Reproducimos el comunicado de la CTA Autónoma Punilla publicado como “Desagravio público ante la judicialización de la protesta social para la realización de la obra del Corredor Bioceánico Cosiplan MCC 96 alternativa a la Ruta 38 Costa Azul-La Cumbre, Córdoba, República Argentina, territorio donde habita el pueblo indígena Kamiar-Comechingón”.
“Queremos expresarle tanto a la población local como a las autoridades del caso, con rango y alcance nacional e internacional, que con fecha 29 de mayo del corriente año 2024, hemos sido comunicados que el Juez de Control de la Ciudad de Cosquín, el Dr. Ramiro Nuñez, ha resuelto la elevación a juicio contra seis defensores ambientales de nuestro Valle de Punilla, que ante el avance de funcionarios públicos con topadoras, en su desesperación no supieron más que exigirle respuestas a las autoridades. Habitantes de un sector impactado por las máquinas, que no tuvieron otra opción más que la protesta social pacífica, pero tenaz y sistemática.
“Todo para defender nuestra actual calidad de vida ambiental y de las generaciones futuras. La vida humana y no humana que habita este suelo, y todo el patrimonio arqueológico y paleontológico que conforma nuestra historia cultural, así como otros derechos inalienables, e innegociables en un estado democrático de derecho..
“Todo las consecuencias de la Aautovía sobre el territorio, sin cumplimentar la normativas nacionales e internacionales, que ya fuera rechazada en dos oportunidades, en audiencias públicas donde la absoluta mayoría de los asistentes, además de rechazar el proyecto del corredor bioceánico, solicitó de manera inmediata la intervención de oficio de la justicia en resguardo de los seres vivos afectados, constituyen la ilegalidad de esta obra de autovía. Por eso venimos solicitando hasta el cansancio, que se dicte una medida cautelar hasta tanto y en cuanto se despejen todas las inquietudes, la innumerable e interminable cantidad de objeciones presentadas por las asambleas y organizaciones de vecinos del Valle de Punilla, ante el avance de un daño irreversible e inminente. Ley nacional N 25.675 Art 4.
“La criminalización de la legítima protesta social, tiene lugar en un contexto signado por la ilegalidad, la falta de garantía y la falta de jurisdicción a un servicio de justicia a derecho. Toda vez que el artículo 41 de la Constitución Nacional protege y manda a proteger al ambiente sano, a toda la estructura institucional del estado; que la Constitución de la provincia de Córdoba también impone como una obligación ciudadana, la defensa ecológica en su Art. 38 inc. 8; y que las leyes nacionales y provinciales instituyen la información y la participación ciudadana en la política ambiental; como el Acuerdo de Escazú Ley nacional 27566, que protege específicamente el acceso a la información ambiental y el acceso a la justicia a los defensores ambientales, ante no sólo la falta de acceso, sino también ante la persecución en muchos casos seguida de muerte de defensores ambientales. Estadísticas en las que tristemente nuestra región ocupa el primer lugar de asesinados en el mundo.
“Como prueba de este nivel de destrato institucional, contamos con un Amparo Ambiental, en contra a la decisión oficial de iniciar la obra, presentado en el año 2016 y que aún no fue resuelto. Como tampoco fueron resueltas las medidas cautelares presentadas en defensa de cada uno de los daños que se iban produciendo ante el avance de la obra. Tampoco la Justicia Federal dio lugar a ningún amparo o denuncia, ni la Fiscal que ahora nos imputa, aceptó investigar ninguna de las denuncias presentadas contra la realización de esta obra pública.
“Tampoco obtuvimos respuestas en la Administración de Justicia Nacional, en las acciones por falta de Consulta Previa Libre en Informada, acudiendo finalmente a la Organización Internacional del Trabajo por la violación a su Convenio 169, que instituye la vigencia de este y otros derechos de rango constitucional con responsabilidad y compromiso de obligaciones de rango internacional.
“Tampoco fueron oídos los reclamos judiciales y administrativos de las familias que perdieron su acceso al agua, de las que fueron sometidas a criar a sus hijos con distintas discapacidades en un contexto de detonaciones cotidianas y sin límites a metros de sus viviendas. O de aquellos que no pudieron sostener sus trabajos de sustento en las inmediaciones de sus viviendas, por la modificación del paisaje tras haber sido erradicados de sus viviendas. Hacemos responsable también por estos atropellos, al Banco de Desarrollo América latina, por financiar de manera corrupta el incumplimiento de las normativas y las salvaguardas sociales y ambientales de su propia reglamentación, así como las de nuestra legislación nacional.
“Finalmente hacemos responsable de esta situación de injusticia también al Estado argentino, que con un doble standard de calidad moral, el pasado 28 de noviembre expresó ante la Organización Internacional del Trabajo, su deseo de dar inicio a un proceso de conciliación voluntaria con las organizaciones querellantes y que hasta el momento no hemos sido convocados mientras que lo único que avanza son las imputaciones y los procesamientos.
“Advertimos a la comunidad internacional, que estos hechos no se dan de manera aislada, que en la provincia de Córdoba hace apenas algunas horas, también ha sido procesado, allanado su domicilio y secuestradas sus pertenencias, de nuestro Secretario General de la CTA Autónoma Córdoba, el compañero Federico Giuliani. Y que este cuadro es de un avance del autoritarismo sobre aquellos que protestan o que defienden sus derechos en la República Argentina, como un mecanismo de gobierno donde el derecho penal, es utilizado para resolver los problemas que la política y la justicia se ven absolutamente incapaces de tratar, garantizando procedimientos justos y de derechos.
“Así como en este sumario se procesa a seis compañeros y compañeras defensores ambientales, con la misma parcialidad del hecho, la Fiscal a cargo de la causa, negó el Servicio de Justicia en todas nuestras denuncias penales por daños. Tanto por el daño producto del avance de la obra de la autovía, como así también cuando denunciamos los incumplimiento de deberes de funcionario público.
“Denunciamos la falta de garantías procesal y de derechos, la dilapidación de fondos públicos de manera innecesaria solo a los fines de acallar la protesta ambiental contra la obra de autovía. Denunciamos que en esta oportunidad sin garantías los compañeros fueron procesados por una fiscal con pésimos antecedentes. Como el de haber imputado con gravísimos cargos a una persona que estuvo detenida siendo inocente durante dos años, y que luego fue absuelta por falta de pruebas en el Tribunal del juicio. En una causa donde se investigaba la desaparición forzada seguida de muerte de una joven turista, en la que estarían involucrados tanto efectivos policiales de la zona a cargo de esa misma fiscal, como personal de investigaciones de esa misma Fiscalía de Instrucción
“Por último, la CTA-A Punilla destaca y se asume como parte de una legítima lucha constitucional por resguardar el ambiente sano, las diversas formas de vida y la salud de quienes habitan en nuestra región de Punilla. Al tiempo que solicita el apoyo de instituciones e individuos, para cooperar en nuestra tarea de la realización de Justicia, reclamando por el juicio y castigo a los responsables del incumplimiento de las leyes vigentes, por la persecución y represión de la que somos víctimas, y por la inmediata absolución de los judicializados que han visto dañadas sus vidas y las de sus familias, ante tanta destrucción e injusticia”, finaliza la dura declaración firmada por Juan Yacobs; Pablo Figueroa; Fernando Guzmán y Juan Pablo Pozzi, Secretario General, Secretario Adjunto, Secretario de Derechos Humanos y Secretario Gremial, respectivamente, de la CTA Autónoma Punilla.