Con el telón de fondo de la brutal represión contra el pueblo de Jujuy desatada por el Gobierno de Gerardo Morales y acompañado por la militancia de organizaciones sindicales, sociales y políticas, este jueves declarará ante el Fiscal Ernesto de Aragón (foto de portada) el Secretario General de ATE y la CTA Autónoma Córdoba, Federico Giuliani, imputado por “obstrucción o impedir la circulación del transporte en la vía pública” durante una Marcha contra el Hambre organizada por la Unidad Piquetera el pasado 5 de abril.
De Aragón imputó “por entorpecimiento del transporte” a seis militantes que se manifestaron por las calles del centro de la ciudad -entre ellos Giuliani y Emanuel Berardo, referente del Polo Obrero- y llegó días después de que el Juez de Control y Faltas de 10ª Nominación, Juan Manuel Fernández López, hiciera lugar a un hábeas corpus presentado por el Centro Vecinal del centro de la ciudad en contra de las movilizaciones que -según los denunciantes- impiden la libre circulación por las calles.
En su resolución, el magistrado dispuso que “las autoridades competentes” arbitrasen los medios necesarios para “hacer cesar las situaciones vulneratorias de derechos constitucionales en un término razonable y mediante la implementación de medidas efectivas conducentes a tales fines”. El delito prevé prisión de 3 meses a 2 años, tipificado en el artículo 194 del Código Penal.
De la mano del accionar judicial y la prédica mediática estigmatizando las movilizaciones callejeras, la Legislatura de la Provincia tiene en análisis un ‘Plan Antipiquete’ que motorizan varios diputados del oficialista ‘Hacemos por Córdoba’ y el opositor ‘Juntos por el Cambio’ -para apalear y perseguir al pueblo no existe ‘grieta’-; el cual tiene como propósito regular la protesta social ante la profundización del ajuste que aplicará el Estado en todos sus niveles desde diciembre, cuando cambien los distintos gobiernos.
De Aragón y la CTA-A
Marzo de 2022: Protesta de la CTA-A en la punta de línea de la empresa de transporte ERSA.
En marzo de 2022 la Fiscalía General de la Provincia designó a Ernesto de Aragón y Guillermo González para intervenir en todas las protestas gremiales y sociales, en un momento en el que ya se percibía una creciente tensión producto de las políticas de ajuste, alta inflación y empobrecimiento de los sectores populares. Reemplazaron al Fiscal Raúl Garzón, quien desempeñaba ese rol desde hacía aproximadamente dos años.
De Aragón entró rápidamente en acción durante una movilización que -vaya coincidencia- estaba impulsada por la CTA Autónoma de la provincia de Córdoba. El Fiscal ordenó el desalojo en la punta de línea de la empresa ERSA, donde un grupo de militantes de la CTA-A impidieron la salida de las unidades del transporte urbano en reclamo de la reincorporación de un trabajador y por el reconocimiento de la entidad gremial en el sector, la Unión de Conductores de la República Argentina (UCRA-CTAA).
La CTA Autónoma a media mañana levantó el corte en la planta de colectivos ERSA que estuvo bloqueada desde las 4 de la madrugada bajo el compromiso de diálogo y se restituyó la normalidad del servicio de transporte. La patronal había incumplido la orden judicial emanada de la Sala Sexta de la Cámara del Trabajo de la ciudad de Córdoba que la obligaba a reinstalar al chofer Fernando González, despedido injustamente en 2019. Fruto de esa lucha protagonizada por la CTA-A, González -asistido por la asesora legal de la Central, doctora Cecilia Pérez Correa- fue reinstalado en su puesto de trabajo el 31 de marzo de 2022.
Todo está guardado en la memoria.