El sindicato denuncia que la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia no sólo precariza y empobrece a las trabajadoras del instituto provincial Complejo Esperanza, sino que también las aprieta con amenazas de despido. El Secretario General Federico Giuliani en diálogo con Enfant Terrible explicó que “es sistemática la persecución” hacia quienes se organizan en ATE.
El Consejo Directivo Provincial (CDP) de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTAA) viene denunciando en Córdoba la persecución que efectúa el organismo provincial Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) ante los reclamos por precarización y explotación laboral que hacen las trabajadoras del Complejo Esperanza, institución destinada para la contención adolescentes en conflicto con la ley penal, con aprietes y amenazas de despidos.
Frente a las denuncias, el martes 7 del corriente, el Secretario General de ATE Córdoba Federico Giuliani se hizo presente en las instalaciones del Complejo, ubicadas en Camino a 60 Cuadras km 14 1/2, para asistir a una asamblea, discutir sobre la situación y acordar acciones concretas ante los reclamos laborales. Sin embargo, la entrada al predio le fue negada por orden de las autoridades del organismo, Georgina Tavella y Federico Robledo.
Como siguiente acción, ante la negativa del ingreso al establecimiento público, el pasado jueves realizaron una asamblea frente a la dirección Penal Juvenil de cara a concretar una acción de protesta y visibilización en el Ministerio de Justicia buscando entablar diálogo con el encargado de la cartera, Julián López.
“Es sistemática la persecución por parte de las autoridades de SENAF hacia trabajadoras que se organizan en ATE”
El secretario general viene denunciando la “política antisindical” de la SENAF, que tiene en su prontuario el despido en 2018 de dos delegadxs de ATE que trabajaban en la línea telefónica 102, de atención a situaciones de maltrato infantil, tras denunciar el traslado del call center a un “garage” ubicado en bulevar Illia 238, bajo condiciones de insalubridad laboral. Por este motivo, ATE recurrió a la Justicia y logró la posterior reincorporación. Luego el conflicto con el organismo se corrió al área Penal Juvenil en plena pandemia, con el traslado de otra delegada, Virginia Ayala, de su puesto de trabajo en la calle Corrientes a la localidad de Carlos Paz. Luego de 8 meses de cortes en calle Alvear frente al Ministerio de Justicia, ATE logró que sea reincorporada a su puesto original.
“En un primer momento, cuando era Secretario un tal (José) Piñero”, recordó Giuliani en diálogo con Enfant Terrible y explicó: “Tuvimos un proceso de lucha muy dura, y por las diferentes denuncias y producto de nuestra lucha, a fines de 2020 tuvo que renunciar. Si bien después asumió una nueva conducción y habíamos logrado una mesa de diálogo, las actitudes desleales por parte del Estado patrón para con ATE continuaron: impugnar elecciones, trasladar delegados, impedirnos entrar a edificios públicos”.
“Para ellos es más fácil que no haya sindicatos, vulnerar los derechos o acordar individualmente”
Actualmente el conflicto tiene su foco en el Complejo Esperanza. La trama institucional que provoca vivencias precarias en el Complejo, es justamente compleja. Para referirse, en cada ocasión Giuliani remarcó el carácter “permanente” del hostigamiento institucional “que tiene que ver con salarios de pobreza, precarización y condiciones de trabajo que no son las más óptimas”.
Hay una casuística muy compleja, hablamos de menores judicializados, donde muchas veces se han desintegrado los vínculos familiares, en un contexto de alta vulnerabilidad social, pobreza y marginalidad, sumado al hostigamiento permanente de la Jefatura.
Difícilmente haya un estado presente en un área tan sensible que abarca la niñez, la adolescencia y las familias de los sectores populares, si los trabajadores y trabajadoras que todos los días deberían garantizar derechos, están justamente con sus derechos vulnerados. La estabilidad laboral es uno, todas las figuras que el estado provincial tiene para precarizar las utiliza; hablamos de contratados, monotributistas, becarios, pasantes. Por otro lado los salarios, que van de los 20 mil hasta los 50 mil pesos, es decir, bajo la línea de la indigencia según el INDEC.
A su vez, esta vulneración de los derechos laborales repercute en la subjetividad y los cuerpos de quienes sostienen las tareas de cuidado, en particular en las instituciones referidas a lo carcelario. Muchas veces se olvida que no solo se buscan mejores salarios y estabilidad laboral, sino salud mental que también la debe garantizar el estado, y a su vez cómo esto impacta en lo físico.
Ya sea en las barriadas populares o en el Complejo, con las diferentes situaciones que se dan ante un contexto socioeconómico complicado, entendiendo que la salida no es individual, las trabajadoras buscan organizarse, aunque la patronal -es decir el Estado- aprieta para que no se organicen en ATE.
Contexto de pobreza y Paro Provincial como respuesta
Este escenario de vulneración de derechos también se observa en distintos ámbitos de la plataforma laboral provincial, con vaciamiento y cierre de múltiples establecimientos públicos de Salud como el IPAD o los Espacios de Memoria, donde también se replican las actitudes antisindicales que ATE viene denunciando y buscando poner freno.
La caracterización que hace Giuliani sobre este escenario, remarca el modelo de ajuste que viene implementando el Gobierno Provincial, como línea ininterrumpida del cordobesismo desde el año 99′ hasta esta parte, “un Estado pequeño, ajustado al máximo, donde sus trabajadores y trabajadoras de todas las áreas, tanto de administración pública en general y también de Salud, son quienes sufren el primer perímetro de ajuste”.
Teniendo trabajadores pobres y que necesitan pluriempleo para llegar a fin de mes, con la falta de personal que hay, porque con los salarios que hay no abundan las personas que se ofrecen a trabajar en el estado -en el caso de la SENAF hablamos de psicólogxs, trabajadorxs sociales, es decir, profesionales clasificados- y donde un trabajador tiene que hace el de dos o tres, también se resienten los servicios que se brindan a la población. En este sentido, el estado tiene una mirada neoliberal de lo público.