El agronegocio cordobés vende «gestión sustentable» en los foros corporativos de Buenas Prácticas mientras financia la topadora, la usurpación territorial y los incendios a gran escala que devastan el Gran Chaco argentino. Tras aniquilar más del 95% de sus propios bosques nativos y colmatar la pampa húmeda, la élite agroganadera de la provincia mudó su frontera extractiva al Norte Grande del país: apalancados en un esquema de «puerta giratoria», peso político e impunidad judicial, referentes ruralistas como Luis Albino Picat, Roberto Urquía y Luis Alejandro Magliano blanquean la destrucción de miles de hectáreas protegidas, megacausas por abigeato vip y fuegos intencionales en Chaco y Santiago del Estero tras un calculado marketing de «transición verde» y progreso.
Por Daniel Díaz Romero
Existe un hilo conductor ―tan financiero como territorial― que une los aseados despachos corporativos de Jesús María, Marcos Juárez o la capital cordobesa con los desmontes y las oscuras columnas de humo que cruzan el cielo del Gran Chaco argentino. Durante décadas, una influyente élite agroganadera cordobesa construyó un andamiaje de poder donde los límites entre la representación ruralista, las bancas legislativas y los negocios privados se volvieron borrosos. Fervientes defensores de las instituciones en su narrativa sobre la «autonomía cordobesa» y la propiedad privada, estos mismos actores encontraron en el Norte Grande ―Chaco, Santiago del Estero y Salta― una frontera productiva donde la fiscalización estatal se diluye ante la presión del capital extractivo.
A la distancia, la élite opera con la comodidad de quien cobra dividendos sin sufrir la degradación de su territorio ni la escasez de agua. En geografías donde la presencia estatal es permeable a la billetera corporativa, figuras de peso que presidieron entidades rurales u ocupan cargos públicos terminan salpicadas en expedientes por usurpación de tierras, desmontes ilegales, incendios intencionales, abigeato y estafas. La mística del «campo que alimenta al país» revela así su cara más amarga: una matriz de impunidad donde la destrucción de bosques centenarios se liquida como un ítem más en la planilla de costos de los grandes empresarios ruralistas.
El colapso del mapa local: Anatomía de la «colmatación» cordobesa
Para comprender por qué la burguesía agraria del centro del país desembarcó con voracidad en el Gran Chaco, hay que analizar el diagnóstico terminal del suelo cordobés. Córdoba no exportó su modelo de desmonte por casualidad, sino por ahogamiento de su propio margen de expansión. Tras décadas de agriculturización salvaje impulsada por el monocultivo de soja y el corrimiento de la frontera ganadera, la provincia devoró más del 95% de sus bosques nativos originarios, dejando un remanente en buen estado que no alcanza el 3% de la superficie provincial.
Esta devastación se consolidó bajo una doble tenaza. Por un lado, la pampa húmeda cordobesa ―departamentos como Marcos Juárez, Unión o Juárez Celman-― alcanzó una colmatación productiva absoluta con precios de la tierra cotizados en valores astronómicos. Por el otro, el avance inmobiliario en Sierras Chicas y el Valle de Punilla asfixió las áreas de recarga hídrica, desatando crisis de agua potable, inundaciones e incendios forestales recurrentes.
En ese escenario de saturación ecológica y conflictividad social, nació la urgencia empresarial de «exportar» el modelo cordobés. Ante una ciudadanía movilizada que frenó en las calles los intentos por perforar la Ley Provincial de Bosques n.° 9814 y habilitar el rolado en áreas protegidas, el empresariado comprendió que la tasa de ganancia local enfrentaba dos límites infranqueables: el tope físico del suelo destruido y la resistencia comunitaria organizada. La solución fue desplazar la maquinaria: llevar la tecnología de desmonte, el financiamiento y la metodología de penetración local hacia provincias más golpeadas por la vulnerabilidad socioeconómica, donde el costo por hectárea representaba una fracción del valor pampeano y el costo político era absorbido por los gobiernos locales.
La puerta giratoria del agronegocio
Esta penetración no responde a fuerzas abstractas del mercado, sino al cruce sistemático de intereses entre la función pública y el patrimonio privado. En Córdoba, la línea entre el interés común y los negocios personales lleva años desdibujada, con dirigentes políticos que debaten marcos regulatorios ambientales mientras administran sus establecimientos agropecuarios.
El caso de Luis Albino Picat sintetiza este esquema. Antes de ser intendente de Jesús María y luego diputado nacional ―electo por la Unión Cívica Radical (UCR), aunque, en noviembre de 2025, se sumó formalmente al bloque oficialista de La Libertad Avanza―, presidió la Sociedad Rural más influyente de la provincia. Desde esa plataforma, articuló un entramado societario que abarca a las firmas El Cebil S. A. y Bosque Alto S. A. ―dedicadas a la ganadería y al desmonte en el norte―, en paralelo a Granja La Quimera y el Frigorífico Qualitá. La paradoja es absoluta: mientras en el Congreso discute leyes para el sector primario, las empresas familiares de su grupo acumulan querellas judiciales por ocupación ilegal de tierras, desmontes e incendios no autorizados en Santiago del Estero.
La mecánica de este circuito funciona con precisión industrial. En el norte profundo, Bosque Alto S. A. mete maquinaria pesada y fuego ilegal para “limpiar» la cobertura vegetal, mientras El Cebil S. A. acumula denuncias por intrusión en tierras comunitarias. Una vez barrido el monte, los granos cosechados sobre las cenizas viajan en camión a Córdoba para alimentar a miles de cerdos en el engorde intensivo de Granja La Quimera, en San José de la Dormida. El ciclo se cierra en los ganchos del Frigorífico Qualitá, que empaqueta los cortes para supermercados. De este modo, una usurpación violenta en el Gran Chaco termina reconvertida en carne embolsada para el consumo en el centro del país. Cuando las pericias satelitales probaron la intencionalidad de los incendios, Bosque Alto S. A. recurrió al manual corporativo: ofrecer 30 millones de pesos de «resarcimiento ambiental» para apagar la vía penal.
Un patrón similar se observa con el ex senador Roberto Urquía, electo por la alianza Unión por Córdoba que coqueteó con el kirchnerismo y el macrismo, accionista de Aceitera General Deheza (AGD) y vinculado a Las Guindas S. A. Mientras ocupaba su banca en el Congreso debatiendo retenciones y comercio exterior, sus empresas extendían la frontera productiva hacia el Chaco.
En el plano provincial, la presión de estos grupos ha sido clave. Mientras la política agropecuaria se impulsa desde el Ministerio de Bioagroindustria, la fiscalización de los bosques recae en la Secretaría de Ambiente, Economía Circular y Biociudadanía ―relegada bajo la órbita del Ministerio de Educación cordobés―, una fragmentación que el lobby aprovecha para presionar por excepciones a medida.
Chaco y Santiago: La ingeniería administrativa del desmonte
En la provincia del Chaco, la tala del bosque nativo se transformó en una ingeniería administrativa de gran escala. La «Megacausa de la Mafia del Desmonte«, radicada en el Juzgado Federal n.° 1 de Resistencia e impulsada por el fiscal Patricio Sabadini tras denuncias de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, puso al descubierto un esquema aceitado para saltear la Ley Nacional de Bosques (n.° 26331).
El expediente expone la dinámica de la «puerta giratoria» en su máxima expresión. Para confeccionar los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), intervino la consultoría técnica: el ingeniero agrónomo Hernán Halavacs firmó más de 300 expedientes avalando que, en parcelas protegidas, no había valores ecológicos que preservar. Tiempo después, ocurrió el salto institucional: Halavacs juró como ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible del Chaco. De la noche a la mañana, el profesional que cobraba en el sector privado para justificar desmontes pasó al otro lado del mostrador a auditar y aprobar sus propios permisos.
Bajo la cobertura de disposiciones tramitadas en esa gestión, las topadoras arrasaron más de 150.000 hectáreas protegidas en Zona Amarilla. Entre las empresas salpicadas, figura la familia Urquía mediante Las Guindas S. A., firma que había contratado a Halavacs para intervenir 1.331 hectáreas en General Belgrano. Hoy, la empresa enfrenta un escenario complejo: en Chaco, sus permisos quedaron congelados por medidas cautelares de la Justicia Federal; mientras que, en Santiago del Estero, tras litigar por 1.500 hectáreas contra comunidades campesinas, el grupo cedió parte de las tierras ante el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) para frenar el desgaste mediático y penal.
El cerrojo legal y la mora institucional
El avance extractivo requiere de un andamiaje jurídico que disfrace la destrucción ambiental de «desarrollo». Bajo la Ley Nacional n.° 26331, Chaco y Córdoba exhiben las dos caras de la misma trampa: la maniobra regresiva y la parálisis estatal deliberada.
En Chaco, el intento de blanquear la deforestación masiva se materializó en la Ley Provincial 4005-R, que pretendió recalificar por decreto más de un millón de hectáreas protegidas. La jugada buscaba perdonar los desmontes ejecutados bajo amparos irregulares, pero chocó con la Justicia Federal. La Cámara Federal de Casación Penal frenó la norma aplicando el «principio de no regresión ambiental» ―consagrado en el Acuerdo de Escazú―, ratificando que ninguna ley provincial puede otorgar un nivel de protección inferior al existente ni anular cautelares por delitos ambientales.
En Córdoba, la trampa opera en el extremo opuesto: la inacción calculada. La Ley Provincial n.° 9814 debía actualizar su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) cada cinco años. Córdoba acumula más de una década de mora institucional. Mantener el mapa congelado permite a las autoridades administrar la conservación en una zona gris, aprobando excepciones puntuales para desarrollos inmobiliarios y agrícolas mientras se evita el costo político de debatir un nuevo mapa en la Unicameral.
El abigeato vip y el espejismo del biogás
Los expedientes que salpican a la dirigencia agropecuaria cordobesa rozan también el delito penal común. Luis Alejandro Magliano, ex presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, terminó imputado por la fiscal Mariela Bitar de Papa por asociación ilícita, estafa y abigeato doblemente agravado.
Su firma, Óleos del Centro, montó una maniobra en Weisburd, Santiago del Estero. Primero, recibió en sus corrales más de 3.500 vacas pertenecientes a fondos de inversión para su engorde en feedlot. Segundo, las vacas desaparecieron: las inspecciones judiciales descubrieron que los animales fueron trasladados clandestinamente hacia campos de terceros ―entre ellos, Cabaña Pilagá― para saldar deudas privadas. Tercero, el banquillo: tras permanecer prófugo y ser detenido, la Cámara de Alzada confirmó la elevación de la causa a juicio oral.
Para cerrar el relato de la sustentabilidad, este agronegocio suele exhibir en congresos sus plantas de biogás como paradigma de la «producción verde» y la economía circular. Sin embargo, detrás del marketing, se esconde una cadena de lavado: se desmonta el Gran Chaco para sembrar granos; se fletan a megagranjas porcinas del norte cordobés; se alimenta al ganado en confinamiento y se procesa el estiércol en biodigestores para generar electricidad «limpia». La trampa contable es evidente: la bioenergía sustentable se genera procesando el excremento de animales alimentados con soja producida sobre las cenizas del Norte.
Lo que la burguesía agroindustrial cordobesa ha consolidado no es un modelo de desarrollo, sino un aceitado sistema de colonización interna: empaquetar y exportar la matriz del desmonte asumiendo que la devastación ecosistémica no paga aduana. Mientras las comunidades originarias y campesinas del Norte Grande argentino heredan suelos desérticos, cuencas colapsadas y el aire enrarecido por el humo, la ingeniería corporativa utiliza los límites provinciales como una ficción legal para eludir el Código Penal.
Cuando arrasar miles de hectáreas de monte centenario se resuelve en un despacho judicial donde una firma privada liquida su responsabilidad criminal ofreciendo un cheque de 30 millones de pesos como «reparación ambiental», la sanción deja de ser un castigo para convertirse en un simple peaje operativo. En tanto la chequera y las influencias políticas sigan sirviendo como extintores de tribunales, la autoproclamada «República de Córdoba» continuará ostentando divisas limpias y balances verdes, mientras el Gran Chaco argentino paga la fiesta con el luto silencioso de sus montes nativos caídos.
Imagen de portada: Martín Katz
Fuente: www.latinta.com.ar