Con una fuerte convocatoria y un clima de unidad entre luchas, este jueves los Tribunales de Cruz del Eje fueron escenario de una contundente muestra de respaldo popular a los seis defensores ambientales procesados por su participación en las protestas contra la construcción de la Autovía de Punilla. Asambleas ambientales de distintos puntos de la provincia de Córdoba, comunidades indígenas, sindicatos —entre ellos ATE y la CTA Autónoma—, junto a un centenar de vecinos y activistas, se concentraron para acompañar a quienes hoy enfrentan un proceso judicial que organizaciones sociales y sindicales denuncian como un nuevo caso de criminalización de la protesta.
La jornada estuvo atravesada por discursos que pusieron en el centro la defensa del territorio, los derechos colectivos y la dignidad de quienes resisten el avance de un modelo extractivista que, señalan, se impone sin consulta ni consentimiento a las comunidades afectadas.
Marco D’Angelo, integrante de la CTA Autónoma Punilla, sintetizó el sentido de la convocatoria con una palabra que resonó con fuerza entre quienes se acercaron a acompañar: dignidad. “Emociona ver acá la rueda. Pensaba qué palabra define todo esto y es dignidad: La dignidad de los nadies que estamos acá, demostrando una vez más el amor por nuestra pacha, por nuestra hermana, por nuestro hermano, por nuestro compa. Ese amor es más fuerte que la criminalización y el apriete”, expresó.
D’Angelo denunció además los intentos de condicionar a los acusados para que reconozcan una culpabilidad que rechazan de plano. “Parece que nos quieren chantajear, que nos quieren hacer firmar un contrato con el diablo, reconociendo que somos culpables. ¿Culpables de qué? ¿De defender el monte? ¿De señalarle a un funcionario público cuál es su deber, que es proteger el territorio y no entregarlo a un plan colonialista?”, interrogó, al tiempo que recordó hechos de violencia e impunidad que siguen sin respuesta judicial. “Frente a todo eso, la dignidad es estar acá y sostenernos, porque ahora viene un proceso que ellos fijaron: pusieron la fecha, el escenario y las reglas”.
En la misma línea, Matías Pérez, también integrante de la CTA Autónoma Punilla, destacó el respaldo colectivo y el rol central de las comunidades indígenas en la defensa del territorio. “Agradezco a todo este movimiento y a las comunidades indígenas. No hubo consulta previa, y eso es ley nacional y está en la Constitución. Es en eso que nos estamos amparando para frenar la destrucción”, señaló.
Pérez remarcó que la lucha trasciende a las personas imputadas y tiene un sentido intergeneracional. “Esto no es por nosotros, es por las próximas generaciones. Buscan sentar un precedente en la práctica social y ambiental, y eso no nos lo podemos permitir. Sabemos que no estamos solos y que nuestros ancestros nos están sosteniendo para mantener la vida”.
Desde la defensa técnica, el abogado René Amsler fue contundente al cuestionar el accionar del Estado y del Poder Judicial. “El punto fundamental es que acá se intenta forzar o calzar determinados tipos delictivos para meter a estas personas en el sistema penal. La sanción ya la están pagando: tener que venir a tribunales, tener que enfrentar un debate”, afirmó.
Amsler explicó que la defensa ofreció alternativas para evitar el juicio, pero que la respuesta fue clara. “Nos dijeron por escrito que esto es política criminal, política del Estado: Perseguir a quienes osen mirarlo feo a un funcionario público. De ahí a usar todas las herramientas del Estado para considerar delito una protesta hay un nivel enorme de ilegalidad y abuso, y eso es lo que vamos a sostener hasta lograr la absolución”, aseguró.
Por su parte, Marcela Martín, jubilada de ATE, amplió el marco político de la causa y la vinculó con el conjunto de las luchas que atraviesan la provincia. “Esta pelea por evitar la condena no es solo ambiental, es por todas las luchas de Córdoba. Por eso es tan importante que esté ATE, la universidad, las asambleas, las comunidades. Esto no arranca hoy, esto continúa, porque las luchas siempre continúan”, expresó.
Martín llamó a fortalecer la unidad frente al ajuste y la persecución. “Esta lucha judicial tiene que servir para fortalecer todas las luchas en Córdoba. Si nos condenan a nosotros, nos condenan a todos. Y lo vamos a frenar. En mayo vamos a estar más fuertes, porque no nos vamos a callar ni a bajar los brazos”.
Las claves técnicas de la defensa y las fechas del juicio
Desde el punto de vista jurídico, la defensa sostiene que no existe delito alguno en las acciones llevadas adelante por los defensores ambientales, y que se trata de una aplicación abusiva del derecho penal para disciplinar la protesta social. Entre los ejes centrales se destacan:
- La inexistencia de tipicidad penal en las conductas imputadas.
- La violación de derechos constitucionales, como la libertad de expresión, de reunión y de protesta.
- La falta de consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas, en violación de normas constitucionales y tratados internacionales.
- El uso del proceso penal como herramienta de política criminal para desalentar la organización social y territorial.
El juicio se desarrollará en los Tribunales de Cruz del Eje y tiene fijadas audiencias para los días 7, 8, 11 y 14 de mayo. Las organizaciones convocantes anticiparon que continuarán acompañando el proceso y fortaleciendo la movilización, convencidas de que la única forma de frenar la criminalización de la protesta es con más organización, más unidad y más presencia en las calles y en los territorios,