“La Comisión Ejecutiva Provincial de la CTA Autónoma rechaza y repudia la decisión de la Jueza Marcela Leiva quién condenó a los docentes y dirigentes de la CTA-A de Misiones Mónica Gurina y Leandro Sánchez, por las acusaciones que se les formularon por su participación en el Acampe Docente en Posadas en el año 2024, presunto delito que la Fiscalía no pudo probar”, señala un comunicado.
Para la Central, “resulta intolerable que a 42 años de recuperada la democracia y en un estado de Derecho, haya que consentir la judicialización de la protesta social que se da a nivel nacional y se replica en las provincias, como la de Córdoba, que, al igual que la de Misiones, está al servicio de la clase política gobernante y los grupos económicos dominantes para perseguir, hostigar y criminalizar a los que protestan contra el ajuste, la entrega, el saqueo y la explotación de nuestro pueblo”.
“En una jornada bochornosa, atentatoria contra el derecho constitucional a reclamar, se leyó la sentencia condenatoria. Mónica Gurina recibió 10 meses de prisión en suspenso y Leandro Sánchez 8 meses en la misma condición. Además, se les impuso la realización de tareas comunitarias, en un fallo echo a medida de las pretensiones del Gobierno de la Renovación de amordazar a los que pelean y denuncian la injusticia social; lo que generó el inmediato repudio de las organizaciones libres del pueblo que bancan a los compañeros injustamente condenados, y en consecuencia, los sindicatos docentes no oficialistas de Misiones convocaron a un paro de 24 horas con asambleas zonales para este jueves 27 de noviembre y llamaron a movilizar al Palacio de Justicia de Posadas el próximo lunes 1º de diciembre, cuando se darán a conocer los fundamentos del fallo”, explica la nota.
La CTA-A Córdoba afirmó que “es inaceptable que ante la crisis social y económica imperante, donde la lucha necesariamente se profundiza, las prácticas persecutorias y criminalizadoras de la protesta social se refuercen desde el aparato estatal represivo. Una condena de estas características pretende constituirse en un mecanismo disciplinador y de amedrentamiento para quienes hacen frente a tantas injusticias”.
“Seguiremos denunciando e interviniendo cada vez que los reclamos genuinos y legítimos de la clase trabajadora se resuelvan criminalizando y judicializando la protesta. Ni luchar ni protestar es delito. Desde nuestra Central no claudicaremos en este reclamo, menos aún cuando tocan a un compañero o una compañera, y seguiremos exigiendo el cese de la persecución política a Gurina y Sánchez, con quienes nos solidarizamos y acompañamos en este momento. Rechazamos esta condena dictada por una Justicia adicta al poder; acordamos con la decisión de llevar la apelación a todas las instancias judiciales nacionales e internacionales que correspondan; y nos convocamos a redoblar fuerzas para poner freno a la prepotencia antipopular de esta democracia colonial al servicio de las minorías del privilegio”, concluye la declaración.