Por Lea Ross
Córdoba vive un caldeado panorama represivo por el avance de las autovías y las resistencias contra las mismas. Como contrapartida, se viene el primer juicio contra una máxima autoridad ambiental de la provincia. Y en el medio, una juntada electoral con más brasas.
A la memoria de Eugenio Talbot.
Siempre impertinente. Nunca pertinente.
Juan Schiaretti fue muy mencionado en la semana saliente, a partir de los comentarios sobre un asado realizado el miércoles a la noche. Fue en el interior de una casa que pertenece a Juan Manuel Urtubey (ex gobernador de Salta). Estuvieron presentes Gerardo Morales (gobernador de Jujuy), Rogelio Frigerio (posible futuro gobernador de Entre Ríos), Florencio Randazzo, Graciela Camaño, Emilio Monzó y el intendente de Rosario Pablo Javkin. Negaron que la juntada tuviera un interés electoral (sé, claro), pero lo que sí resaltaron es en la necesidad de reflotar una “tercera alternativa” que se aleje de “la grieta”, explicada por el hecho que el “debate está concentrado en el AMBA”. Curiosa acotación: la juntada se hizo en San Isidro, en el AMBA. Varios periodistas, dentro y fuera del AMBA, ven con mucha expectativa esa posible propuesta vacuna.
Pero mientras el gobernador cordobés planifica su rol de cara a 2023 de sus fronteras para afuera, fronteras adentro también se hace salpicar las chispas de las brasas, pero no tanto como para que le lleguen a los comentaristas mediáticos. Así lo advierte lo ocurrido el viernes pasado, a la vera de la ruta provincial número 5, donde se realizó un operativo de desalojo a un acampe en protesta contra el avance de la autovía como alternativa a ese paso vial. Se trata de un proyecto vial cuestionado por las implicancias de desmonte sobre bosque nativo y las posibles alteraciones de los cursos de agua.
Según la información que recabó La Luna con Gatillo, la represión ocurrió pasadas las 16:30 horas., con alrededor de 50 uniformados de la Policía de Córdoba, Infantería y del grupo de especiales ETER. La magnitud del operativo llegó un punto tal que esa última fuerza, que figura en la foto de portada, habría superado en número de quienes estaban acampando. Mediante el uso de la fuerza, con gases lacrimógenos y bastones a mano, los uniformados llevaron a cabo el desalojo para dar paso a la topadora, al mando de la constructora Paolini Hnos. “Me arrastraron por la fuerza, tirándome de los pelos”, comentó una de las activistas al presente cronista, mientras se encontraba alojada en un hospital. El saldo fueron dos jóvenes detenidos que, según se pudo recabar, fueron aprendidos por comentarios verbales a los agentes. Pasada a las 23hs., fueron liberados en la Comisaría de Alta Gracia, a veinte kilómetros de lo ocurrido.
Paolini Hnos. es una de las principales ganadoras de las distintas secciones licitadas de la autovía. Sus dueños son, a la vez, poseedores de los activos de una firma llamada Minerar SA, que brinda servicios de todo tipo a emprendimientos mineros a cielo abierto en las provincias que habilitan estos proyectos. Minerar SA fue una de las empresas que más aporte dio a la campaña a gobernador de Schiaretti en 2019, lo cual supone una triangulación entre los fondos públicos aportados a la constructora y el financiamiento de las campañas.
Uno de los proyectos que trabajaron los Paolini fue en el yacimiento Bajo La Alumbrera, la primera mina explotada bajo modalidad a cielo abierto, y que en esa misma zona se encuentra la reserva Agua Rica, donde las mismas firmas multinacionales pretenden explotarla bajo el nombre de proyecto MARA. Al igual que en Paravachasca, también hay un acampe al pie del cerro, en la localidad de Choya, departamento de Andalgalá, para frenar las obras de ese emprendimiento.
En la actualidad, también se encuentra vigente un acampe contra la Autovía de Punilla, donde todo indica que la empresa ganadora será Chediack, la misma que se encargo de los pasos viales en los costados del puente sobre el lago San Roque, construido por Astori. Se estimaría que la adjudicación y las obras comenzarían, aproximadamente, un mes. Eso quiere decir que se pronosticaría de acá a mediados del año un panorama caldeado, donde la cuestión de las dos autovías están concentrando la tensión socioambiental de la provincia. La instalación con carpas en esa comuna cuenta con el apoyo de distintas comunidades indígenas de la provincia. Eso es un punto en contra para la gestión, ya que quienes hicieron los estudios ambientales del proyecto reconocen que no avanzaron en la consulta previa como lo establecen las normas nacionales e internacionales.
Entrada para el acampe en San Roque.
Pero el Gobierno de Córdoba ya empezó a “salir a la cancha”, como dice el colega Juan Leyes. Según él, no fue casual que ese mismo viernes a la tarde, en paralelo a la represión en Paravachasca, la administración provincial anunció la incorporación de un nuevo helicóptero para combatir los incendios venideros. Esa noticia la publicó en La Voz del Interior, el mismo medio donde trabaja Leyes.
A toda costa
Pero no solo para mediados de este año se tomará tomando nota de lo que ocurra con el tema de las autovías. Porque también se hará en el mes octubre, ya que se realizará un inédito juicio contra un importante funcionario de Schiaretti. Se trata de Raúl Costa, que si bien no es alguien de mucha exposición mediática, aunque sí es muy conocido como uno de los cabezas del PJ en Villa María, viene ocupado distintos cargos en la provincia. Últimamente, venía teniendo apariciones en algunos medios del interior, opinando sobre los juegos de apuestas clandestinas, desde su rol como vicepresidente de la Lotería de Córdoba, en el cual sostenía que en la misma circulaba dinero espurio.
Ahora, será recordado como el primer ex secretario de ambiente enjuiciado de la provincia. Se lo acusa de haber avalado distintos emprendimientos en la localidad de San Antonio de Arredondo, al sur del Valle de Punilla, que implicaron desmontes de bosque nativo, prohibidos por la ley de ordenamiento territorial o ley de bosques. El juicio será presencial y con jurado popular.
Foto de archivo de Schiaretti y Costa, casi concretando el beso de las topadoras.
Una buena manera para conocerle la cara a Costa es el siguiente spot electoral del año 2009. Allí, hace un itinerario del vocabulario cordobesista que continúa hasta hoy: kirchnerismo, coparticipación, retenciones, “el campo” y “defender a Córdoba”. Ah, y también para criticar la corrupción en la obra pública.
La denuncia contra Costa fue presentada en octubre de 2012, por parte de la ONG Amigos en Defensa del Río San Antonio (ADARSA) por abuso de autoridad, al que también incluyeron a una segunda autoridad, que fue Luis Bocco. “Lamentablemente, los desmontes todavía no son un delito penal. Pero sí podíamos perseguir la conducta penal del funcionario que autoriza, en violación de la normativa vigente, este tipo de emprendimientos. Se razonó de ese modo”, señala la abogada Marcela Fernández, a cargo de esos trámites en nombre de la organización vecinal.
Los proyectos en discordia fueron tres: una planta transformadora de energía eléctrica de la empresa estatal EPEC y dos emprendimientos inmobiliarios llamados El Dorado II y El Gran Dorado (ex El Dorado III), ambas de la empresa desarrollista GAMA S.A. Costa fue secretario de ambiente entre octubre de 2008 y diciembre de 2011, mientras que Bocco lo ejerció hasta diciembre de 2013. El primero fue quien habilitó El Dorado II y la planta de EPEC, mientras que el segundo fue por El Gran Dorado.
El Dorado II funciona en la actualidad, pero El Gran Dorado fue frenado por los mismos vecinxs, a partir de una causa paralela donde una jueza ordenó que se realizara una audiencia pública en 2017 para debatir el proyecto. Por las críticas acumuladas en aquella actividad que duró dos días, se resolvió no solo frenar el emprendimiento, sino que además la empresa debía remediar los daños ocasionados en la cobertura vegetal al apurarse con sus obras.
Foto de archivo de la audiencia que puso freno al tercer emprendimiento de GAMA. Ph: ECOS Córdoba.
Bocco murió en 2019, lo cual llevó a que la causa se centrara en Costa. En agosto de 2021, se anunció la citación a juicio y, ahora, se estipuló que las audiencias serán en los días 11, 12, 13, 14 y 17 de octubre.
Por otra parte, Costa tiene otra causa muy similar y con la misma caratula. Se trata del “caso Candonga”, donde se avaló un emprendimiento impulsada por la empresa Ticupil SA en las Sierras Chicas, que implicó también el avance de desmonte sobre bosque nativo. Además de la autoridad ambiental, también están imputados otros dos funcionarios de menor rango, Abel Anuzis y Jorge Ferrari, que fueron los que firmaron los dictámenes técnicos para aportarle argumentos a Costa a la hora de fundamentar su aval al loteo privado.
Según actualizó el abogado Juan Smith, impulsor de la denuncia junto con las asambleas serranas de la región, “la Cámara de Acusación de la provincia de Córdoba resolvió dar un ‘pasito para atrás’ con la investigación”, llevada adelante por el fiscal Matías Bornancini, del fuero en lo penal y lo económico, conocido también como “fiscalía anti-corrupción”, tema que le gustaba hablar a Costa.
“Ese fiscal elevó la causa a juicio. Pero cuando llega a la Cámara, los abogados de Costa se opusieron y se resolvió que vuelva el expediente a la fiscalía para que investigue, de la mejor manera y más profundamente, la convivencia entre los funcionarios. Ni sobresee, ni saca la imputación”, aclara el letrado. “A mí lo que me llama la atención es que siga siendo funcionario, con una causa elevada a juicio, con dos imputaciones y bancado por la guita de todos los cordobeses. Es una barbaridad. Él ya debería estar en su casa, bancando las defensas por su ilegalidad con su propio dinero, no con el dinero de nosotrxs”, señala Smith a La Luna con Gatillo, mientras consultaba desde los pasillos judiciales el avance de la causa.
Volviendo a San Antonio de Arredondo, la abogada de ADARSA, Marcela Fernández, expuso mucha expectativa al venidero juicio en octubre: “Significa una esperanza para quienes luchamos por una mejor calidad de vida, por un ambiente sano que prevé la Constitución. Nos alienta a seguir denunciando a los funcionarios, que aprueban proyectos ilegales, llámese privados o públicos como son las autovías. De una vez por todas se deben asumir las consecuencias como responsables máximos de estos cargos. Y que lo paguen, que se sienten en el banquillo de los acusados y que se lo señalen como responsables de este desastre ambiental”.
No todo lo que brilla
El 28 de diciembre de 2016, fue el fiscal Hugo Amayusco fue quien había ordenado la imputación contra Raúl Costa y pedir que se lleve a cabo el juicio. Casualmente, fue la misma fecha que se realizó una movilización masiva en la capital cordobesa que puso un freno a la reforma de la ley de bosques.
En aquella resolución judicial, en el apartado final de las “Consideraciones finales”, se incluye el siguiente párrafo que adquiere cierta actualidad:
Las calles, el palacio y la policía
Son de las 2 de la madrugada del día sábado. El acampe de Paravachasca dejó de existir hace ya diez horas. En ese mismo terreno, mientras las máquinas descansan, solo queda un patrullero custodiando la zona. Dos uniformados permanecen adentro del vehículo, sin más que otra compañía que la oscuridad, el silencio y el frío.
Revisando sus celulares, en algún momento se habrán topado con alguna nota periodística referida al asado de Schiaretti. El contenido del mismo especularía si generaría algún cambio o no en el panorama electoral de cara al próximo año. Nadie lo sabe. Ni los dos policías. Solo aguardan a esperar la noche.
Fuente: www.lalunacongatillo.com