El Secretario General de ATE y la CTA Autónoma Córdoba, Federico Giuliani, encabezó el jueves una reunión con miembros de organismos de derechos humanos a quienes les agradeció por su acompañamiento en la denuncia contra el Fiscal Provincial Ernesto de Aragón, alfil de la Justicia adicta al “Cordobesismo”, que tiene a su cargo el monitoreo y control del conflicto social en la ciudad Capital.
El 12 de septiembre, organismos de derechos humanos denunciaron ante el Fiscal General de la Provincia, Juan Manuel Delgado, la actuación del Fiscal Ernesto Rafael De Aragón en la represión de una protesta realizada el pasado 28 de agosto, en Córdoba Capital, en reclamo de alimentos para comedores y merenderos populares, y en la detención del Secretario General de ATE y la CTA Autónoma, Federico Giuliani, y otros 14 dirigentes y manifestantes.
La grave denuncia se extiende a la “animosidad manifiesta” por parte del Fiscal respecto de Giuliani, e incluye un planteo para que intervengan la Oficina de DD.HH. en defensa del gremialista y el Tribunal de Ética del Poder Judicial para que analice la conducta del funcionario judicial.
También expusieron las agresiones e impedimento de realizar su trabajo a los periodistas que cubren este tipo de sucesos, lo que configura entre otras afectaciones, “censura y atenta contra el libre ejercicio de trabajar, informar y expresarse”.
La demanda es impulsada por la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba, Agrupación Ex Presos Políticos por la Patria Grande, e Hijos. Lleva las firmas de Mabel Sessa, Carlos Hugo Vicente, Adriana del Valle Ochoa, Juan José López, Silvia Salamone, María José Loto y Jorge Mario Lewit.
Piden respuestas claras
Giuliani señaló la falta de respuestas del Secretario de Políticas Sociales y Desarrollo Humano de la Municipalidad, Raúl Lacava, frente a los acontecimientos producidos en esa dependencia, que derivó en la represión y posterior detención de los militantes de la CTA-A y la Federación Nacional Territorial (FeNaT-CTAA) que habían concurrido a pedir comida para los merenderos y comedores comunitarios.
“No podemos naturalizar la Violencia Institucional ni el silencio cómplice de las autoridades municipales. Exigimos respuestas claras y justicia para las y los trabajadores”, subrayó.
Y agregó: “Desde la Central seguimos denunciando, organizando y defendiendo los derechos de los trabajadores y trabajadoras y sosteniendo que el hambre es un crimen. No obtuvimos respuesta del Intendente Daniel Passerini, y en el medio hay personas que necesitan ayuda social urgente”.
Afirmó que “es lamentable que se use el revanchismo y el castigo político contra quienes nos movilizamos y priven de asistencia alimentaria a los comedores barriales”, a la vez que recalcó que “las imputaciones del Fiscal De Aragón no tienen sustento real: Son un intento de criminalizar la protesta”.
Giuliani concluyó: “En el Encuentro Provincial de la Militancia de la CTA Autónoma que realizamos el miércoles pasado, uno de los puntos del Plan de Acción que se acordó es el de ejecutar una estrategia en común con los organismos de derechos humanos, para denunciar que la criminalización de la protesta social y la judicialización de los luchadores populares no son medidas aisladas, sino parte de un plan sistemático del poder económico a partir de la gestión política del Gobierno Provincial y del brazo judicial al servicio del ‘Cordobesismo’ para frenar la movilización de los que pelean contra el ajuste, el hambre y la pérdida de soberanía”.