“Las consecuencias de lesionar sus derechos hoy se verán agravadas a largo plazo”

Día a día son más los niños, niñas y adolescentes que acuden a distintos merenderos y comedores comunitarios en busca de su alimento diario. En consecuencia, y tal como publicó este medio el lunes, dichos espacios han visto incrementada de manera considerable la demanda al punto de encontrarse en riesgo las respuestas. En tanto, los datos oficiales del Indec confirman en números el progresivo retroceso de los indicadores socioeconómicos durante el último año.

Al abordar el problema, Virginia Quiroga, doctora en Estudios Sociales de América Latina, afirma que la situación se enmarca en un panorama social y político de alcance suramericano “que presenta un deterioro de la presencia del Estado que incide en toda la estructura social, pero que tiene efectos más profundos en los sectores populares, y dentro de ellos, en los grupos etarios más vulnerables: niños, adolescentes y ancianos”. Asimismo, advierte que “el degradamiento en los derechos de niños y adolescentes que se viene manifestando en los últimos años conlleva, a la par de las consecuencias que vemos hoy, importantes consecuencias a largo plazo”.

De acuerdo al último informe del Observatorio de la Demanda Social de la Universidad Católica, publicado en diciembre, si bien el problema de la inseguridad alimentaria (“acceso insuficiente a los alimentos”) no es un problema nuevo, “se ha agravado de modo significativo en el último período interanual 2017-2018”. Así, la proporción de niños y adolescentes que viven en hogares que experimentan dificultad para acceder a los alimentos en cantidad y calidad por problemas económicos pasó del 27,7% al 29,3%. En tanto, el porcentaje de menores que pertenece a hogares en los que se experimentó situaciones de «hambre» durante los últimos doce meses (“inseguridad alimentaria severa”) pasó del 9,6% al 13%.

Asimismo, el informe señala que el problema de la inseguridad alimentaria afecta de modo particular a los niños que viven en hogares de “estrato trabajador marginal”. Así, el estudio observa que “el 53,3% de los niños y adolescentes del estrato trabajador marginal experimentaron inseguridad alimentaria” en 2018, y añade que con la profundización manifestada entre 2017 y 2018, la problemática se “extiende a las infancias del estrato obrero integrado y medio no profesional”. Ello resulta significativo si tales indicadores se cruzan con los datos oficiales del Indec, de acuerdo a los cuales 48.860 riocuartenses viven por debajo de la línea de pobreza y 10.130 lo hacen en condiciones de indigencia.

Un marco más amplio

“La situación actual debe interpretarse en el marco de un panorama argentino y suramericano que muestra en los últimos años un incremento de la pobreza, de la indigencia y de la desigualdad”, afirmó a Puntal Virginia Quiroga, quien es docente en la Licenciatura de Trabajo Social de la UNRC e investigadora de Conicet. Y añadió: “Ni la pobreza ni la desigualdad son problemas nuevos en los países latinoamericanos, pero sí se observa una clara profundización de los mismos en los últimos años”.

Quiroga consideró que tal escenario guarda relación con proyectos políticos y económicos que se están manifestando a nivel latinoamericano: “Son proyectos de transferencia de recursos del sector público hacía el privado y desde los sectores populares y medios hacia los sectores más concentrados de la economía”. Y continuó: “Eso lo vemos en el aumento del costo de vida y en el deterioro del poder adquisitivo de los salarios, de las jubilaciones y las pensiones. Lo vemos porque nos dificulta la vida cotidiana”.

Paralelamente, sostuvo que “la transferencia de recursos del sector público al privado se traduce en una presencia cada vez menor del Estado en lo referido a las prestaciones sociales”. Asimismo, indicó que ello tiene efectos en toda la estructura social, pero que incide de manera más profunda en los sectores populares y, dentro de ellos, en los niños y adolescentes, así como en los ancianos.

“El estancamiento de la Asignación Universal, el achicamiento del calendario de vacunación y el distanciamiento de un enfoque de derechos afectan principalmente a la niñez. Y las consecuencias de lesionar sus derechos hoy se verán agravadas a largo plazo”, subrayó.

En ese sentido, explicó: “Hay consecuencias inmediatas que se están viendo hoy: el aumento de niños que viven en la pobreza, en hogares que no satisfacen sus necesidades básicas, entre ellas la alimentación. Pero a su vez, muchas de estas situaciones van a tener consecuencias a largo plazo, porque los niños de hoy van a ser los adultos de mañana y van a cargar en su historia personal y social todas estas necesidades que hoy padecen, con implicancias directas en cuanto al acceso a la educación, a la salud y a inclusión laboral, por ejemplo”.

Las organizaciones sociales

Frente al deterioro de sus condiciones de vida, numerosas personas se organizan y planifican en conjunto acciones concretas en pos de hacer frente a los efectos de la desintegración del tejido social producto del contexto socioeconómico. Ejemplo de ello son los más de 50 merenderos y comedores comunitarios que día a día brindan alimento y contención a cientos de niños y niñas en diferentes puntos de la ciudad. A ellos, se suma un amplio abanico de organizaciones socio-territoriales y comunitarias que atienden necesidades de diferente índole, las cuales son objeto de estudio del equipo investigación al que pertenece Quiroga.

“En un contexto de agravamiento de las condiciones sociales o de deterioro de las condiciones de vida, las organizaciones sociales cobran un rol muy activo. Entonces vemos que hay una presencia pública muy fuerte de distintas organizaciones y colectivos, como también acciones de protesta que mueven a la gente a manifestarse en disconformidad del aumento de las tarifas o el incremento constante de los precios, por ejemplo”, sostuvo Quiroga.

Finalmente, señaló que la presencia de tales organizaciones en el territorio permitió “una mayor resistencia social pese al deterioro de las condiciones de vida”, hecho que junto a la “continuidad de algunas políticas sociales heredadas del ciclo progresista -aún más o menos desfinanciadas y pensadas más como contenedoras de la conflictividad social o paliativos de subsistencia que con un enfoque de derechos-, especialmente la Asignación Universal por Hijo”, constituyen un escenario no homologable a la situación vivida por los sectores populares en el 2001, en tanto “son un sostén importante para la vida cotidiana de millones de argentinos”.

Fuente: Amir Coleff; www.puntal.com.ar