Un nuevo relevamiento oficial volvió a encender las alarmas en los organismos de derechos humanos. De las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1983, solo 19 se encuentran actualmente alojadas en cárceles comunes. La gran mayoría accedió al beneficio de la prisión domiciliaria, pese a haber sido halladas culpables de secuestros, torturas, asesinatos, desapariciones forzadas y apropiación de bebés.
El informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad detalla que el 83% de los condenados (348 personas) cumple la pena en su vivienda. En tanto, un 12% (62 represores) permanece detenido en la Unidad Penitenciaria N° 34 de Campo de Mayo, un establecimiento que, según el organismo, no puede equipararse al resto del sistema penitenciario debido al rol del Ejército en su administración.
La radiografía del sistema judicial resulta aún más preocupante si se observa el recorrido histórico de los juicios. Desde su reapertura en 2006, los tribunales federales dictaron 357 sentencias: 1.208 personas fueron condenadas y 247 resultaron absueltas. No obstante, menos de una veintena de los responsables del plan represivo sistemático permanece hoy tras las rejas en cárceles comunes.
La situación se replica en las causas que aún están en trámite.De los 515 imputados, el 84% transita el proceso bajo arresto domiciliario y apenas el 45% cuenta con tobillera electrónica u otro mecanismo de control. Además, el informe registra la existencia de 33 personas prófugas.
Otro dato clave del relevamiento es el impacto del paso del tiempo: en los últimos años fallecieron 1.762 acusados por delitos de lesa humanidad. De ese total, 1.252 murieron sin haber llegado a ser juzgados.
En el marco de la consigna de Verdad, Memoria y Justicia, la Procuraduría precisó que durante 2025 se dictaron 19 sentencias. La atención de los organismos y familiares de las víctimas estuvo puesta especialmente en dos procesos judiciales recientes: la causa “La Huerta”, que concluyó con ocho condenas y 27 absoluciones, y la causa “Pellegrini”, que terminó con 17 absoluciones. Ambos juicios, desarrollados en los tribunales orales federales de Mar del Plata y Rosario, fueron duramente cuestionados por el resultado de los fallos.
Actualmente hay 349 causas en curso vinculadas a crímenes del terrorismo de Estado. Doce de ellas se encuentran en etapa de juicio, mientras que otras 61 ya fueron elevadas y esperan fecha para el inicio del debate oral. En esos expedientes hay 316 personas procesadas, 176 con falta de mérito y 102 sobreseídas. A su vez, 500 personas tienen pedido de indagatoria por parte del Ministerio Público Fiscal y aún no fueron convocadas, y otras 74 ya declararon pero siguen a la espera de que se defina su situación procesal.
El informe vuelve a poner en discusión el alcance real de las condenas y las condiciones en las que se cumple la pena por los crímenes más graves cometidos en la historia reciente del país.
Fuente: www.elresaltador.com.ar