Topadoras con sello verde: La jugada legislativa para perforar la Ley de Bosques en Córdoba

Por Daniel Díaz Romero

Con menos del 3% del monte nativo en buen estado de conservación, la Unicameral vuelve a acunar una reforma hecha a medida del lobby agropecuario. Bajo el disfraz del «manejo silvopastoril sustentable» y los «cortafuegos biológicos», el proyecto ingresado a fines de octubre por el legislador Oscar Agost Carreño habilita maquinaria pesada en zonas protegidas, abre atajos para degradar la Zona Roja y busca privatizar los controles ambientales. El rechazo de reconocidos científicos y organizaciones no gubernamentales, el escudo del principio de no regresión frente a un avance que amenaza las últimas fábricas de agua de la provincia.

En el norte cordobés, la primavera no solo huele a espinillo florecido: también trae olor a tierra en disputa, a suelo compactado por la hacienda y al avance sigiloso de una topadora ansiosa por operar al amparo de una nueva letra chica. Allí donde los mapas de ordenamiento territorial marcaron con rojo las últimas cuencas que sostienen el agua en las sierras y el llano, un concepto reaparece periódicamente en los despachos de la Unicameral como un mantra salvador: «Producir conservando».

Sin embargo, detrás de la retórica del manejo silvopastoril con tecnología y la supuesta apertura de fajas cortafuego, se despliega una ingeniería jurídica cuidadosamente diseñada para perforar el espíritu tutelar de la Ley Nacional de Bosques Nativos (Ley 26331).

Con la cobertura arbórea reducida a fragmentos mínimos ―menos de un 3% de la superficie original en buen estado de conservación (Categoría I – Roja)―, la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) deja de ser una discusión técnica sobre polígonos, parcelas y colores. Se convierte, en cambio, en una definición política y jurídica de fondo.

En esta encrucijada, chocan dos visiones opuestas del territorio: la presión histórica de los sectores agropecuarios concentrados por expandir la frontera ganadera y la resistencia ancestral de campesinos e indígenas organizados en defensa de la posesión comunitaria del suelo. A esta tensión, se suman las advertencias categóricas de los principales centros científicos de la región y un mandato del derecho ambiental que no admite grises: en materia de bienes comunes, la ley no puede dar jamás un solo paso atrás.

El truco de llamar «combustible» a la vida del monte

Para comprender el alcance de la iniciativa parlamentaria ―impulsada por el legislador Oscar Agost Carreño con el respaldo de entidades del empresariado rural, con la Fundación Barbechando, CARTEZ y la Sociedad Rural de Jesús María a la cabeza―, resulta imprescindible precisar qué representa la biomasa en ecología. No es un sobrante estático ni un desecho vegetal: es el tejido vivo y en descomposición que sostiene el metabolismo integral del bosque nativo.

Sin embargo, las entidades rurales y las bancadas afines a flexibilizar los controles rebautizaron ese entramado como «combustible sobrante», «material altamente inflamable» o «biomasa improductiva». Con este giro semántico calculado, buscan justificar el despeje agresivo del sotobosque, disfrazando un acto de deforestación como una supuesta medida de seguridad contra los incendios forestales.

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Imagen: Colectivo Manifiesto.

El proyecto presentado en la Legislatura propone alterar los criterios de aplicación de la Ley Provincial 9814 (reguladora del OTBN en Córdoba) y abre atajos administrativos para desafectar o recategorizar miles de hectáreas hoy blindadas en Zona Roja. Este es el punto crucial de la discusión: la comunidad científica advierte que Córdoba debe sostener un piso mínimo de 1.860.000 hectáreas bajo máxima protección para no comprometer su supervivencia ecológica. Frente a la pretensión de «higienizar» el monte del norte y oeste provincial con maquinaria pesada, la evidencia generada desde los sectores científico-técnicos desarma, desde hace décadas, punto por punto, los pilares del proyecto.


«Rebautizar la biomasa vital del monte como ‘combustible sobrante’ es el giro semántico con el que se busca disfrazar el arrasamiento del sotobosque».


La eliminación del estrato arbustivo bajo y de la hojarasca provoca el colapso del régimen hídrico y una erosión acelerada, destruyendo la capacidad de esponja del suelo serrano. El paso de topadoras o rolos compacta la tierra, anula la infiltración de las lluvias estivales y frena la recarga de los acuíferos, exponiendo a las cuencas a inundaciones violentas en verano, seguidas de sequías agudas el resto del año.

A este deterioro, se suma el freno a la regeneración natural del monte. Los arbustos bajos y renovales cumplen la función indispensable de plantas «nodrizas», protegiendo del sol y de la desecación a los brotes de especies estructurantes como el algarrobo blanco, el quebracho blanco, el piquillín, el chañar y el mistol. Barrer esa capa arrasa con los bancos de germinación y condena a los árboles adultos a envejecer sin reemplazo biológico.

Asimismo, limitar la protección estricta fragmenta los hábitats y aísla los parches remanentes de monte nativo, lo que corta los corredores de la fauna autóctona, interrumpe el flujo genético vegetal y facilita la invasión masiva de especies exóticas.

El proyecto niega los daños acumulativos a escala de cuenca al habilitar intervenciones predio por predio mediante planes individuales de manejo. Esta fragmentación viola directamente la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el histórico fallo Salas (2008), que prohíbe evaluar los desmontes de manera aislada. A ello, se suma una arquitectura institucional desequilibrada que establece una conducción compartida entre Ambiente y Agricultura, dejando el dictamen técnico en manos de un esquema condicionado por el peso del sector productivo.

«No sobra bosque para usar la provincia como campo de ensayo»

Frente al discurso que promete una gestión técnica y controlada del territorio, la comunidad académica alza la voz para desarticular las certezas infundadas con las que se pretende legislar sobre ecosistemas al borde del colapso.

El biólogo Marcelo Zak ―docente e investigador de la UNC, y reconocido especialista en biogeografía― expone el riesgo de ensayar modelos extractivos en áreas de extrema fragilidad: «En estos sistemas ecológicos complejos, dos más dos casi nunca es cuatro. El manejo silvopastoril (sistema que integra la ganadería con la conservación del monte nativo) en áreas de alto valor de conservación se aplica bajo diversas modalidades en distintas regiones del planeta, pero su éxito técnico depende siempre de la intensidad y el tipo de la carga y, fundamentalmente, de la existencia de sistemas de regulación con un control estatal permanente, riguroso y efectivo».

«Si en la provincia de Córdoba, históricamente, nos ha costado garantizar la protección estricta de las zonas protegidas, ¿cómo vamos a ensayar un modelo de uso mixto sin garantías mínimas de fiscalización? Puestos a considerar una alternativa de esa naturaleza, ¿no sería acaso deseable generar, primero, datos científicos certeros sobre nuestra propia región biogeográfica mediante pruebas piloto rigurosas, financiadas por el Estado provincial y conducidas por la universidad pública? De lo contrario, en un territorio tan diezmado, ¿se trata simplemente de intervenir a ciegas y cruzar los dedos? ¿Cuál es la garantía técnica de que este esquema funcione? ¿Y cómo volvemos atrás cuando el daño ya esté consumado?», agrega el experto.

«Cuando el poder político habla de sostenibilidad, ¿hablamos de sostener los servicios ecosistémicos para la vida o de ver la naturaleza como una fuente de insumos para el mercado?». Marcelo Zak, biólogo e investigador de la UNC.

La reflexión del científico toca el nervio del debate socioambiental, porque cada vez que el poder político apela a la palabra «sustentabilidad», omite las falencias estructurales de los organismos de control provinciales. Zak insiste en desarmar falsas dicotomías antes de desmantelar las salvaguardas vigentes: «Cualquier decisión orientada a reducir el nivel de protección de lo que hoy es apenas un relicto forestal implica asumir un nivel de riesgo gravísimo, con nula posibilidad de corrección posterior. No sobra superficie forestal en Córdoba para utilizar el territorio como campo de ensayo. Si el modelo propuesto fracasa en la práctica, las consecuencias biológicas e hídricas para la provincia serán irreparables».

El investigador remarca que aplicar el principio de precaución no responde a un dogmatismo, sino a la evidencia acumulada: «Hasta tanto no se cuente con evidencia científica sólida y contextualizada que garantice que el saldo ambiental de una intervención será positivo, aplicar de manera estricta el principio de precaución constituye la postura más sensata y éticamente responsable. Mi postura no responde a un dogmatismo ideológico, sino al acumulado de producción científica multidisciplinaria. Cuando el poder político utiliza la palabra sostenibilidad, debemos preguntarnos a qué se refiere concretamente: ¿hablamos de sostener la integridad de los servicios ecosistémicos indispensables para la vida o de considerar a la naturaleza como una fuente inagotable de insumos productivos al servicio del mercado?».

Una mesa inclinada: las trampas políticas detrás del proyecto

A los cuestionamientos ecológicos, se suman las profundas inconsistencias institucionales y metodológicas advertidas por las organizaciones de la sociedad civil. Federico Kopta ―biólogo integrante del Foro Ambiental Córdoba― desmenuza los vicios de origen y las trampas de representación que arrastra la propuesta legislativa.

En primer lugar, Kopta enciende la alarma sobre el basamento técnico que invoca la reforma: «El proyecto incorpora en el articulado el estudio multitemporal de áreas quemadas en Córdoba correspondiente al período 2010-2022, referido en los aportes de la Sociedad Rural de Jesús María, un informe que fue oportunamente refutado desde diversas instituciones académicas y ambientales por sus graves falencias metodológicas y el sesgo con el que se interpretó un trabajo que favorecía de manera sistemática a los bloques hegemonizados por visiones productivistas».

Asimismo, el biólogo pone al descubierto la asimetría política de la Mesa Provincial de Actualización del OTBN, nacida al amparo de la Ley Nacional 26331: «Para debatir la actualización del OTBN, que es un proyecto eminentemente ambiental, las representaciones institucionales de la Mesa Provincial de Actualización están claramente sesgadas hacia el sector productivo, reservando cinco lugares para las entidades agropecuarias contra solo uno para el sector ambiental y uno para el sector campesino. Incluso la representación universitaria en este proyecto de ley ambiental incluye expresamente a las facultades de Agronomía, que son las únicas que tienen representación directa de la Universidad, ya que los equipos que trabajan específicamente en ambiente lo hacen únicamente como asesores técnicos. La incorporación de dos actores relacionados a la gestión del fuego aporta también al sesgo producido por el polémico estudio de áreas quemadas».

5 a 1: el tablero inclinado
En la Mesa Provincial de Actualización del OTBN, las entidades agropecuarias ocuparían cinco sillas contra apenas una del sector ambiental y 1 del campesinado. Federico Kopta, biólogo del Foro Ambiental Córdoba.

Esta distorsión institucional se replica en el diseño parlamentario: «A nivel político, solo pueden integrar la discusión los legisladores de bloques con dos o más integrantes, lo que excluye de forma deliberada la representación de los partidos de izquierda y favorece de manera sistemática a los bloques hegemonizados por visiones productivistas», subraya Kopta.

Pese a ese escenario desigual, el especialista rescata una cláusula que funciona como límite constitucional si se aplica con rigor: «Una buena señal es la frase introducida al final del artículo 7, la cual dispone expresamente que la actualización no podrá utilizarse para convalidar infracciones ni para reducir arbitrariamente la protección existente».

Sin embargo, para Kopta, la gran deuda del mapa radica en la omisión de tierras de altísimo valor ecológico que siguen en un limbo normativo: «Falta incorporar con la máxima categoría de bosque a las Reservas Forestales Intangibles creadas por la Resolución 010/2005 de la entonces Agencia Córdoba Ambiente, disposición que estableció la obligación de dejar entre el 30% y el 40% de la superficie de los predios con bosque nativo autorizando el desmonte del resto. Esa superficie conservada debe tener de forma imperativa la Categoría I (Rojo), aun cuando su creación sea previa a la Ley Provincial 9814. Hablamos de una masa forestal crítica que debe ser blindada de inmediato».

Letra chica para desmontar: Topadoras, peritajes a medida y control privado

El examen del articulado del proyecto revela un andamiaje legal concebido para subordinar el valor biológico del bosque a la rentabilidad agropecuaria. Por un lado, el texto promueve la intensificación mecánica en Zona Amarilla al habilitar el raleo sistemático (la eliminación de un porcentaje de árboles jóvenes o defectuosos), el ingreso de maquinaria pesada y el despeje del sotobosque bajo el rótulo de «manejo silvopastoril sustentable». De este modo, reduce la exigencia de estudios de impacto ambiental previos para habilitar una mayor carga ganadera en áreas protegidas.

En paralelo, introduce atajos administrativos para desafectar y degradar la Zona Roja mediante peritajes individuales. Bajo este esquema, áreas de monte continuo hoy clasificadas en esa categoría podrían rebajarse a Amarillo si se alega que presentan «signos de degradación», lo que funciona en los hechos como un incentivo perverso: dañar primero el bosque para obtener luego la habilitación productiva.

Imagen: Colectivo Manifiesto.

El incentivo perverso
Si un predio en Zona Roja muestra «signos de degradación», el proyecto permite rebajarlo a Zona Amarilla: primero se daña el monte, después se habilita la topadora.

Asimismo, el proyecto contempla tercerizar la fiscalización ambiental al delegar la evaluación y el seguimiento de los planes de manejo en profesionales privados acreditados por las propias entidades rurales, corriendo al Estado provincial de su rol tutelar indelegable. Todo este entramado se completa con el recorte de la participación ciudadana, eludiendo la consulta previa, libre e informada garantizada por el Convenio 169 de la OIT y el Acuerdo de Escazú, prescindiendo de audiencias públicas vinculantes y concentrando las decisiones en trámites exprés.

Freno constitucional y resistencia donde empieza el monte

La activación de esta iniciativa en la Unicameral responde a una estrategia sistemática del lobby ganadero concentrado por expandir la frontera productiva sobre áreas históricamente marginadas por la agricultura industrial. Sin embargo, esa ambición tropieza de frente con el bloque constitucional de derechos socioambientales.

El artículo 41 de la Constitución nacional establece con claridad que las provincias pueden complementar, pero jamás perforar, los presupuestos mínimos de protección ambiental fijados por la nación. A su vez, el principio de no regresión ―consagrado en el derecho internacional y respaldado por la jurisprudencia argentina― prohíbe modificar las normas vigentes para otorgar un nivel de tutela inferior al ya alcanzado. Cualquier norma que recorte la Zona Roja o flexibilice la Zona Amarilla nace afectada por una invalidez constitucional insanable.

El límite de la Constitución
Por el artículo 41 y el principio de no regresión, ninguna ley provincial puede recortar pisos ambientales ya conquistados: toda reforma hacia atrás nace inválida.

En las comunidades del norte serrano y del arco noroeste, la discusión no se sigue por versión taquigráfica, sino con el cuerpo. Para las familias campesinas e indígenas organizadas, el monte nativo no es un inventario de biomasa ni un potrero a optimizar: es el espacio vital que provee agua, alimento, medicina y refugio a la producción caprina y apícola de pequeña escala. Defender el bosque es defender la soberanía territorial frente a un modelo que busca homogeneizar el paisaje para maximizar la renta en dólares de unos pocos.

Lo que se juega detrás del último 3%

Lo que se rumorea hoy en los pasillos de la Unicameral de Córdoba no es un tecnicismo catastral ni una puja entre sectores productivos: es si la provincia decide custodiar sus últimas fábricas de agua o entregarlas al mejor postor bajo el barniz de la «sustentabilidad».

Lejos de ser maleza intrascendente, el sotobosque que pretenden «limpiar» es el verdadero motor vital del monte. En esa densa trama de arbustos bajos, hierbas y hojarasca, habita el grueso del ecosistema: desde la inmensa mayoría de artrópodos ―polinizadores, descomponedores y hormigas nativas― que sostienen el ciclo de la vida hasta anfibios y reptiles como la iguana overa o la lampalagua, que dependen estrictamente de esa humedad y cobertura vegetal para regular su temperatura. No es un espacio vacío; es territorio de caza, refugio y tránsito para pumas, pecaríes, zorros, gatos monteses y roedores, además de ser la gran sala cuna donde anidan y se alimentan decenas de aves de estrato bajo, desde perdices y reinamoras hasta picaflores. Intervenir o arrasar este entramado condena al destierro a prácticamente toda nuestra fauna autóctona.

Lo que llaman «maleza»
En el sotobosque, habitan polinizadores, reptiles, aves de estrato bajo, pumas, zorros y pecaríes. Barrerlo con rolos es vaciar de vida el monte antes de que caiga el primer árbol.

Porque cuando cae el último algarrobo y se compacta el suelo serrano, no hay decreto ni peritaje privado que devuelva la lluvia infiltrada ni el arroyo que dejó de correr.

El monte nativo cordobés no necesita leyes escritas a medida de quienes sueñan con achicarlo hasta borrarlo del mapa. Necesita brigadistas equipados antes de que la primera chispa toque la hojarasca, inspectores con poder real de policía en el territorio, planes serios de restauración de cuencas y el pago efectivo de los fondos que la ley ordena para quienes sostienen el bosque en pie.

Porque defender lo que queda no es un capricho romántico ni un obstáculo al progreso: es la última barrera de defensa para que las sierras y el llano sigan teniendo agua, el suelo mantenga su pulso y el futuro de los pobladores, un lugar donde abrevar.

Imagen de portada: Colectivo Manifiesto

Fuente: www.latinta.com.ar