La criminalización de la protesta social es una marca registrada del “Cordobesismo” que gobierna la provincia de Córdoba desde el 12 de julio de 1999. No le va en zaga en materia de derechos humanos: Córdoba es la provincia con mayor cantidad de presos por habitante. Cinco provincias superan ampliamente la tasa nacional de encarcelamiento: Córdoba encabeza la lista, con casi 377 personas privadas de libertad cada 100.000 habitantes, según un informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT).
El 10 de septiembre del año pasado el Secretario de Derechos Humanos de ATE y Secretario de Formación de la CTA Autónoma Córdoba, César Theaux, junto al asesor letrado del gremio, Claudio Orosz, se hicieron presentes en los tribunales de la provincia para denunciar al represión policial orquestada por el Fiscal Ernesto de Aragón frente a la sede de la Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Córdoba el 28 de agosto de 2025. La denuncia quedó radicada en la Fiscalía Distrito 1 Turno 6.
En la ocasión y como resultado de la represión, el Secretario General de ATE y la CTA Autónoma Córdoba, Federico Giuliani, resultó con un brazo quebrado y detenido durante cinco días, sin poder realizar su declaración indagatoria ya que el Fiscal de la causa, Ernesto de Aragón, no instrumentó dicha declaración a los fines de poder dictar su posterior libertad.
La Jueza de Control Nº4 interviniente, Anahí Cristina Hampartzounian, puesta en conocimiento de la situación que atravesaba Giuliani y que el dirigente siempre se atuvo a derecho, concurriendo a los tribunales provinciales cada vez que le fue requerido, ordenó dar su libertad, a pesar de De Aragón que, 15 días después de los hechos, aún no lo había llamado a declarar.
En ese marco, y durante la detención de las y los compañeros, Theaux se identificó como abogado, exhibiéndole su matrícula profesional al Jefe del operativo policial, pero ello no impidió que terminara detenido, obstaculizando su derecho a intervenir en la situación e impidiéndole a las y los detenidos poder contar con una defensa legal en ese momento. Además, fue secuestrado su teléfono, mientras sus piernas aún mostraban los rastros de la violencia policial que sufrió durante su detención.
El dirigente sumó, junto a Orosz, material probatorio como filmaciones de organizaciones de la sociedad civil que demuestran que el procedimiento policial fue absolutamente ilegal, ya que la protesta se produjo en ejercicio del derecho constitucional a manifestarse ante la autoridad pública, que no fue violenta. Por lo tanto la denuncia establece que el procedimiento represivo fue ilegal y pergeñado por las máximas instancias de la Policía de la Provincia y el Fiscal De Aragón.
Revés para el Fiscal De Aragón
En un nuevo revés para el Fiscal Provincial Ernesto De Aragón, quien tiene a cargo el armado de causas en la Justicia Provincial contra el Secretario General de ATE y la CTA Autónoma Córdoba, Federico Giuliani, en el contexto de las protestas que el sindicato y la Central vienen llevando adelante en ejercicio de los más básicos derechos constitucionales, en diciembre de 2025 la Cámara de Apelaciones de Córdoba ordenó que una causa sustanciada por el funcionario, de comunicación directa con el Gobierno Provincial, sea traspasada a la Justicia Federal, rechazando así las pretensiones del Fiscal de continuar a cargo del expediente.
Se trata de la causa sustanciada a partir de la represión policial del 25 de mayo de 2024, en el contexto de la visita del Presidente Javier Milei a la ciudad de Córdoba.
En su afán por agregarle a Giuliani nuevas imputaciones, en su alocada carrera de persecución al Secretario General de ATE y la CTA-A, De Aragón lo acusó del delito de “instigación publica para cometer delitos”, artículo 33 del Código Penal.
Por dicha causa, y en un ejercicio desproporcionado de la persecución judicial, el Fiscal ordenó allanamientos en la sede de la Seccional ATE Río Cuarto y en el domicilio particular de Giuliani, secuestrándole su teléfono celular particular y el de su hijo más chico, un niño que lo utilizaba para sí mismo y no para organizar ningún delito como la afiebrada cabeza del Fiscal pudo sospechar. También le impuso una caución de 10 millones de pesos para mantener la libertad mientras continuaba las actuaciones.
“Resulta que el Fiscal le imputa a Giuliani un delito establecido en el articulo 33, que es de orden federal. Es decir que De Aragón pretendió llevarlo a juicio por un delito para el que no es competente. Se lo dijimos desde la defensa, después se lo dijo la Jueza de Control, que nos dio la razón en primera instancia, y ahora se lo dice la Cámara de Apelaciones”, detalló el abogado Claudio Orosz, a cargo de su defensa.
De Aragón está denunciado penalmente por Giuliani a raíz de la represión en una marcha a la Municipalidad de Córdoba el 28 de agosto del año pasado, donde fue detenido y sometido a vejámenes por la policía, al punto de sufrir la quebradura de un brazo.
Se trató de un segundo revés que le impone la Cámara de Acusación a De Aragón, después de sobreseer a Giuliani, y otros dirigentes sociales, en otra causa armada por el Fiscal, que había pedido su elevación a juicio luego de procesarlo por “entorpecimiento al transporte” en la jornada de protestas piqueteras de la Marcha Contra el Hambre, que se realizó en abril de 2023. Para la Cámara “…Es indiscutible el derecho de los ciudadanos a transitar por el territorio argentino, a reunirse y a peticionar a las autoridades (art. 14 de la Constitución Nacional), en cuyo marco se ejerce, o en sí mismo consiste, el derecho a manifestar sus opiniones y reclamos en la vía pública”.