Por Ezequiel Luque
La Legislatura de Córdoba aprobó la creación de la Procuración Penitenciaria Provincial, un organismo nuevo con competencia en establecimientos penitenciarios y dispositivos de privación de la libertad. Organizaciones de la sociedad civil y el CNPT critican que el Gobierno sigue incumpliendo la Ley 26827 que le exige crear un Mecanismo Local de Prevención de la Tortura (MLPT).
La Legislatura de Córdoba trató y aprobó el jueves por la tarde la creación de la Procuración Penitenciaria Provincial.
El proyecto de Ley 44944 fue presentado por la legisladora oficialista Nadia Fernández y contempla la creación de un ente nuevo, que buscará «la tutela, promoción y protección de los derechos y garantías de toda persona detenida o privada de libertad en jurisdicción provincial, cualquiera sea el organismo actuante, la naturaleza de la medida o el tipo de establecimiento».
Esto significa que la Procuración Penitenciaria Provincial estará facultada para llevar adelante inspecciones y requerir medidas en establecimientos penitenciarios, complejos carcelarios, alcaidías, centros socioeducativos para adolescentes en conflicto con la ley penal y cualquier otro dispositivo de detención o privación de la libertad.
“Este proyecto es reflejo de la preocupación que nos sigue generando el sistema penitenciario. Garantizará que se eviten abusos e improvisaciones. Este proyecto viene a fortalecer la arquitectura en materia de seguridad y gestión penitenciaria en la provincia”, aseguró Nadia Fernández, autora del proyecto.
Una de las polémicas de esta iniciativa es que crea una Procuración Penitenciaria General, tres Procuraciones Penitenciarias Adjuntas y una Secretaría Técnica, para lo cual se establecen siete cargos nuevos (en un principio, iban a ser vitalicios, pero finalmente quedaron por cinco años), de máximo rango salarial (equivalente a un vocal del TSJ) y que se cubrirán sin concurso.
Pero más allá del problema presupuestario, hay un tema más preocupante: La falta de mecanismos provinciales para prevenir la tortura.
La Red de Organizaciones en Defensa de los DD. HH. en contexto de encierro de Córdoba y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) señalan que la Provincia de Córdoba sigue en deuda con la creación de un Mecanismo Local de Prevención de la Tortura (MLPT).
Hace más de diez años que diferentes organizaciones exigen que la Provincia cumpla con la Ley 26827 que creó el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y que contempla la conformación de un “sistema” integrado por instituciones provinciales.
«Córdoba es una de las pocas provincias que, hasta el día de hoy, no tiene su ley de creación de MLPT (…) Pese a numerosas iniciativas en estos últimos años, continuamos esperando que se sancione una ley provincial que lo cree (…) Con la creación de la Procuración Penitenciaria Provincial, seguiría incumpliendo la obligación asumida internacionalmente», sostienen desde la Red Local y el CELS.
Las organizaciones remarcan que, para un correcto funcionamiento del Mecanismo Local de Prevención de la Tortura (MLPT), es necesario un sistema mixto con representación de organizaciones pertinentes de la sociedad (OCS); definiciones claras de los mecanismos y criterios de selección de sus miembros; y que se incorpore la posibilidad de querella, asistencia y asesoramiento a las víctimas y sus familiares, entre otros puntos.
«En particular, en nuestra provincia, el contexto se vio agravado en los últimos años por los casos de público conocimiento de muertes en contextos de encierro, que dieron lugar a la nueva crisis penitenciaria y de las múltiples denuncias de vulneraciones de DD. HH. expresadas por familiares y organizaciones. Vivimos un incremento de Violencia Institucional en contexto de encierro y esto se ve reflejado en las imputaciones por tortura seguida de muerte en el caso Moreno y las detenciones a 10 agentes penitenciarias por malos tratos y tortura de un interno trans», exponen las instituciones que abordan la temática.
También se expresó en este sentido el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), que si bien celebra el impulso legislativo orientado a fortalecer la protección de los derechos de las personas privadas de libertad, manifiesta que “el diseño institucional previsto en el proyecto presenta imporatntes inconsistencias”.
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura remarca varias fallas del flamante organismo: no hace mención de visitas de monitoreo no anunciadas ni entrevistas confidenciales con personas privadas de libertad; carece de independencia funcional y autarquía financiera; falta de pluralidad y participación ciudadana; y no se observan mecanismos de selección de sus integrantes.
«El Estado argentino ha recibido observaciones por parte de distintos órganos del sistema universal de derechos humanos por la falta de creación de mecanismos provinciales (…) La iniciativa en trartamiento no daría cumplimiento a la obligación internacional, manteniendo así el incumplimiento señalado reiteradamente por los órganos internacionales de derechos humanos y por este mismo Comité Nacional», concluye el comunicado del órgano nacional.
Imagen de portada: Gobierno de Córdoba
Fuente: www.latinta.com.ar