Por Juan Yacobs*
El contrato de concesión que la Municipalidad de Capilla del Monte pretende firmar con la Cooperativa Integral de Villa Carlos Paz (COOPI) para el manejo del servicio de agua y cloacas encierra múltiples aspectos que merecen una revisión urgente. No sólo por sus implicancias legales y económicas, sino también por el preocupante historial de esta prestadora en otras localidades.
En primer lugar, el contrato se adjudica por contratación directa, evitando el procedimiento público y competitivo que garantizaría transparencia, eficiencia y participación ciudadana. Aunque se ampare en marcos legales provinciales, esta decisión contradice el principio democrático según el cual los servicios públicos deben adjudicarse con el mayor grado de control social posible. La ausencia de licitación no se justifica más que por la misma urgencia que llevó a esta situación, pero se pretende otorgar por 15 años, lo que da lugar a legítimas sospechas sobre los intereses que se están priorizando.
Como establece el contrato, se le concedería a la COOPI el control del servicio por quince años, con un año adicional si el municipio lo solicita. Un plazo excesivo, sin controles intermedios obligatorios, que puede condenar a la ciudad a una relación contractual rígida, costosa y difícil de revertir si el servicio no cumple con las expectativas. Tampoco se ha convocado a una audiencia pública del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSEP) antes de aprobar el contrato, lo que representa un grave incumplimiento de las normas que rigen los servicios públicos en Córdoba. Esa instancia no es una formalidad: es una herramienta básica de participación ciudadana y control social. Omitirla invalida, en términos éticos y probablemente también jurídicos, toda la negociación.
El contrato también introduce una cláusula que otorga a la cooperativa un 15 % fijo sobre todo lo recaudado por la prestación del servicio. Este porcentaje se define como un “beneficio”, pero se aplica sobre la facturación bruta, sin ningún vínculo con la eficiencia del servicio, la calidad de la atención ni la inversión real. Es decir, cuanto más se cobre, más gana la empresa, sin importar cómo se preste el servicio. Este modelo de incentivo es incompatible con una lógica de servicio público. Es una lógica de ganancia empresarial camuflada detrás del lenguaje cooperativo.
Preocupan también las declaraciones del Intendente Fabricio Díaz, quien niega que se trate de una privatización, cuando en términos formales lo es. Los usuarios del agua en Capilla del Monte, en caso de concretarse la firma del contrato, no pasarán a ser socios de la prestataria, como demagógicamente —y en nombre del cooperativismo— se pretende instalar. En los hechos no es así: Los usuarios tendrán una relación contractual con esta cooperativa de la misma manera que sucede con cualquier empresa privada. Mientras tanto, la COOPI podrá industrializar y comercializar los residuos del sistema cloacal, así como recibir y tratar desechos industriales no asimilables a los domésticos. Estas actividades, que abren la puerta a negocios paralelos, se autorizan sin una regulación clara, sin controles específicos ni dictámenes técnicos previos de la autoridad ambiental. Se confía en que estas prácticas “no interfieran” con el sistema de cloacas, pero no se aclara quién lo evaluará, cómo se controlará ni qué consecuencias habrá si el impacto ambiental se concreta.
Si a todo esto le sumamos los antecedentes de la COOPI en Villa Carlos Paz —localidad de la que le fue retirado el servicio—, así como en el centro de Punilla a través de la concesionaria ARCOOP, el panorama es aún más alarmante. Allí, lejos de sentirse socios activos de la cooperativa, los usuarios terminaron soportando interminables juicios por moras, que nunca se tradujeron en infraestructura, sino en millonarias sumas de honorarios para abogados. Tarifas impagables, gastos exorbitantes en asesoramiento legal, abandono de servicios, conflictos laborales y una administración marcada por la insensibilidad con los usuarios y socios deberían ser razones suficientes para que cualquier municipio piense dos veces antes de entregarles la llave de un servicio tan vital como el agua.
Este contrato no es sólo un acuerdo administrativo: Es una cesión de soberanía sobre un bien común. El agua no puede estar gobernada por convenios que benefician a unos pocos y comprometen el futuro de todos. Capilla del Monte necesita una gestión pública del agua que sea transparente, eficiente, ambientalmente responsable y socialmente justa. Y eso no es lo que este contrato garantiza.
La cuenca norte del Valle de Punilla debería mirar con atención lo que ha ocurrido en la cuenca del Lago San Roque, hoy en un crítico estado de contaminación, en gran parte responsabilidad de ARCOOP y la COOPI. Basta observar el recorrido de esta gestora —con forma de cooperativa, pero funcionamiento de empresa familiar— para comprender los riesgos de seguir este camino.
*Periodista. Secretario General de la CTA Autónoma Punilla