Por Juan Yacobs*
En Córdoba, la política criminal parece haber sido secuestrada por una lógica autoritaria, de selectividad brutal y sesgo clasista. En el centro de esa maquinaria se encuentra el Fiscal General Juan Manuel Delgado (foto de portada), quien ha consolidado un modelo de persecución penal que premia el encarcelamiento rápido, sin juicio, y castiga la disidencia.
La reciente audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sólo vino a confirmar lo que desde hace años se denuncia en pasillos judiciales, comisarías, cárceles y organizaciones de derechos humanos: En Córdoba se abusa de la prisión preventiva y de la figura de asociación ilícita como herramientas sistemáticas de control social.
La CIDH escuchó los planteos de los abogados penalistas Francisco Lavisse y Jorge Cardozo, quienes pusieron sobre la mesa el dato más brutal: Durante años, la mayoría de las personas presas en Córdoba no tenían condena. Eran ciudadanos encerrados sin juicio, bajo el amparo de una Justicia que reemplazó el debido proceso por la sospecha. La figura de asociación ilícita —pensada para mafias estructuradas— se aplica hoy a grupos de motochorros o arrebatadores, para justificar encarcelamientos masivos y prolongados.
Audiencia virtual de la CIDH.
Delgado no sólo defiende esta práctica. La institucionalizó. En un acto de cinismo absoluto, declaró que “el Ministerio Público apoya a todos los fiscales que usan esta figura en causas complejas”. ¿Causas complejas? ¿O simples operaciones de disciplinamiento a los sectores más vulnerables? Mientras tanto, su propio Fiscal Adjunto, Alejandro Pérez Moreno, fue públicamente reprendido por cuestionar esta deriva punitiva durante una charla académica.
Pero lo más escandaloso no es sólo lo que se hace, sino lo que no se hace. Mientras se fabrican asociaciones ilícitas donde no las hay, otras causas de verdadero interés social duermen el sueño eterno en los escritorios judiciales.
Ahí está el crimen de Cecilia Basaldúa, joven asesinada en Capilla del Monte en 2020, cuyo femicidio sigue impune. La investigación fue un cúmulo de irregularidades, encubrimientos y abandono institucional. No hay asociación ilícita, no hay prisiones preventivas, no hay celeridad: Hay impunidad.
Lo mismo ocurre con Jonathan Romo, muerto en una Comisaría de La Falda en 2022, víctima de apremios ilegales por parte de la Policía de Córdoba. En este caso, tampoco hubo prisiones preventivas, ni imputaciones de peso contra la cadena de responsabilidades que terminó con su muerte. El mismo sistema que encarcela sin juicio a quienes roban un celular, deja libres a los responsables del aparato represivo estatal.
Fiscal Ernesto de Aragón y Federico Giuliani, Secretario General de la CTA-A Córdoba.
Pero si hay una figura que no duerme, es la persecución a quienes se organizan. La criminalización de la protesta se ha vuelto una política de Estado en Córdoba. El Fiscal Ernesto de Aragón persigue penalmente a Federico Giuliani, Secretario General de la CTA Autónoma Córdoba, por el solo hecho de participar en una manifestación. Lo mismo ocurrió con defensores ambientales de Punilla, judicializados y procesados por luchar contra la Autovía de montaña, a pesar de existir un Hábeas Corpus preventivo que ordena garantizar su derecho a la protesta.
El mensaje del Ministerio Público Fiscal es claro: Si sos pobre y caés en el radar policial, cárcel sin juicio. Si te organizás para defender el ambiente o protestar por tus derechos, judicialización. Pero si sos parte de una estructura del poder o estás del lado de la fuerza represiva, gozarás de la más conveniente pasividad institucional.
Este no es un problema técnico, ni un exceso individual. Es un modelo judicial al servicio del control social y político, conducido por un Fiscal General que responde a un sector del poder político cordobés —el “Schiarettismo”— que ve en la Justicia un instrumento de gestión del orden. Delgado no actúa solo: Lo respalda una red de fiscales, jueces y operadores que han hecho de la prisión preventiva su política pública más efectiva.
Lo más alarmante es que, a pesar del señalamiento de la CIDH, nada parece cambiar. La interna judicial —entre schiarettistas, llaryoristas y delasotistas— se pelea por los sillones vacíos del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia, mientras los verdaderos problemas del sistema penal siguen sin solución. Las garantías constitucionales son papel mojado y el poder punitivo sigue siendo la única respuesta estatal a los conflictos sociales.
Juan Manuel Delgado deja su cargo en marzo del año que viene. Su salida debería ser el comienzo de una auditoría profunda al modelo de justicia que encabezó. Un modelo que naturalizó el encierro sin juicio, la represión judicial a la protesta y la impunidad para los crímenes del Estado.
En democracia, una Justicia así no puede ser tolerada. No se trata sólo de cambiar nombres: Se trata de cambiar el paradigma.
*Periodista. Secretario General de la CTA Autónoma Punilla