A comienzos del mes de agosto se conocía la desestimación del Juez Federal Nº 2 de Córdoba, Alejandro Sánchez Freytes a la denuncia federal penal sobre daño arqueológico por la obra de la Autovía de Punilla, presentada el primero de agosto del año 2022. En esta oportunidad la Justicia Federal le dio la espalda al reclamo de la comunidad. Por más que oficialmente digan que no hay daño, en realidad si lo hay. Sobre esto hablamos en Panorama con la abogada ambientalista Marcela Fernández.
Una vez más la Justicia le da la espalda al pueblo de Córdoba, a los sectores que están preocupados por su territorio, como en este caso las Comunidades Indígenas. Con el paso de la Autovía están desapareciendo lugares simbólicos de nuestra historia.
El dictamen de la Justicia “se basa en toda la información que recoge y recolecta de los organismos que supuestamente entre comillas están creados para proteger ese patrimonio arqueológico y cultural”. Que en este caso en Córdoba es la Agencia Córdoba Cultura. Al respecto, Fernández comenta: “Todo patrimonio cultural de la provincia está en manos de esta Agencia, allí hay una Dirección de Patrimonio que es la que verifica digamos especialmente también este punto. Y bueno, tienen criterios la verdad que muy particulares. Acá a la letra del fiscal, vos podes hacer un terraplén, una nivelación, pero no estás afectando el patrimonio arqueológico. O sea, cosas fuera de lógica”.
“Lamentablemente tenemos funcionarios que al fiscal lo convencen de que está todo bien, de que no está en vías de destruirse nada, que está todo controlado, cuando todos sabemos que arrancaron la obra, las tareas con maquinaria pesada cuando escribieron que no se podía ingresar maquinaria pesada. Digamos, arrancaron con un Estudio de Impacto Arqueológico, que era un mamarracho, o sea armaron un escritorio, no habían ido a hacer ningún relevamiento al campo, al lugar, por la pandemia” añade la abogada.
La realidad es que a pesar de los años, desde el 2018 a la fecha, no existe una mesa de trabajo conjunta entre la ciudadanía y la Justicia (o el Estado provincial). La entrevistada califica como falsas las afirmaciones de que si existe una mesa de trabajo entre la población afectada y la Justicia:“Son falsedades. ¿O sea donde está una mesa de trabajo conjunta? No existe. A la gente de la zona que se animó a ponerle el cuerpo la imputaron. O sea, se le hizo una causa, se le inventaron causas penales, entonces de que estamos hablando, esto es todo una burbuja de una mentira”.
Es para resaltar la doble moral de los funcionarios de Patrimonio de la Provincia, como Uribe, que actúan para que el patrimonio milenario sea invisibilizado. En referencia a esto, la letrada menciona: “Las pircas, que para ellos no valen nada, porque dicen que no son de la época más reciente (colonial).Así lo que fuera, pongamos la antigüedad que fuera, forman parte de nuestra identidad. Cuando viene un turista de nuestra provincia y ve nuestros pucarás, entre comillas, nosotros sabemos que esa es nuestra identidad. Esa es una construcción del paisaje que hemos armado nosotros”.
“Acá no se ha respetado nada” deja en claro durante la charla la abogada Marcela Fernández. Que argumentando sobre esto esgrime: “Toda la cantidad de patrimonio que tenemos en Córdoba es un agujero en una piedra para algunos y son lugares en realidad sagrados para las comunidades, o sea, es que falta educación, porque tampoco se enseña en las escuelas que estos son lugares sagrados, de respeto, que los que no comparten esa visión, la deben respetar. Esto es una ley de la selva, o sea, sabemos, en líneas generales la falta absoluta de educación que hay en esta materia. Entonces bueno, falta de educación, de conciencia, digamos, pasa por ahí”.
“No es que nadie dijo nada, acá esa denuncia se hizo una vez, pero después hubo como diez presentaciones más demostrando que se estaba produciendo el daño arqueológico. Entonces, bueno, estamos haciendo la vista gorda. Hay gente que dentro del Poder Judicial tampoco maneja la materia, inclusive por ahí uno hablaba con gente de la Fiscalía y se daba cuenta que no tenían mucho conocimiento de la materia. Entonces bueno, también tenemos falencias en el Poder Judicial, tenemos que estar rogando que nos toque un juez o gente que maneje más o menos, esto como el Derecho Ambiental, imaginate el Derecho Arqueológico” adjunta.
Los jueces se apoyan en dictámenes de estos “peritos” que a su proceder son imparciales. El juez “va a a confiar en los informes que le manden de las áreas correspondientes”. Justamente son esas áreas las que están siendo cuestionadas, son lugares que para la entrevistada es “donde radica toda esta manzana podrida que tenemos en el sistema de Córdoba”. “Esta obra evidentemente está blindada por todos lados, la han garantizado con el uso de la fuerza coactiva del Estado, toda esta persecución, toda estas maniobras, ¿no?Haber creo que han ido preparando todo el terreno para ellos ir cerrando todas estas posibilidades, amedrentar a la gente, que no salga, han manejado todo” explica nuestra interlocutora.
Poco importó la falsedad ideológica de los informes. El avasallamiento del Estado ha implementando el miedo. “Han avasallado tanto que hasta a veces los ciudadanos dudan si tienen derecho o no a la protesta” finaliza diciendo Fernández.
Fuente: www.radiopanamericana.com.ar