 y 20 de cada mes.
En esa línea, funcionarios ordenaron traslados arbitrarios de trabajadoras y trabajadores sin tener en cuenta sus profesiones o perfiles para los cuales fueron contratados, exigiendo disponibilidad full time por el mismo monto de dinero.
Otros gravísimos problemas que debe afrontar el personal son los trasladados a residencias no tienen por escrito cuales son sus funciones, por lo cual no hay criterios sobre la tarea que desempeñan, la falta de reconocimiento del teletrabajo, y todo lo que implica desde flexibilidad horaria, uso de dispositivos personales, y mantenimiento de los mismos.
Las y los trabajadores denuncias “un vaciamiento del área social de penal juvenil, que impacta por tercera vez (desde finales del 2019 hasta hoy) en los procesos de los adolescentes y sus familias” y la “escasa socialización sobre cuáles son los protocolos del COE para las residencias y el resto de las instituciones de SENAF”.
