La Resolución 53/2024 suspende todas las solicitudes en trámite en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI), un organismo que funcionaba desde 1989 bajo la órbita del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. La medida abre interrogantes sobre el futuro del reconocimiento y la protección de los pueblos originarios en Argentina.
El RENACI, reglamentado bajo la Ley Nº 23.302 aprobada en la gestión de Raúl Alfonsín, estaba gestionado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Su principal función era mantener actualizada la nómina de comunidades indígenas en Argentina, registrando tanto a aquellas inscritas como a las que no lo estaban, y ofreciendo un marco legal que les permitía acceder a derechos establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Ley de Política Indígena y apoyo a las Comunidades Aborígenes.
El Gobierno argumenta que los organismos provinciales están mejor equipados para atender las necesidades de las comunidades indígenas en sus respectivas jurisdicciones. En los considerandos de la resolución, se expresa que esta descentralización permitirá una gestión más cercana a las realidades locales. Sin embargo, críticos advierten que desfederalizar el registro no es solo una decisión administrativa, sino que implica entregar el patrimonio inmaterial de la Nación a los caudillismos provinciales, dejando a las comunidades expuestas a dinámicas locales donde predominan los intereses económicos y políticos de cada región.
La suspensión del RENACI afecta de manera directa a las comunidades en proceso de reconocimiento, generando preocupación sobre su capacidad para defender sus derechos territoriales y sociales. Un ejemplo claro es el de las comunidades indígenas de Punilla: La Comunidad Siquiman, la Comunidad Las Tunas y la Comunidad 9 Lunas, quienes no sólo están afectadas por la eliminación del Registro, sino que también son demandantes del Estado argentino por la falta de consulta previa, libre e informada en proyectos que afectan sus territorios.
La Comunidad Las Tunas, en particular, ha sido expropiada dos veces por el Estado, desplazada de sus tierras originarias y, ahora, se encuentra siendo expropiada nuevamente de manera inconsulta para la construcción de las autovías del Corredor Bioceánico. Esta situación representa un grave incumplimiento de los derechos establecidos en el Convenio 169 de la OIT, que exige a los Estados llevar a cabo consultas previas, libres e informadas con las comunidades afectadas por proyectos que impactan sus territorios.
A su vez, el Gobierno Nacional, a través del Consejo Federal de Políticas Indígenas, se prepara junto con los gobiernos provinciales para reglamentar un protocolo de consulta previa, libre e informada que, según advierten los líderes indígenas, estaría diseñado a medida de las necesidades del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones.
Esta medida, lejos de garantizar los derechos fundamentales de los pueblos originarios, podría profundizar la expoliación de sus recursos y los procesos de despojo territorial, continuando con la histórica práctica de saqueo que acompaña los proyectos de infraestructura de gran escala.
“Desde la CTA Autónoma Punilla señalamos con firmeza que esta nueva ‘consulta’ será utilizada como una fachada para avanzar sin restricciones en el despojo de territorios indígenas, en un contexto de creciente explotación de recursos naturales y genocidio cultural. En este sentido, expresamos que la falta de una verdadera voluntad política para proteger los derechos de las comunidades pone en riesgo su supervivencia y autonomía”, indicó Juan Yacobs, Secretario General de la Central en el Valle de Punilla.
Frente a esta situación, la CTA-A Punilla ha convocado a todos los sectores del Movimiento Indígena de Córdoba y de Argentina a resistir las políticas que buscan perpetuar el colonialismo en pleno Siglo XXI. “Hacemos un llamado a unir esfuerzos y resistencias junto a integrantes del Malón de la Paz, el pueblo mapuche y a otras comunidades y pueblos que luchan contra el despojo y el saqueo”, concluyó Yacobs.
El Secretario General de la CTA Autónoma Córdoba, Federico Giuliani, junto a Marta Ceballos, Secretaria de Relaciones con los Pueblos Originarios.
Cabe consignar que el 30 de septiembre de 2021 se incorporaron a la CTA Autónoma de la provincia de Córdoba comunidades indígenas de diferentes lugares de las sierras cordobesas, como el Pueblo Nación Comechingón de San Esteban, localidad que se ubica en el norte de la provincia, a 96 kilómetros de Córdoba Capital. La Secretaria de Relaciones con los Pueblos Originarios de la CTA-A es Marta Ceballos del Pueblo Comechingón.
El 10º Congreso Nacional de Delegados de la CTA realizado en Embalse de Río Tercero el 14 de mayo de 2010 -hace más de 14 años- decidió modificar el Estatuto de la Central para aprobar la creación de la Secretaría de Relaciones con los Pueblos Originarios, junto con las de Cultura y Discapacidad.
Un paso significativo en el reconocimiento de los antiguos pueblos como parte indivisible del sujeto social que alimenta la identidad de la clase trabajadora.