El trabajo formal fue el motor central de la movilidad argentina durante gran parte del siglo XX. En la actualidad, los altísimos niveles de informalidad laboral configuran un mercado crítico donde gran parte de la población trabaja hasta la explotación y carece de derechos laborales y sociales básicos. ¿Qué factores llevaron a esta situación? ¿Qué rol tiene el Estado? ¿Y el sector privado? ¿Pueden las cooperativas y asociaciones convertirse en insignia del empleo decente?
Por Florencia Mártire y Mariana Portilla
Al del lavadero se le amontonan los autos y pone un cartel que dice “no hay más lugar”. La mujer que limpia en cinco casas ya no da abasto. El chico del delivery reparte pedidos de acá para allá. Todas esas personas trabajan tiempo completo y al máximo rendimiento para lograr vivir con lo justo. No tienen representación gremial, muchas veces su ocupación es solitaria, casi nunca la eligen por deseo. Su trabajo es informal, ese sitio oscuro donde no existen los derechos laborales y sociales básicos: el acceso a una obra social, vacaciones pagas, una indemnización, aportes jubilatorios, tiempo libre.
“Parece difícil afirmar que el causante de la crisis social en Argentina sea la falta de trabajo”, afirmaba en un número anterior la economista Ana Rameri, del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), “lo que falta es el reconocimiento de esas prácticas, tanto en ingresos como en derechos”.
En el último trimestre de 2021, los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) arrojaron una tasa de empleo del 43,6 y una desocupación del 7 por ciento en el país, lo que muestra una mejora respecto a los niveles observados antes del inicio de la pandemia por Covid-19. No obstante, se estima que actualmente un 45 por ciento del total de la fuerza de trabajo se encuentra en la informalidad, según consignan especialistas del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) indicaba en 2018 que la tasa de empleo informal en la región de América Latina y el Caribe es más elevada entre las mujeres, también en los extremos de la población (joven y adultos mayores), y que se concentra principalmente en zonas rurales. Tras la contracción en la actividad económica que atravesó la región a partir de la pandemia, la OIT afirma precisamente que son las ocupaciones informales las que están liderando la recuperación parcial del empleo.
“La estrecha vinculación entre informalidad laboral, bajos ingresos y desigualdad se ha hecho aún más evidente en este contexto”, resalta un informe del organismo internacional. El problema ya existía desde antes de la crisis sanitaria, pero su magnitud es cada vez más alarmante. Y lograr una transición hacia el empleo decente se torna uno de los grandes desafíos de la pospandemia.
¿Cómo se explica la precarización?
El mercado de trabajo formal fue el motor central de la movilidad argentina durante gran parte del siglo XX. Sin embargo, un gran número de especialistas coincide en que en la actualidad se produjo un proceso de “latinoamericanización”.
Este fenómeno refiere a la venta ambulante, al reciclaje, a cocinar y a vender comida en la calle, a limpiar parabrisas. Así lo explica a Malas Palabras el investigador del Programa del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA), Eduardo Donza. Para el especialista, la precarización tiene su raigambre en la estructura productiva: “Si no acompaña, no se van a generar más puestos de trabajo en cantidad y calidad suficiente para lo que necesita la población”.
Eduardo Donza.
-¿Cómo está conformada la estructura productiva en nuestro país?
-Casi la mitad de los trabajadores está en el sector microinformal de la estructura productiva; un 35 por ciento en el sector formal, es decir, en establecimientos grandes, con elevada productividad, que en general pagan buenos salarios y tienen a sus trabajadores registrados; y un 15 por ciento en el Estado. El problema en Argentina es que ese sector formal no se amplía, se va achicando.
-Para que se resuelva ese problema, ¿tiene que acompañar la estructura productiva?
-Por supuesto. La gran mayoría de puestos de trabajo, sacando los programas de empleo con contraprestación, lo genera el sector privado. Necesitamos un dinamismo muy grande de este sector para la generación de puestos de trabajo.
El caleidoscopio de la informalidad
El trabajo informal es heterogéneo, varía según la región, la época y el tipo de actividad. Lo es también su historia. Según varios estudios académicos, la informalidad en la Argentina empezó con la desindustrialización en la década del 70. “La irrupción de la dictadura es frenar y generar un proceso de desindustrialización”, afirma la economista Noemí Giosa Zuazúa en diálogo con Malas Palabras. “Es cuando las empresas importan y se dedican más al comercio que a producir”.
Dado ese punto de inflexión en el mercado de trabajo nacional, Giosa Zauzúa señala que la precarización adoptó tres tipologías a lo largo de estos años: trabajadores y trabajadoras por cuenta propia, asalariados y asalariadas no registrados, y la tercerización laboral.
Noemí Giosa Zuazua.
“La tercerización es parte de la cadena de producción de las empresas multinacionales”, manifiesta Horacio Fernández, codirector del Instituto de Estudios y Formación (IEF) de la CTA Autónoma. En este sentido, recuerda la experiencia de la central obrera y los tercerizados de las telecomunicaciones enfrentando a Telefónica: “La subcontratación de forma precaria es parte fundamental del aumento de la tasa de ganancia que tienen los grandes grupos”.
Actualmente, además de los tradicionales modos de informalidad, nos encontramos frente a realidades de la era tecnológica que también se alejan del trabajo decente. “Es un caleidoscopio de formas de precarización: se siguen sumando nuevas”, asegura Giosa Zuazúa, teniendo en cuenta el caso de las plataformas digitales de trabajo, que prestan servicios de entrega, un rubro en el que se inserta en gran medida la población jóven y que no cuenta con una regulación en el país ni en el mundo.
Según un informe de la OIT, las plataformas digitales crean oportunidades sin precedentes para los trabajadores, las empresas y las sociedades en general, al estimular “la innovación” a gran escala en todo el mundo; y desde 2010 su número se ha quintuplicado a nivel mundial. “Sin embargo, al mismo tiempo, representan una amenaza grave para el trabajo decente y la competición leal”, afirma el documento.
La principal motivación que lleva a las personas a trabajar en las plataformas digitales en Argentina es no encontrar otro empleo, detalla el organismo internacional. Las otras causas reveladas por la encuesta son: la flexibilidad del trabajo; una remuneración mejor que la de otros empleos disponibles; y para completar el salario, entre otras.
Horacio Fernández.
“De los jóvenes que trabajan, más del 70 por ciento lo hace en condiciones de desprotección; no conocen la forma salarial registrada, que fue la forma histórica del modelo industrial por sustitución de importaciones”, advierte Fernández.
Si bien es la excepción y no la norma, en el país se estuvieron realizando algunos relevamientos de las condiciones laborales de este sector, tales los casos de las provincias de Buenos Aires y La Pampa, con el objetivo de delinear en el mediano plazo un marco de regulación. También el Gobierno de Santa Fe llevó a la justicia a la firma Pedidos Ya por empleo sin registrar, obteniendo resoluciones favorables.
En términos generales, la OIT recomienda la coordinación política internacional para generar convenios marco que regulen este tipo de trabajo, entendiendo que las plataformas operan a través de múltiples jurisdicciones. Asimismo, considera fundamental el “diálogo social” entre las plataformas, sus representantes, los gobiernos, y los trabajadores y trabajadoras.
Hacia una economía social y solidaria
Frente a este panorama, el gran desafío es pasar del análisis y reconocimiento de la situación actual del mercado laboral a otra donde prime el trabajo decente. Giosa Zauzúa considera que la vía no pasa en insistir que las personas cuentapropistas, tercerizadas o asalariadas no registradas sean contratadas por las empresas.
Desde su perspectiva, el Estado tiene que aplicar fondos para que los trabajadores y trabajadoras puedan organizarse de “forma autónoma”. Defiende la potencia de las asociaciones y cooperativas para producir bienes o servicios de distinta naturaleza, liberando a las personas de “agarrar cualquier trabajo para cubrir las necesidades básicas”. Pero insiste en la urgencia de que el Estado las ponga en su radar.
La Renta Básica Universal es otra de las medidas que la experta considera relevante para mejorar el mercado laboral por su carácter integrador. Esta iniciativa, dice Giosa Zauzúa, “propone que el ingreso tiene que ser un derecho universal de las personas a poder reproducirse y, por lo tanto, el Estado tiene que pagar a todas las personas, por el hecho de ser ciudadanas, una renta que cubra las necesidades básicas… ¿Y cómo se financia? Se financia con tributos. Parte de esta propuesta es una reforma tributaria”. En este sentido, la Renta Básica Universal se torna para la economista una medida que puede “unificar” todas las políticas de ingresos y de bonos, dando lugar a nuevas prácticas socioproductivas.
Foto: Leo Vaca.
Por su parte, Horacio Fernández propone pensar en un modelo productivo que privilegie el mercado interno de demanda masiva e incorpore tecnología. Al igual que Giosa Zauzúa coincide en la urgencia de que se sancione un piso de ingresos básicos para el conjunto de la población, ocupada y desocupada, con el objetivo de que el trabajador “no gane menos que el salario mínimo, vital y móvil”.
Consultado sobre si considera que el Estado ha desarrollado políticas públicas tendientes a la promoción del empleo formal, asegura: “Muy pocas, porque si hay 2.400.000 trabajadores registrados que cumplen sobrejornada, no hay una propuesta seria que tenga que ver con crear un circuito de trabajo que incorpore a la economía popular, social y solidaria, y a las cooperativas”.
“Hay mucho por hacer. Falta rigidez de la autoridad de aplicación para con la utilización de la fuerza de trabajo”, sintetiza Fernández.
La CTA-A en Ginebra
Integrantes de la CTA Autónoma participaron de la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) que se desarrolló en Ginebra, Suiza, desde el 27 de mayo hasta el 11 de junio. Se trató del primer encuentro presencial del organismo tras la pandemia.
Adolfo “Fito” Aguirre, Secretario de Relaciones Institucionales de la CTA-A, señaló a Malas Palabras que uno de los puntos más novedosos que se abordó en el encuentro fue “El trabajo decente y la economía social y solidaria” (ESS).
“Por primera vez se instala en la OIT el reconocimiento de que es más grande el desempleo que la economía formal”, explicó Aguirre, “y la necesidad de fomentar la economía social y solidaria, como las cooperativas, con derecho a una negociación colectiva y con libertad sindical”.
Asimismo, destacó que se instó a todos los países a adoptar la Recomendación 204 de la OIT, sobre la transición de la economía informal a la economía formal. “Esta resolución que se ha aprobado por unanimidad fortalece lo que nosotros estuvimos trabajando, que es visibilizar más las formas de precarización que llegan hasta la explotación, exigiendo el compromiso de empleadores y del Gobierno para orientar la mirada hacia la formalización de esa realidad laboral existente”.
Fuente: www.malaspalabras.org