El pasado martes 29 de septiembre la ONG suiza CETIM presentó una denuncia ante los mecanismos de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas, junto a ATE y la CTA Autónoma Córdoba, ante el creciente patrón de represión, persecución judicial y criminalización de la protesta social bajo el Gobierno del presidente Javier Milei. La denuncia se hizo extensiva contra el Gobierno de la Provincia de Córdoba, que encabeza Martín Llaryora.
A través de los oficios del encargado de los equipos jurídicos y representante ante la ONU de CETIM, Raffaele Morgantini, la ONG -que tiene asiento estable en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas- denunció violaciones sistemáticas al derecho a la libertad de reunión pacífica, de asociación y debido proceso bajo la administración de Milei y Llaryora.
La denuncia, asentada con número de expediente trzii23, remarcó que “desde la asunción de Milei en diciembre de 2023, Argentina ha sido testigo de una dramática intensificación de políticas de austeridad que incluyen enormes recortes presupuestarios en educación, salud, pensiones, infraestructura y programas sociales. Estas medidas han profundizado la crisis socioeconómica, elevado las tasas de pobreza y generado despidos masivos de trabajadores públicos. (En ese marco) las organizaciones firmantes denuncian una ofensiva deliberada contra las libertades fundamentales y los derechos humanos del pueblo argentino”.
CETIM extendió la denuncia al plano provincial al añadir que “desde la Marcha Nacional contra el Hambre del 5 de abril de 2023, incluso antes de la asunción de Milei, las fuerzas policiales de la provincia de Córdoba han desplegado operativos de identificación, filmación y seguimiento de líderes sindicales y manifestantes. Este patrón se ha intensificado durante la administración actual, con violaciones documentadas que incluyen: detenciones arbitrarias y tortura, persecución judicial y otras violaciones flagrantes de las normas internacional en materia de derechos humanos, y en particular, las normas en materia de derecho a la libertad de reunión pacífica, ratificadas por el Estado de Argentina”.
Presencia internacional
Se trata de una escalada internacional que impulsan ATE y la CTA-A, a través de la construcción de redes de solidaridad, para dar a conocer la cada vez más habitual violación de derecho fundamentales por parte de libertarios y cordobesistas.
En la provincia esta situación se verifica por medio del Poder Judicial y a través de un fiscal ad hoc, que impulsó una serie de causas penales contra el Secretaria General de ATE y la Central, Federico Giuliani, con la finalidad de amedrentar su accionar y de las organizaciones sindicales que encabeza, tras ser elegido en elecciones democráticas y libres en dos oportunidades.
La apelación a las más altas instancias internacionales en la defensa de los DDHH es un claro llamado de atención a un Gobierno Provincial, que incluye en su narrativa las políticas de Memoria, Verdad y Justicia sobre el genocidio en dictadura, pero que allana el camino a la persecución judicial de los líderes sociales que resisten, en conformidad a lo que garantiza la Constitución Nacional, sus políticas de ajuste y hambre contra el pueblo.
Esto se produce en un contexto donde el Gobierno Nacional, yendo aún más allá en su diatriba antipopular, adopta retóricas que niegan y relativizan el terrorismo de Estado durante la dictadura (1976-1983), inscribiéndose en una deriva autoritaria que amenaza las bases del sistema democrático, como afrimó CETIM ante la ONU.
Antecedente en la OIT
La denuncia presentada esta semana va en línea con la presentación que en diciembre pasado Federico Giuliani realizó al Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde expuso la creciente represión perpetrada contra dirigentes sindicales por parte del Gobierno Nacional y su par de la provincia, en una larga serie de procesos judiciales de las que es víctima.
Este accionar del Estado se produce “en el contexto donde el dirigente ejerce el derecho a la protesta social, a la cabeza de multitudinarias movilizaciones en rechazo a la generalización de la pobreza y en demanda de alimentos para sectores vulnerables de la provincia, donde el Poder Judicial de Córdoba interviene como ariete del poder político para amedrentar a los luchadores sociales”, remarcó la denuncia ante la OIT.
Y enumeró los distintos hechos que motivaron la denuncia:
- Marcha contra el Hambre en abril de 2023.
- Visita de Milei Córdoba en mayo de 2024.
- Escrache a la Fundación Mediterránea en mayo de 2024.
- Protesta frente a la Municipalidad de Córdoba en agosto de 2025.
Ahora, ATE y la CTA-A profundizan las denuncias en el orden internacional ante la persecución y el acoso judicial que son víctima y, con el aval de CETIM, solicitan la intervención de los mecanismos de derechos humanos de la ONU, para que cese inmediatamente la criminalización de la protesta social y la persecución judicial contra líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos.
Qué es el CETIM
La ONG suiza se creó en 1970 en Ginebra. Es un centro de estudio, investigación e información sobre los mecanismos que están en el origen del subdesarrollo. Gracias a su estatus consultivo en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, el CETIM apoya a los movimientos sociales del sur global y les permite acceder a los mecanismos de protección de los derechos humanos de la ONU, así como participar en la elaboración de nuevas normas internacionales en este ámbito. También proporciona a sus socios y al público en general información y formación sobre derechos humanos.
El CETIM aborda temáticas como desarrollo, el medio ambiente, comercio, deuda, soberanía alimentaria, empresas transnacionales y derechos humanos, entre otros.
Fuente: www.atecordoba.org