Por Juan Yacobs*
La derogación del Estatuto del Periodista Profesional prevista para enero de 2027 abre una disputa que trasciende lo laboral: Pone en cuestión las condiciones materiales para ejercer el periodismo y garantizar el derecho a la información. La respuesta exige construir una estrategia federal de organización y lucha que permita convertir la defensa de estos derechos en una política colectiva del movimiento sindical de prensa.
La derogación del Estatuto del Periodista Profesional, establecido por la Ley 12.908, plantea para los trabajadores y trabajadoras de prensa de la Argentina un problema que excede ampliamente la discusión acerca de la vigencia de un régimen laboral específico. Lo que se encuentra en disputa es la continuidad de un conjunto de garantías construidas históricamente alrededor de una concepción determinada del periodismo: Aquella que reconoce que el ejercicio profesional de informar constituye una actividad de relevancia social y democrática y que, precisamente por esa condición, requiere de una protección particular frente a las presiones económicas, empresariales y políticas que pueden condicionar la libertad de expresión.
La Ley 12.908 permaneció vigente durante más de ocho décadas y estableció un régimen específico para quienes desarrollan profesionalmente tareas periodísticas. La decisión legislativa de disponer su derogación a partir del 1 de enero de 2027 constituye, por lo tanto, una modificación estructural del marco jurídico que históricamente reguló nuestra actividad. La Federación Internacional de Periodistas ha señalado precisamente esta dimensión al expresar que el Estatuto argentino no solamente establecía derechos laborales, sino que contribuía a garantizar condiciones necesarias para el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información.
En este contexto, la discusión sobre un nuevo Estatuto no puede reducirse a la recuperación de una norma derogada. El desafío consiste en reconstruir, actualizar y ampliar el sistema de protección profesional de acuerdo con las transformaciones experimentadas por el campo periodístico durante las últimas décadas. La irrupción de las plataformas digitales, el desarrollo del streaming, la expansión de las redes sociales, el teletrabajo, la incorporación de sistemas de inteligencia artificial y la creciente precarización de las relaciones laborales han modificado sustancialmente las formas de producir, distribuir y consumir información.
El proyecto de actualización presentado en el Senado de la Nación constituye, en ese sentido, un avance significativo porque procura trasladar los principios protectores del Estatuto histórico a las condiciones contemporáneas del trabajo periodístico. La propuesta mantiene como eje la protección de la libertad de expresión y el derecho social a la información, al mismo tiempo que incorpora cuestiones que no podían estar contempladas en la legislación original, entre ellas la regulación de la utilización de inteligencia artificial, los derechos vinculados con las plataformas, el teletrabajo, la desconexión digital, las tareas de cuidado, la protección frente a situaciones de violencia y la tutela de la producción intelectual de los trabajadores de prensa.
Particular importancia adquiere la decisión de abandonar una clasificación estrictamente vinculada con los soportes tradicionales para reconocer áreas profesionales que puedan comprender las distintas modalidades en las que actualmente se desarrolla el trabajo periodístico. Esta modificación resulta conceptualmente relevante porque la transformación tecnológica no ha eliminado el trabajo profesional de prensa, sino que ha desplazado sus ámbitos de producción y circulación. El periodista contemporáneo puede desempeñarse simultáneamente para un medio gráfico, una radio, un portal digital, una señal audiovisual, una plataforma de streaming o diferentes redes sociales. Una legislación que pretenda proteger efectivamente la actividad debe, por lo tanto, reconocer la función profesional antes que el soporte tecnológico utilizado.
La propuesta también incorpora una cuestión particularmente sensible: La relación entre inteligencia artificial y trabajo periodístico. El proyecto establece que la inteligencia artificial debe constituir una herramienta de asistencia y no un mecanismo destinado a sustituir integralmente la producción profesional, al tiempo que reconoce la autoría humana, la supervisión profesional y determinados derechos sobre estilos, voces, imágenes y criterios editoriales. Este punto resulta central porque la incorporación de nuevas tecnologías no puede convertirse en una vía indirecta para profundizar la reducción de planteles, deteriorar las condiciones laborales o desresponsabilizar a las empresas respecto de la producción informativa.
Sin embargo, la existencia de un proyecto legislativo técnicamente adecuado no garantiza por sí misma la continuidad de los derechos que pretende proteger. Allí aparece la principal cuestión política que debemos discutir quienes integramos el movimiento sindical de prensa: ¿Alcanza con la elaboración de una buena propuesta legislativa o es necesario construir una fuerza social capaz de garantizar que esa propuesta se transforme efectivamente en ley?
La experiencia histórica del movimiento obrero ofrece una respuesta conocida: los derechos laborales no dependen exclusivamente de su reconocimiento normativo, sino también de la capacidad organizada de los trabajadores para defenderlos. Una legislación protectoria puede ser modificada, limitada o derogada cuando desaparece la fuerza social capaz de sostenerla. Por esa razón, la defensa del Estatuto no puede quedar circunscripta al ámbito parlamentario ni depender exclusivamente de las gestiones institucionales de las organizaciones sindicales.
La presentación realizada en junio en el Senado demuestra que existe una construcción federal considerable. La participación de organizaciones sindicales de distintas provincias constituye un antecedente valioso para avanzar hacia una coordinación nacional. Sin embargo, esa articulación institucional no debería convertirse en el punto de llegada, sino en el punto de partida de una construcción política y gremial de mayor alcance.
El desafío inmediato consiste en transformar esa coordinación en organización efectiva en cada territorio. La discusión sobre el Estatuto debe abandonar cualquier carácter exclusivamente sectorial y convertirse en una discusión colectiva entre periodistas, trabajadores de prensa, comunicadores, estudiantes de comunicación, docentes universitarios, organizaciones sindicales y sectores sociales comprometidos con el derecho a la información.
Esto requiere recuperar una dimensión que muchas veces queda relegada frente a las urgencias cotidianas: La construcción de base. Ningún plan nacional de defensa del Estatuto tendrá verdadera capacidad de presión si no consigue que el conflicto sea conocido, discutido y asumido por los propios trabajadores en los lugares concretos donde se desarrolla la actividad. La situación de un periodista de un gran medio nacional no es idéntica a la de quien trabaja en una radio local, un portal digital, una cooperativa de comunicación o un pequeño medio del interior del país. Precisamente por ello, una estrategia federal debe partir de esa diversidad y construir una agenda común a partir de ella.
La defensa del Estatuto puede constituir, además, una oportunidad para recomponer niveles de organización que la fragmentación empresarial y tecnológica de la actividad ha debilitado. La multiplicación de modalidades de contratación, la tercerización, el trabajo independiente y la expansión de nuevos soportes han producido una creciente dispersión de los trabajadores. Una estrategia gremial contemporánea debería ser capaz de incorporar esa diversidad sin renunciar a un principio fundamental: detrás de cada transformación tecnológica continúa existiendo una persona que produce información y cuyo trabajo debe estar protegido.
Por esa razón, resulta necesario discutir un plan nacional de lucha por el nuevo Estatuto del Periodista Profesional, elaborado de manera coordinada por las organizaciones sindicales de prensa de todo el país. Ese plan debería combinar la intervención institucional y parlamentaria con un proceso progresivo de organización territorial, deliberación colectiva y movilización. No se trata de contraponer negociación y lucha, sino de comprender que ambas dimensiones se necesitan mutuamente.
Un programa de estas características debería comenzar por una etapa nacional de información y debate en los lugares de trabajo, con asambleas, plenarios regionales y reuniones abiertas que permitan explicar qué derechos están en riesgo y cuáles son los contenidos del nuevo proyecto. A partir de esa instancia debería construirse una agenda federal común, capaz de establecer objetivos, plazos y mecanismos de coordinación entre las distintas organizaciones sindicales.
El segundo componente debería ser la construcción de una presencia territorial sostenida. Cada sindicato, asociación o representación gremial debería asumir la tarea de incorporar a medios pequeños, periodistas independientes, trabajadores de plataformas y nuevos actores de la comunicación. El objetivo no debería ser solamente ampliar la cantidad de participantes en las acciones, sino reconstruir una conciencia colectiva acerca de la dimensión profesional, laboral y democrática del periodismo.
Finalmente, la estrategia debería contemplar acciones nacionales progresivas cuya intensidad se corresponda con la evolución del trámite legislativo. Movilizaciones, campañas públicas, pronunciamientos institucionales, actividades académicas, intervención de universidades, acciones internacionales y medidas gremiales deberían formar parte de una misma estrategia y no constituir iniciativas aisladas.
Existe, además, una dimensión latinoamericana e internacional que no debería ser subestimada. La Federación Internacional de Periodistas ya ha expresado su rechazo a la derogación del Estatuto argentino y ha vinculado explícitamente su defensa con la protección de la libertad de expresión y el derecho a la información. Esta dimensión internacional puede y debe ser utilizada como parte de una estrategia más amplia de defensa del trabajo periodístico, especialmente en un contexto global caracterizado por la concentración de medios, la precarización laboral y la transformación acelerada de las industrias culturales y comunicacionales.
Por eso, la discusión que tenemos por delante no debería formularse exclusivamente en términos de si se conserva o se pierde una ley. La pregunta fundamental es qué modelo de periodismo y de comunicación social queremos construir en la Argentina.
Un sistema informativo democrático requiere periodistas que puedan investigar, preguntar, contrastar fuentes, preservar el secreto profesional, acceder a información pública y expresar sus criterios profesionales sin que la precariedad laboral constituya permanentemente una amenaza sobre su autonomía. La libertad de expresión no puede ser entendida únicamente como la posibilidad abstracta de emitir una opinión; necesita condiciones materiales que permitan ejercer profesionalmente el derecho a informar.
En ese sentido, el nuevo Estatuto propuesto representa una oportunidad para actualizar una tradición jurídica que durante décadas reconoció esa relación entre trabajo periodístico, libertad profesional y democracia. Pero ninguna norma será suficiente si quienes deben ejercerla no cuentan con la organización necesaria para defenderla.
El 1 de enero de 2027 no debería ser entendido simplemente como una fecha administrativa de entrada en vigencia de una derogación. Debe ser concebido como un límite político que obliga a las organizaciones sindicales de prensa a acelerar la construcción de una estrategia común. Todavía existe tiempo para lograr la aprobación de un nuevo marco legal, pero ese tiempo no puede ser confundido con pasividad.
La responsabilidad corresponde, en primer término, a las organizaciones que representan a los trabajadores de prensa. La existencia de diferencias históricas, sindicales o políticas entre ellas no debería impedir la construcción de una unidad de acción frente a una amenaza que afecta al conjunto de la actividad. Las particularidades de cada organización pueden conservarse; lo que resulta indispensable es establecer un objetivo común.
La defensa del Estatuto exige, entonces, pasar de la preocupación sectorial a la construcción de una política nacional. Requiere federalizar el debate, fortalecer la organización de base, incorporar a quienes hoy se encuentran fuera de las estructuras sindicales tradicionales y construir una relación permanente entre trabajadores, universidades, organizaciones sociales y actores institucionales comprometidos con el derecho a la información.
No estamos solamente frente a la necesidad de preservar una legislación laboral histórica. Estamos frente a la posibilidad de decidir si la transformación tecnológica y económica del sistema de medios será utilizada para ampliar derechos o para profundizar la precarización de quienes producen información.
Por ello, la discusión sobre el nuevo Estatuto debería convertirse en una de las principales prioridades del movimiento sindical de prensa durante los próximos meses. La aprobación de una nueva ley será, sin dudas, una batalla parlamentaria. Pero antes que eso será una batalla de organización, de conciencia y de capacidad colectiva.
El desafío consiste en llegar al 1 de enero de 2027 no como trabajadores que esperan que otros decidan el futuro de nuestra profesión, sino como un colectivo nacional capaz de intervenir activamente en esa decisión. El Estatuto puede ser actualizado, ampliado y adaptado a las nuevas realidades del periodismo. Pero para que ello ocurra será necesario algo más que un buen proyecto: será necesaria la construcción de la fuerza social capaz de convertirlo en una conquista efectiva.
La defensa del Estatuto del Periodista Profesional es, en definitiva, una discusión sobre el futuro del trabajo periodístico y sobre las condiciones materiales que hacen posible una comunicación verdaderamente democrática. Y esa discusión ya no puede postergarse.
*Periodista. Secretario de Comunicación y Difusión electo de la CTA Autónoma de la Provincia de Córdoba