La cesación de pagos del Programa Incluir Salud desde diciembre y la falta de implementación efectiva de la Ley de Emergencia han llevado al sistema de atención a la discapacidad «al borde del colapso». En Córdoba, donde al menos 40.000 personas dependen de esta cobertura como único sostén, el Gobierno no solo acumula deudas, sino que «ha decidido castigarlos», empujando a instituciones y trabajadores a una situación límite. Lejos de «hacer más eficiente el Estado», lo que se despliega es un programa que viene a «arrasar con todo», poniendo en riesgo las condiciones mínimas de dignidad de las personas con discapacidad.
Por Martín Passini para La tinta
La cesación de pagos del Programa Incluir Salud desde diciembre y la falta de implementación de la Ley de Emergencia son los puntos más urgentes de las demandas que el colectivo de la discapacidad sostiene frente a un gobierno que apuesta al desgaste para seguir llevando adelante su programa de ajuste brutal y la privatización definitiva de los servicios para personas con discapacidad.
Una estimación rápida calcula que, en Córdoba, al menos 40.000 personas con discapacidad tienen el Programa Incluir Salud como única cobertura de salud. Es una estimación, porque no existe un registro público y accesible. Esta verdadera política pública fue pensada en el año 2004 como una obra social para las personas que tienen pensión por discapacidad. Desde entonces, brinda acceso a los servicios de salud, apoyos, educación especial, transporte, pañales, medicamentos, docente de apoyo a la inclusión, hogar, estimulación temprana o centro de día, entre otros. Todos estos servicios son garantizados por la cobertura de Incluir Salud, como si la persona con discapacidad tuviera una prepaga o una obra social sindical.
O mejor dicho, estaban garantizados. Porque a los recortes y dificultades de los últimos años, el Gobierno nacional ha sumado un nuevo ataque. Desde diciembre, no ha abonado absolutamente nada a ninguna institución, profesional o centro de atención. Aludiendo primero a cambios en la estructura ministerial (la desaparecida ANDIS se transformó en SeNaDis o Secretaría Nacional de Discapacidad, y se desjerarquizó pasando al Ministerio de Salud) y ofreciendo solo evasivas y silencios después, el Ejecutivo nacional entró en cesación de pagos con los prestadores.
Sin dudas, esta muestra de crueldad absoluta está en la cima del ranking de las urgencias que pone a los centros e instituciones al borde del quiebre. Hablamos de la urgencia más dolorosa. Hablamos de las personas que no tienen otra cobertura. En su gran mayoría, no tienen recursos ni trabajo ni ingresos familiares. Solo la pensión, antes «por invalidez», hoy «para la protección social». Solo eso e Incluir Salud. Son las personas más vulnerables entre las personas más vulnerables. Las organizaciones que prestan servicio a personas con estas características, además de ese servicio específico, lo que hacen es rescatar ciudadanos del abandono de lo público, para que puedan acceder a las condiciones elementales de dignidad.
Los centros que no cierran las puertas a personas con discapacidad que tienen Incluir Salud, históricamente, lo han hecho sabiendo que siempre implica más dificultades. Los pagos se demoran, a veces no se actualizan. No reciben por conveniencia, sino por convicción. Porque atienden en el nombre de todos. Es la forma de que el Estado esté presente. A esas instituciones, a esos centros, a esos trabajadores, el Gobierno nacional ha decidido castigarlos. Y no hay ninguna señal que muestre la más mínima voluntad de pago.
Un repaso
Esta cesación de pagos se da en el contexto de una Ley de Emergencia, promulgada y estancada; luego de que el movimiento social en todo el país lograra una conquista histórica: que el Congreso no solo aprobara, sino además insistiera con la vigencia de la legislación, torciendo para ello el veto presidencial. Así, el Ejecutivo tuvo que promulgar la Ley 27793 en septiembre del año pasado. Pero la puso en suspenso, hasta tanto el Congreso le indicara de dónde tomar el presupuesto necesario para aplicarla. De nuevo, la movilización de la sociedad civil acudió a la denuncia pública y, esta vez, fue la Justicia la que sentenció que el Ejecutivo no podía tirar la pelota a otro poder del Estado. Y debía cumplir la Ley.
El emplazamiento tenía fecha de vencimiento y, sobre el filo, en febrero de este año, el Gobierno finalmente reglamentó la Ley. O partes de la Ley. Porque, por ejemplo, los artículos que determinan que el Ejecutivo debe disponer del presupuesto para las pensiones «por discapacidad para protección social» o para las compensaciones para prestadores por todo lo perdido desde diciembre de 2023, o para las actualizaciones de aranceles de esos mismos servicios de ahora en más, quedaron sin reglamentar.
A los pocos días, además, el Ministerio de Salud emitió una resolución indicando la «conversión» de las pensiones. De nuevo, el Gobierno metió la cola: aunque la ley era clara y la conversión era «de oficio» ―aquellas personas que tenían “pensión por invalidez” pasaban directamente a gozar de la «pensión por discapacidad para protección social», con el mismo monto―, la resolución las obligaba a sacar el Certificado Único de Discapacidad, en tiempo récord de 30 días, que el propio Estado y sus centros de certificación no están en condiciones de cumplir. Y muchas quedarían en el camino, ya que quienes perciben pensión pueden tener cuestiones de salud complejas que les impiden trabajar, pero no siempre es una discapacidad.
Aquí fue el Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS) el órgano que logró suspender la resolución y trabajar en una nueva modalidad que contemple, además, criterios socioeconómicos y de discapacidad acorde a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El COFEDIS reúne a funcionarios responsables de las políticas de discapacidad, tanto del Estado nacional como de las Provincias, y representantes de las ONG de todo el país.
El resto de la Ley de Emergencia está virtualmente estancada. Solo los aranceles se han actualizado en el último mes (2,9%), pero de la recomposición de todo el período 2024 y 2025 solo ruido. El último capítulo, hasta el momento en que escribimos esta nota, es el anuncio de Manuel Adorni en la paupérrima conferencia de prensa que brindó el miércoles 25 de marzo, en la que, además de pelear con periodistas y con las noticias de sus propios escándalos de corrupción, afirmó que, junto a un nuevo paquete de leyes, presentarán las reformas a la Ley de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario.
En el marco de una Ley de Emergencia que sigue sin aplicarse y con la urgencia de la cesación de pagos de Incluir Salud, el colectivo de organizaciones que atienden a personas con discapacidad, días atrás, resolvió una medida inédita, por lo extrema. Tres días de paro. El cese de actividades se dio en todo el país. No es fácil para las organizaciones que atienden a personas con discapacidad no brindar sus servicios. Se trata de la salud, la atención a la primera infancia, la rehabilitación, la alimentación, la vida en un hogar. Y así. Son decisiones que se toman cuando nada más puede hacerse. Pero aún así, el Gobierno da la espalda.
Con todo este panorama, a esta altura del conflicto, las preguntas que surgen ya no son «cómo aplicará el gobierno la Ley de Emergencia» o «cuándo abonará lo que le debe a las instituciones». Las preguntas son mucho más crudas.
¿Qué respuesta le dará el Estado argentino a las personas con discapacidad que no tienen familias y viven en hogares, cuando estos cierren? ¿Qué hará el gobierno con las personas con discapacidad cuando los centros a los que concurren ya no puedan comprar más alimentos? ¿Qué solución le dará el gobierno a los chicos y chicas con discapacidad cuando tengan que dejar la escuela porque no puedan contar con docentes de apoyo a la inclusión? (Y ya sucede. Y empeora año a año).
Estas ―y tantas otras preguntas que no queremos ni pensar― no son golpes bajos retóricos. Son cuestionamientos totalmente pertinentes. Porque, en definitiva, el Gobierno no ha venido a hacer más eficiente el Estado, no vino a equilibrar cuentas. Vinieron a arrasar con todo. Con lo que queda de dignidad a nuestra sociedad. Por el mero hecho de que lo común les minimiza la renta financiera. La diferencia que están haciendo.
Las instituciones pioneras de la discapacidad, así como el sistema de prestaciones a favor de las personas con discapacidad (que se promulgó como ley en los años 90 y se consolidó a mediados de los 2000), así como la propia Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, fueron conquistas sociales motorizadas principalmente por las propias personas con discapacidad y sus familias. Son frutos de la lucha histórica de familias que supieron crear, construir, proyectar e inventar cuando no existía nada.
Es fundamental, en esta hora de la historia, que las personas con discapacidad, que las familias de las personas con discapacidad, que quienes trabajan con las personas con discapacidad entiendan y hagan entender a los demás que estamos asistiendo a un verdadero robo. A la destrucción de las más preciadas conquistas del colectivo de la discapacidad.
Qué piensa el gobierno hacer con las personas ya lo hemos visto. Lo hemos visto cuando Adorni inundaba las pantallas con la famosa radiografía del perro para criminalizar a los pensionados. Cuando lo hacía, sabía perfectamente que esa pensión, la de la colita del perro, había sido rechazada, no había sido entregada.
La cita que da título a esta nota es fake. No podemos dar fe de que alguien la haya dicho, pero, más que por sus discursos, las personas y los gobiernos hablan por sus conductas, por sus políticas. Y pocos gobiernos han sido tan claros en su voluntad de arrasarnos material y simbólicamente nuestra identidad como sociedad. La pregunta es entonces: ¿qué podemos hacer como colectivo, como comunidad? Las respuestas están en la historia, en las historias de quienes inventaron respuestas comunitarias cuando no había nada. Y, para eso, hay que ejercer la memoria.
Imagen de portada: ATE
Fuente: www.latinta.com.ar