La solicitud se fundamenta en que ambas empresas continúan operando sin haberse inscripto en el registro previsto por la Ordenanza Nº 13.549, que regula la actividad y establece requisitos obligatorios para su habilitación.
Según expresó el gremio, la falta de inscripción de estas compañías evidencia que las aplicaciones siguen funcionando en la ilegalidad tal como -aseguran- ocurre desde hace años, aun después de la entrada en vigencia del nuevo marco normativo que fija controles y obligaciones tanto para las empresas como para los choferes.
Para el sindicato, esta situación profundiza la crisis laboral del sector formal y genera un escenario de competencia desleal que, sostienen, impacta de lleno en miles de trabajadores que dependen de la actividad.
Junto con el pedido de que el municipio active las gestiones judiciales correspondientes, la organización presentó otras medidas de carácter urgente destinadas a reforzar la fiscalización y proteger las fuentes de trabajo del sector.