En Córdoba, las cárceles están saturadas y la prisión preventiva se volvió la norma. Datos del Servicio Penitenciario Provincial y el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura revelan un sistema que encierra más de lo que puede contener, mientras la CIDH advierte que el hacinamiento y la deliberada lentitud judicial transforman la preventiva en un castigo anticipado.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tiene bajo la lupa al Poder Judicial local y al Sistema Penitenciario de Córdoba (SPC), señalando el uso “abusivo” de la prisión preventiva y las condiciones de hacinamiento extremo en las cárceles provinciales.
En una audiencia celebrada el 25 de julio de 2025, el organismo internacional otorgó a la provincia un plazo de 30 días para responder y presentar medidas concretas que garanticen el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
Para Inés León Barreto, integrante de la Red de Derechos Humanos en Contextos de Encierro, el emplazamiento de la CIDH debería ser interpretado como “un exhorto a cumplir con las normas internacionales y reducir la cantidad de internos e internas que están en esta condición procesal por la ineficiencia del sistema de justicia cordobés”.
“Las cárceles de Córdoba ya no tienen más lugar para seguir recibiendo más personas, provocando que el hacinamiento mute a penas ilegítimas”, comenta Barreto.
Barreto recuerda que en 2012 el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) ya había identificado como causa central la ausencia de medidas alternativas a la prisión preventiva, especialmente en delitos contra la propiedad, que representan la mayoría de los casos.
“No hay otra opción alternativa y solo se remite a las personas a la cárcel como única respuesta”, advierte la entrevistada.
También denuncia que se trata de “una decisión de gobierno” con graves consecuencias institucionales y humanas. En el caso de la cárcel de mujeres (EP3), señala que la incertidumbre procesal, la falta de acceso a talleres y actividades, y la ausencia de atención psiquiátrica adecuada generan “muchísimos problemas de salud mental”. Incluso recuerda “suicidios no esclarecidos” en 2019.
La incorporación de la figura de narcomenudeo, agrega, afectó principalmente “al eslabón más débil” de la cadena delictiva, dejando intactos a los niveles superiores del narcotráfico.
En un diagnóstico más amplio, Barreto sostiene que la situación en Córdoba es “endémica” y que, pese al cambio de signos políticos, “la estructura de cómo resolver el sistema carcelario es una deuda desde la democracia en adelante”.
Un problema estructural y compartido
Valeria Plaza, docente universitaria, investigadora del CONICET e integrante de la Red, sostiene que el involucramiento de la CIDH posee una dimensión estratégica: “Al menos genera una posibilidad de visibilización y de poder hacer algunas acciones coordinadas en relación al tema”. Recuerda que experiencias previas, como en Mendoza, derivaron en políticas públicas de modificación tras recomendaciones de la CIDH.
Plaza señala que los fiscales y jueces de control convalidan la prisión preventiva como regla, incluso en delitos menores. “Gran parte de los privados de su libertad están en las cárceles por la prisión preventiva. Recordemos que tenemos índices alarmantes en la relación entre condenados y procesados. Me parece importante visibilizar el rol del Poder Judicial”, advierte.
La Red reclama desde hace más de una década la creación de un Mecanismo Local de Prevención de la Tortura con facultades para auditar el uso de la prisión preventiva y las condiciones de detención.
“Evitar las muertes que se producen en contexto de encierro y que claramente son en gran parte consecuencia del hacinamiento es responsabilidad del Poder Judicial”, subraya Plaza.
Datos que reflejan la crisis
Las estadísticas oficiales confirman el diagnóstico. Al 31 de diciembre de 2024, Córdoba alojaba a 14.674 personas en unidades con capacidad para 12.952, una sorbeocupación del 113,3%. Para el 30 de junio de 2025, el Tribunal Superior de Justicia registró 15.590 detenidos, de los cuales 66% tenían condena y 34% estaban procesados sin sentencia.
La Comisión Nacional de Prevención de la Tortura detalla que el 42,4% de los internos está acusado de delitos contra la propiedad, el 19,1% por delitos contra la integridad sexual y el 18,2% por delitos contra las personas.
En la práctica, la sobrepoblación se traduce en celdas con un inodoro y dos duchas para más de 80 personas, colchones compartidos por hasta tres internos y pabellones con capacidad para 6 camas que alojan a 40 reclusos. Las inspecciones documentaron plagas, humedad, instalaciones eléctricas precarias y una grave falta de atención médica.
La aplicación casi automática de la prisión preventiva viola el principio de excepcionalidad previsto en estándares internacionales. Organismos de derechos humanos advierten que esta práctica, combinada con las condiciones de hacinamiento, presiona a las personas acusadas a aceptar juicios abreviados, muchas veces no por culpabilidad, sino para salir cuanto antes de prisión.
La CIDH espera que Córdoba adopte medidas concretas, desde alternativas a la prisión preventiva hasta mejoras sustanciales en infraestructura y servicios. El desafío, según Plaza, es que el pronunciamiento del organismo “sirva para visibilizar la crisis y empezar a distribuir las responsabilidades entre los tres poderes del Estado”.
Fuente: www.enfantterrible.com.ar