Las comunidades indígenas Sikiman y An’Koo, integrantes de la Organización Territorial KAMI Henen, del Parlamento Indígena Argentino y de la futura CTA Punilla Sur, difundieron un extenso y contundente comunicado en el que denuncian la persistencia de atropellos sobre territorios ancestrales, sitios sagrados y bienes culturales milenarios en la región de Cosquín y el Valle de Punilla.
En el documento, las comunidades parten de una definición clara: Reconocen los derechos de la propiedad privada, pero advierten que esas propiedades se asientan sobre territorios ancestrales indígenas, por lo que no puede desconocerse la preexistencia de los pueblos originarios ni negarse su derecho a la reparación histórica, al acceso a los sitios sagrados y a la protección de su cultura.
Las comunidades recuerdan que Cosquín fue reconocido oficialmente como “pueblo de indios” en 1694, tras una visita de autoridades coloniales. Esta denominación no fue simbólica: daba cuenta de la existencia de poblaciones originarias organizadas territorialmente antes de la llegada del colonialismo español.
“Es un muy buen momento para que la sociedad entera acompañe, de una vez por todas, la reparación histórica de Cosquín, pueblo de indios, y se sanen las heridas abiertas por siglos de terror, persecución, saqueo, cambio de identidad y negación de un pueblo milenario”, señalan.
Desde el inicio del proceso de reordenamiento territorial, las comunidades sostienen que trabajaron junto a vecinas, vecinos y otras comunidades para proteger sitios sagrados, enterratorios, espacios ceremoniales, nacientes de agua y bienes culturales milenarios, muchos de los cuales habían sobrevivido ocultos y mimetizados en el paisaje.
Estos sitios quedaron en riesgo directo con el avance del proyecto de la Autovía Punilla, cuyo trazado atravesó territorios de enorme valor cultural y espiritual.
Fernando Guzmán (Manguz), autoridad de la Comunidad Sikiman de Punilla Sur, relata que acompañó personalmente a autoridades del INAI a la zona de Las Tunas y El Ancón para iniciar los trámites de reconocimiento comunitario y protección territorial. En ese marco también se presentaron documentaciones formales para declarar como sitios sagrados espacios ceremoniales del Ancón y Las Tunas, así como los del Cerro Colorado.
Cuando la zona de Molinari fue militarizada para proteger la instalación del obrador de la autovía, las comunidades y vecinos ingresaron al territorio para documentar el impacto del trazado, que amenazaba con destruir bienes culturales tangibles e intangibles de una cultura milenaria.
Al mismo tiempo, la Organización KAMI Henen participaba de una Mesa de Trabajo convocada por el Gobierno de Córdoba para reglamentar la Ley Provincial N.º 10.317, que adhiere a la Ley Nacional N.º 25.517 de restitución de restos humanos indígenas. La normativa establece, además, que en caso de hallazgos asociados a ajuar funerario, todo debe ser restituido a las comunidades y que la consulta a las comunidades del territorio es obligatoria.
En esa mesa —integrada por comunidades indígenas, universidades, museos, organismos culturales y la Secretaría de Derechos Humanos— se advirtió formalmente sobre el riesgo que corrían los sitios sagrados del Ancón. Aun así, varios de ellos fueron destruidos.
En El Ancón se colocaron coordenadas, se registraron sitios sagrados y, por primera vez tras siglos de silencio, las comunidades compartieron el significado espiritual y cultural de esos espacios. Se instalaron carteles para declararlos Áreas de Protección Cultural Indígena, pero fueron retirados a los pocos días.
El mismo patrón se repitió luego en otros momentos clave.
En mayo de 2022, durante el Acampe de Molinari contra la Autovía Punilla, una referente de KAMI Henen participó junto a vecinos y vecinas. El desalojo fue violento y posteriormente calificado de ilegal por organismos de derechos humanos. Tras ello, la obra avanzó, dejando un territorio profundamente impactado.
Las comunidades realizaron denuncias a nivel municipal, provincial, nacional y también una denuncia internacional ante la OIT, presentada a través de la CTA Punilla, acompañada por ATE y otros gremios y organizaciones sociales. La denuncia continúa vigente y se sigue ampliando con nueva documentación.
Tiempo después, las comunidades se enteraron de la creación de la Reserva Natural Cultural Río Yuspe Cosquín, aprobada por unanimidad en el Concejo Deliberante. Si bien celebraron la iniciativa, denunciaron no haber sido convocadas inicialmente, a pesar de ser comunidades del territorio.
Luego fueron incorporadas al Plan de Manejo, tal como lo establece el Convenio 169 de la OIT, que garantiza el derecho a la consulta previa, libre e informada. En ese espacio, realizaron un enorme aporte cultural, compartiendo toponimias, significados ancestrales y reinterpretaciones del territorio.
Ese trabajo colectivo dio origen al Sendero Ch’spe An’Koo, inaugurado el 10 de mayo de 2025, que visibiliza sitios de sanación, ceremoniales, enterratorios y espacios astronómicos sagrados.
Sin embargo, poco tiempo después, los carteles del sendero también fueron arrancados, se reforzaron alambrados ilegales y recientemente se destruyó el primer punto señalado del recorrido: morteros ancestrales que aún hoy son utilizados para preparar medicinas de sanación.
Las comunidades recuerdan que la propiedad privada puede estar sujeta a limitaciones por razones de interés social y que el acceso a sitios sagrados es un derecho humano y cultural.
Además, señalan recientes investigaciones científicas del CONICET y la Universidad de Harvard que identifican un linaje genético único en la región de Córdoba, con continuidad de más de 8.500 años, demostrando que las poblaciones originarias no fueron desplazadas ni reemplazadas.
“Aquí estamos. Somos parte de ese linaje. Somos los guardianes de este conocimiento milenario”, afirman.
Las comunidades participan activamente en las mesas de Cultura Viva y en el reordenamiento territorial para evitar que su cultura siga siendo destruida, ocultada o enterrada.
El comunicado concluye con un llamado urgente a contar la historia completa del Camin Cosquín, territorio sagrado de un pueblo milenario, y a poner fin a siglos de invisibilización.
La declaración lleva las firmas de Fernando Manguz (Guzmán); Comunidad Sikiman An’Koo–Organización Territorial KAMI Henen–Parlamento Indígena Argentino. Secretario de Derechos Humanos de la CTA Autónoma Punilla y Héctor Sosa; Referente y hombre de medicina del Ancón–Cosquín.