OPINIÓN
Por Carlos Emanuel Cafure*
Hay una problemática realmente grave que atraviesa la clase trabajadora en la ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba, y en toda la Argentina: la violencia laboral.
La misma, se ha transformado en una epidemia y está acarreando como consecuencia, que miles de trabajadores -hombres y mujeres- se terminen enfermando física y psíquicamente. Asimismo, ya existen casos de muertes y de suicidios por esta forma de violencia en el ámbito del trabajo.
La violencia laboral, es una forma de abuso de poder que se ejerce de forma sistemática sobre uno o más trabajadores, que busca someterlo/s y en muchos casos, que terminen renunciando de sus trabajos.
Tiene tres modalidades que son: el acoso moral o psicológico, el acoso sexual y la agresión física.
Se puede ejercer de forma vertical ascendente (aquella que ejercen uno o más trabajadores ante un superior jerárquico), vertical descendente (aquella que ejerce un superior jerárquico sobre uno o más trabajadores), y horizontal (entre pares del mismo rango o jerarquía).
Pero lo más preocupante, es la actitud de desprecio e indiferencia que demuestran los concejales cordobeses, los legisladores cordobeses, y, además, los diputados y senadores de la Nación.
El día 7 de junio de 2016, ingresó en la Legislatura de Córdoba a través del Legislador Ezequiel Peressini (FIT), mi proyecto de ley provincial contra la violencia laboral (Nro. 17973L16). Se solicitó la rehabilitación desde aquella oportunidad hasta la actualidad, y nunca fue tratado por la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social de la Legislatura de Córdoba, a pesar de contar con el apoyo de más de treinta (30) sindicatos, dos (2) centrales obreras nacionales, el Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba, organizaciones religiosas y fue declarado de interés general por más de ocho (8) facultades de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
El día 25 de agosto de 2017, ingresó al Concejo Deliberante de Córdoba a través de los concejales Esteban Dómina, Natalia De la Sota, Adrián Brito, Pablo Ovejeros y Nadia Fernández (Unión por Córdoba), mi Proyecto de Ordenanza Municipal contra la violencia laboral (Nro. 6276-C-17, y ahora 7432-C-19). Fue declarado de interés general por las facultades de Derecho y Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Desde su presentación, hasta la actualidad, nunca se trató en la comisión a la que fue asignado.
El día 1 de noviembre de 2018, ingresó en el Congreso Nacional a través de los diputados nacionales Gabriela Estévez y Pablo Carro (Unidad Ciudadana Córdoba / Frente para la Victoria), mi proyecto de Ley nacional contra la violencia laboral (6876-D-2018). Viene recibiendo innumerables apoyos de sindicatos y centrales obreras de todos el país. Desde su presentación hasta la actualidad, todavía no se ha tratado en la comisión a la que se asignó.
Tres iniciativas legislativas de mi autoría (municipal, provincial y nacional), sobre la violencia laboral, duermen en los cajones del Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba, de la Legislatura Unicameral de la Provincia de Córdoba, y del Congreso de la Nación. Todos, cuentan con importantes respaldos.
En mi carácter de autor, trabajo para que se traten, se mejoren y mediante el consenso, se aprueben. Pero a veces me pregunto: quienes legislan, ¿desprecian a los trabajadores?
En los citados recintos, se terminan a veces aprobando proyectos que rayan el absurdo, pero no se discuten estos proyectos que buscan prevenir y sancionar la violencia laboral, que en muchos casos destruye la salud de quienes la padecen y en otros, les cuesta hasta la vida.
*Abogado Laboralista. Delegado del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba
Fuente: www.enredaccion.com.ar