Organizaciones y prestadores de discapacidad se movilizan al Congreso para reclamar la prórroga de la Ley de Emergencia. Este miércoles 9 de septiembre, organizaciones de personas en situación de discapacidad, familiares y prestadores del sector realizarán una convocatoria frente al Congreso de la Nación para reclamar la prórroga por un año de la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuya vigencia finaliza el 31 de diciembre.
En el marco de la jornada, se convocó a un cese total de actividades de todas aquellas organizaciones y prestadores que trabajan con personas en situación de discapacidad, como medida de reclamo frente a la situación que atraviesa el sector
Franco Orsato, Director del Departamento de Discapacidad de ATE Río Cuarto y trabajador de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) señaló que “uno de los principales pedidos será que se declare la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad por un año más. El segundo eje de la convocatoria será exigir el cumplimiento efectivo de la Ley”.
Y agregó: “Este incumplimiento se manifiesta tanto en la ejecución de los montos remunerativos como en los retrasos en los pagos a los prestadores y en el financiamiento de las distintas coberturas destinadas a las personas del colectivo en situación de discapacidad”.
Para Orsato, “el Ministro de Salud Mario Lugones es responsable del desmantelamiento de las políticas que están amparadas por la Ley 24.901 que establece el Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las Personas con Discapacidad. Esta normativa establece un marco de protección y fundamentalmente, determina obligaciones respecto de las prestaciones que deben ser cubiertas por las obras sociales”.
“La movilización al Congreso busca visibilizar estos reclamos y exigir la continuidad de la emergencia y el cumplimiento efectivo de las obligaciones establecidas por la legislación vigente. Hay una actitud manifiesta por parte del Gobierno, para dejar caer la Ley y vulnerar esta normativa que estableció un piso de obligatoriedad respecto de las prestaciones que deben cumplir las obras sociales y los parámetros de financiamiento de los mismos”, concluyó el delegado de ATE en ANDIS.