Fue durante un plenario de comisiones del Senado, que terminó con una fuerte discusión entre oficialistas y opositores. La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, defendió el proyecto enviado por el Ejecutivo.
En un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y de Trabajo y Previsión Social, que se reunió de manera remota, obtuvo dictamen favorable el proyecto de ley enviado por el Gobierno para ratificar el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre violencia y acoso en el ámbito laboral.
Tras un debate de dos horas, que terminó con una fuerte discusión entre oficialistas y opositores, el Frente de Todos avanzó con el dictamen, con la compañía de Julio Cobos (UCR), Lucila Crexell (Movimiento Neuquino), Julio Martínez (UCR), Gladys González (Pro) y Guadalupe Tagliaferri (Pro).
En tanto, Juan Carlos Romero (Interbloque Federal), Martín Lousteau (UCR) y Esteban Bullrich (Pro) decidieron que se “levantaban de la comisión”, molestos con la intervención que tuvo en el final el jefe de la bancada oficialista, José Mayans.
Gómez Alcorta destacó las disposiciones del Convenio 190
Encargada de defender la iniciativa, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, expuso en el comienzo de la videoconferencia y aseguró que “las disposiciones de este convenio son prioritarias para la agenda de la erradicación de la violencia por cuestiones de género” y que se enmarca en la normativa internacional sobre derechos humanos.
La funcionaria sostuvo que este instrumento “no colisiona” con otros tratados internacionales avalados por Argentina, y subrayó que “define el alcance concreto de las obligaciones estatales en esta materia”.
“La violencia laboral por motivos de género discrimina a las mujeres y obstaculiza su acceso al empleo, su contratación y su permanencia: muchas veces está vinculada a la maternidad, la edad o la apariencia física”, señaló.
Para Gómez Alcorta, el convenio es “un aporte efectivamente insoslayable” para la cartera que ella conduce, y se trata del “primer tratado internacional que aborda de una manera específica y exhaustiva la violencia y el acoso en el ámbito laboral; a la vez que desarrolla el alcance de las obligaciones que al respecto tiene tanto el Estado como los particulares. Es un instrumento muy novedoso”.
La ministra valoró que el documento “insta a los Estados a adoptar un enfoque inclusivo, integrado, que tenga en cuenta especialmente las consideraciones de género y que aborde las causas subyacentes”. “La OIT reconoce que la violencia laboral constituye una afectación a los derechos, que perjudica el modo en que se van a llevar las tareas”, agregó.
Finalmente, celebró “la rapidez de la convocatoria a las comisiones” y remarcó que aspiraba a “que se apruebe prontamente”, ya que “una vez ratificado, hay un proceso internacional vinculado al convenio, que también intentaremos que se apure, porque eso nos abre, nos habilita, una agenda de trabajo tanto a nivel normativo como a nivel de políticas públicas”.
El debate y el pedido para que se trate en sesión virtual
Durante la discusión, el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Daniel Lovera (FdT), expresó que “al mundo del trabajo le falta empatía”. “Este convenio establece definiciones, ámbitos de aplicación, principios, políticas preventivas, formación y sensibilización para que puedan establecerse tipos de controles y recursos de reparación que permitan ejercer el derecho que toda persona tiene a trabajar libre de violencia o acoso”, enfatizó.
Asimismo, consideró que el tratado “resulta un ordenamiento y una herramienta federal que nos permite avanzar para arribar a políticas públicas comunes, con el objetivo de llegar a cada rincón de nuestro de país”.
A su turno, Norma Durango (FdT) aportó datos del Ministerio de Trabajo, precisamente del primer trimestre de 2019, los cuales afirman que en ese período “del 62% a 65%” de los denunciantes por esta problemática fueron mujeres. “En un 86% denunciaron violencia psicológica, en un 8% violencia sexual y en un 6% violencia física, y en su gran mayoría de parte de varones”, detalló.
La titular de la Banca de la Mujer resaltó que “este convenio es importantísimo porque son múltiples los obstáculos que enfrentamos las mujeres en los ámbitos laborales y que afectan nuestro desarrollo profesional, pero también personal”.
Por su parte, el salteño Juan Carlos Romero se manifestó a favor del proyecto, pero opinó que su debate en el recinto “debe quedar a la espera de que las sesiones se normalicen”, porque la temática “está afuera de lo comprendido en la resolución presidencial”. “Considero valioso el proyecto, voy a acompañar el dictamen, pero con la salvedad de que participaré de la votación en el recinto una vez que termine el tema de la pandemia”, manifestó, aunque finalmente no terminó acompañándolo.
En contraposición, Magdalena Solari Quintana, del monobloque Misiones, pidió que los presidentes de ambas comisiones -Jorge Taiana (RR.EE.) y Daniel Lovera (Trabajo)- revisen con los presidentes de bloques la posibilidad de incluir el tema en una próxima sesión.
“Tiene que ser una señal muy clara que los derechos de género, los derechos humanos, tienen que estar dentro de lo que tenemos que atender los legisladores como parte de la pandemia”, argumentó y dijo que no coincidía con Romero. “No podemos dejar esto esperando a que el Covid-19 pase o no pase”, insistió.
En tanto, Guadalupe Tagliaferri (Pro) ponderó el “consenso” por el cual se llegó a este convenio, que “no fue por arte de magia, no fue basado en chicanas. Fue producto de infinitas reuniones a lo largo del mundo entero, con todos los gobiernos, todos los sindicatos y organizaciones de mujeres”.
En ese sentido, señaló que el instrumento “nos plantea el desafío de cómo queremos llegar a hacerlo concreto. De ahora en más tenemos que convertirlo en modificaciones normativas buscando consensos y diálogo”.
El Convenio 190 de la OIT fue aprobado en la Conferencia Internacional del Trabajo que se realizó en Ginebra el 21 de junio de 2019 por representantes de gobiernos, sindicatos y empresas de los 187 países miembros del organismo. La norma proporciona un marco claro para la adopción de medidas y brinda la posibilidad de forjar un futuro del trabajo sobre la base de la dignidad y el respeto, exento de violencia y acoso.
En los argumentos del proyecto que envió el Gobierno se destacó que “el convenio se enmarca en la normativa internacional de Protección de los Derechos Humanos”. “El Estado deberá adoptar de acuerdo con la situación y legislación nacional y previa consulta tripartita, un enfoque inclusivo e integrado que tenga en cuenta las consideraciones de género para prevenir la violencia y el acoso en el mundo del trabajo”, se resaltó.
Fuente: www.parlamentario.com